Señoras y señores:
La libertad de expresión se encuentra amenazada en diversos ámbitos de la vida nacional. Periodistas, empresarios, gobernadores, alcaldes, legisladores, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos de todas las tendencias han sido víctimas de embates desde el poder cuando emiten opiniones diferentes. Esa ofensiva de intolerancia ha llegado a mi hogar político, Acción Nacional.
El día de ayer la cúpula de mi partido validó una decisión tomada en Los Pinos e intentará expulsarme del partido. Se turnó a mi estado adoptivo, Sonora, el proceso a través del cual se buscará despojarme de una militancia de 33 años al servicio de México desde las filas del PAN.
En reiteradas ocasiones he dicho que seguiré siendo panista independientemente de que mi nombre esté inscrito o no en el padrón de militantes. El panismo se lleva en el corazón, no en una credencial; se demuestra con congruencia en los hechos, no en el discurso; también se valida con los actos cotidianos, no se recibe como una herencia monárquica.
Sin embargo, defenderé mi militancia no por sí misma, ni por mi persona. Defenderé mi condición de panista porque no puedo permitir que se expulse de Acción Nacional a un militante tan sólo por expresar opiniones, llamar al debate y hacer críticas. Los panistas estaríamos negando la propia historia si restringiéramos la libertad de expresión en nuestra casa. No debo permitir que el poder imponga la mordaza azul, pues con ello abriríamos la puerta para que en otras instituciones de la sociedad mexicana comenzara a hacerse lo mismo.
Si se niega a un ex presidente nacional el derecho a hablar con libertad, ningún militante podrá estar seguro al expresar una crítica. Sobre la discusión, el debate y el libre intercambio de ideas, pesará la amenaza de expulsión a cualquiera, como una espada de Damocles.
No defender mis derechos sería tanto como validar las purgas internas, la cacería de brujas y la imposición del pensamiento único. Además, mandaría el mensaje de que es aceptable que un panista sea expulsado por mostrar su desacuerdo.
Condeno la campaña de desinformación que en las anteriores semanas intentó posicionar la idea de que yo sería expulsado ayer. Como se demostró, era imposible expulsarme este martes. Sin embargo, se incentivó ese rumor para golpearme políticamente, manipular a la opinión pública y los sentimientos de los militantes.
Hay que recordar que coartar la libertad de expresión no sólo consiste en imponer silencio. Por el contrario, la forma más perversa de limitarla es acallar la verdad con el estruendo de la desinformación. Hago un llamado a nuestra dirigencia para que cese en el uso de estas aviesas tácticas de propaganda negra.
Por todo lo anterior, anuncio que haré valer mis derechos y me defenderé con base en los Estatutos de Acción Nacional y en las leyes de nuestra República. Espero salir airoso de esta batalla, para dejar asentado que Acción Nacional sigue siendo un espacio de diálogo y libertades. Espero, también, que los panistas brindemos a México entero un vivo testimonio de nuestro apego a la libertad de expresión, esencia de nuestra vida democrática.
Fraternalmente,
Manuel Espino
miércoles, 18 de agosto de 2010
miércoles, 16 de junio de 2010
Cananea y la ausencia de ética política
Cananea ejemplifica de manera nítida cómo la falta de ética política se interpone en el camino de la prosperidad y la paz de los pueblos. Esta noble región nos impele a cuestionarnos cómo es que incluso contando con una riqueza minera de las mayores no sólo de México sino del mundo, las diferencias políticas impiden aprovechar valiosos recursos que están prácticamente al alcance de la mano.
Recientemente el alcalde Reginaldo Moreno García declaró que “el ayuntamiento no tiene ni para comprar una escoba” y que muchos cananenses se han visto obligados a emigrar a las ciudades norteamericanas de Tucson y Sierra Vista, así como a la capital sonorense, Hermosillo, en la búsqueda de oportunidades de crecimiento económico. Si la abundancia natural no es razón suficiente para que un ciudadano permanezca en su tierra y obtenga los servicios públicos y las oportunidades que merece, la responsabilidad no puede ser más que de las cúpulas sindicales y gubernamentales.
Se estima que los paros en diversas minas han costado alrededor de 3 mil 200 millones de dólares, lo cual resulta especialmente grave en el contexto de crisis internacional en el que está inmerso México. Qué lamentable situación: ni para recoger tesoros podemos ponernos de acuerdo.
Excesos en la persecución de derechos
Durante décadas el “sistema” consintió y propició que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana se fuera alejando de sus fines válidos. La legítima defensa de los derechos de los trabajadores pasó a un segundo plano ante la búsqueda de poder político y económico por parte de los líderes sindicales.
Para saber qué tan demócrata ha sido este sindicato basta saber que por más de cuatro décadas ha estado bajo el control de dos hombres, padre e hijo. Estos napoleones se distinguen por haberse formado en las peores artes del sindicalismo charro, una de las más oscuras construcciones del Partido Revolucionario Institucional.
Napoleón padre llegó a ser senador, obviamente por el PRI, y dedicó cuarenta años de su vida a amasar una gran fortuna personal y a bloquear todo intento de democratizar el sindicato.
Como si de un príncipe medieval se tratara, Napoleón hijo heredó el trono y prontamente evidenció que consideraba al sindicato su patrimonio personal, pues sus malos manejos de los dineros propiedad de los trabajadores son el sustrato de la aguda crisis que hoy padece Cananea.
Sin embargo, debo señalar que aun cuando evidentemente Napoleón junior es el principal responsable, sus acciones no se dieron en el vacío: son el resultado de una perversión política que hizo de los sindicatos herramientas del poder y los partidizó, volviéndolos medios y no fines, piezas del partido en el gobierno y no expresiones de la dignidad de los trabajadores.
De la misma manera en la que el sistema PRI-Gobierno confundió sus fines con los de los sindicatos, Napoleón segundo enredó la defensa jurídica de su persona con los derechos de los trabajadores a los que lidera.
Analizar la situación de Cananea es avanzar por un campo minado, pues la complejidad de la situación que padece el pueblo de esta amada comunidad sonorense es tan profunda como extensa, definida por factores no sólo contemporáneos, sino también históricos. Además, las responsabilidades y las culpas son compartidas por autoridades y líderes sindicalistas por igual, haciendo imposible emitir juicios categóricos.
Si bien “la toma de Cananea” refleja la incapacidad de generar acuerdos y destrabar conflictos por medios políticos y no a través de la violencia, también es cierto que esta acción responde a decisiones concatenadas de los poderes Judicial y Legislativo. Además, el grupo industrial Minera México se plegó desde un primer momento a las peticiones de seguridad e higiene planteadas por el sindicato, mientras que éste prolongó durante tres años el conflicto utilizando a los tribunales, con lo cual incurrió en excesos durante la persecución de derechos legítimos.
Revolución sindicalista
Cuando no se desvirtúa su naturaleza, el trabajo contribuye a unir a los hombres de manera solidaria y comprometida. También puede otorgar forma y estructura a la sociedad, determinando sus relaciones con el Estado. Unas relaciones laborales justas prefiguran –o desfiguran– un sistema de comunidad política apto para favorecer el desarrollo integral de la persona humana, sin que ésta sufra mengua en su dignidad.
Hoy vemos las consecuencias de disminuir la dimensión humana del trabajo a la sola obtención de bienes materiales, de inmiscuir a los partidos en instituciones sociales laborales que deben ser independientes y de bloquear la capacidad productiva de un pueblo para chantajear al gobierno.
En los próximos meses, conforme se vaya contratando nuevo personal para explotar las riquezas de Cananea, habrá de formarse otro sindicato. Esperemos que estas lecciones no sean olvidadas en su institución, haciéndolo ejemplo genuino espíritu sindicalista, así como una decidida apuesta por la libertad de los trabajadores, esa que se soslaya cuando se les concibe como seres sin capacidad de decisión.
La formación de este nuevo sindicato presenta una oportunidad histórica, pues así como se combatió en 1906 a la Cananea Consolidated Copper Company, hoy es necesario combatir al charrismo. Este sería un hecho digno de la insigne estirpe de los mineros y el nacimiento de una segunda revolución en Cananea, pero esta vez pacífica, de dignidad humana e independencia.
Recientemente el alcalde Reginaldo Moreno García declaró que “el ayuntamiento no tiene ni para comprar una escoba” y que muchos cananenses se han visto obligados a emigrar a las ciudades norteamericanas de Tucson y Sierra Vista, así como a la capital sonorense, Hermosillo, en la búsqueda de oportunidades de crecimiento económico. Si la abundancia natural no es razón suficiente para que un ciudadano permanezca en su tierra y obtenga los servicios públicos y las oportunidades que merece, la responsabilidad no puede ser más que de las cúpulas sindicales y gubernamentales.
Se estima que los paros en diversas minas han costado alrededor de 3 mil 200 millones de dólares, lo cual resulta especialmente grave en el contexto de crisis internacional en el que está inmerso México. Qué lamentable situación: ni para recoger tesoros podemos ponernos de acuerdo.
Excesos en la persecución de derechos
Durante décadas el “sistema” consintió y propició que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana se fuera alejando de sus fines válidos. La legítima defensa de los derechos de los trabajadores pasó a un segundo plano ante la búsqueda de poder político y económico por parte de los líderes sindicales.
Para saber qué tan demócrata ha sido este sindicato basta saber que por más de cuatro décadas ha estado bajo el control de dos hombres, padre e hijo. Estos napoleones se distinguen por haberse formado en las peores artes del sindicalismo charro, una de las más oscuras construcciones del Partido Revolucionario Institucional.
Napoleón padre llegó a ser senador, obviamente por el PRI, y dedicó cuarenta años de su vida a amasar una gran fortuna personal y a bloquear todo intento de democratizar el sindicato.
Como si de un príncipe medieval se tratara, Napoleón hijo heredó el trono y prontamente evidenció que consideraba al sindicato su patrimonio personal, pues sus malos manejos de los dineros propiedad de los trabajadores son el sustrato de la aguda crisis que hoy padece Cananea.
Sin embargo, debo señalar que aun cuando evidentemente Napoleón junior es el principal responsable, sus acciones no se dieron en el vacío: son el resultado de una perversión política que hizo de los sindicatos herramientas del poder y los partidizó, volviéndolos medios y no fines, piezas del partido en el gobierno y no expresiones de la dignidad de los trabajadores.
De la misma manera en la que el sistema PRI-Gobierno confundió sus fines con los de los sindicatos, Napoleón segundo enredó la defensa jurídica de su persona con los derechos de los trabajadores a los que lidera.
Analizar la situación de Cananea es avanzar por un campo minado, pues la complejidad de la situación que padece el pueblo de esta amada comunidad sonorense es tan profunda como extensa, definida por factores no sólo contemporáneos, sino también históricos. Además, las responsabilidades y las culpas son compartidas por autoridades y líderes sindicalistas por igual, haciendo imposible emitir juicios categóricos.
Si bien “la toma de Cananea” refleja la incapacidad de generar acuerdos y destrabar conflictos por medios políticos y no a través de la violencia, también es cierto que esta acción responde a decisiones concatenadas de los poderes Judicial y Legislativo. Además, el grupo industrial Minera México se plegó desde un primer momento a las peticiones de seguridad e higiene planteadas por el sindicato, mientras que éste prolongó durante tres años el conflicto utilizando a los tribunales, con lo cual incurrió en excesos durante la persecución de derechos legítimos.
Revolución sindicalista
Cuando no se desvirtúa su naturaleza, el trabajo contribuye a unir a los hombres de manera solidaria y comprometida. También puede otorgar forma y estructura a la sociedad, determinando sus relaciones con el Estado. Unas relaciones laborales justas prefiguran –o desfiguran– un sistema de comunidad política apto para favorecer el desarrollo integral de la persona humana, sin que ésta sufra mengua en su dignidad.
Hoy vemos las consecuencias de disminuir la dimensión humana del trabajo a la sola obtención de bienes materiales, de inmiscuir a los partidos en instituciones sociales laborales que deben ser independientes y de bloquear la capacidad productiva de un pueblo para chantajear al gobierno.
En los próximos meses, conforme se vaya contratando nuevo personal para explotar las riquezas de Cananea, habrá de formarse otro sindicato. Esperemos que estas lecciones no sean olvidadas en su institución, haciéndolo ejemplo genuino espíritu sindicalista, así como una decidida apuesta por la libertad de los trabajadores, esa que se soslaya cuando se les concibe como seres sin capacidad de decisión.
La formación de este nuevo sindicato presenta una oportunidad histórica, pues así como se combatió en 1906 a la Cananea Consolidated Copper Company, hoy es necesario combatir al charrismo. Este sería un hecho digno de la insigne estirpe de los mineros y el nacimiento de una segunda revolución en Cananea, pero esta vez pacífica, de dignidad humana e independencia.
Jóvenes: Ninis o esperanza presente
Triste época para los niños y los jóvenes mexicanos, que inauguran sus vidas caminando hacia horizontes de violencia, de desempleo, de una desoladora ausencia de esperanza provocada por la falta de oportunidades en todos los ámbitos. Ya sea para estudiar, ejercer una profesión, o simplemente vivir con dignidad. Oportunidades, en fin, de creer en sí mismos y de sentir orgullo por México.
Recientemente la diputada Teresa Incháustegui dio a conocer que en la guerra contra el crimen organizado han fallecido 4 mil jóvenes y niños; a ellos se suman otros 3 mil 700 que han quedado huérfanos de uno o ambos progenitores.
Cada año, 300 mil jóvenes son rechazados por instituciones de educación superior en el país. Quienes logran ingresar a una universidad y terminar una carrera, al graduarse descubren que su título muy poco significa en un país con 2 millones y medio de desempleados.
En el estudio “Hacer lo mejor por los niños”, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México fue el segundo país con peores condiciones de vida para la infancia.
Por un lado, señala la OCDE, nuestros niños padecen una educación deficiente y desatención sanitaria; por otro, situaciones de alto riesgo como exposición al tabaquismo, el alcoholismo y los embarazos de adolescentes. De los países analizados en dicho estudio solo Turquía tiene mas niños pobres que nuestra República.
Este paisaje social desolador nos lleva a una cifra final, como lógica consecuencia: José Narro Robles, rector de la máxima casa de estudios mexicana, afirma que en nuestro país hay siete millones de los llamados “Ninis”, jóvenes que ante la falta de oportunidades en lo económico y en lo académico, “ni estudian, ni trabajan”, corriendo los gravísimos riesgos de jamás ver realizadas sus potencialidades humanas y realizadas sus vidas, así como de ser reclutados por el crimen organizado.
Ni participo, ni me interesa
Para estos millones de jóvenes, México es una promesa no cumplida. Por ello, a nadie debe extrañar el nacimiento de otros ninis, ya no en lo laboral y en lo educativo, sino en lo cívico y lo político. Cada vez hay más jóvenes que ante la vida pública sólo responden –unos con indiferencia, otros con decepción– “ni participo, ni me interesa”.
Incluso jóvenes de familias con posibilidades económicas, universitarios y profesionistas, han sido invadidos por la apatía y prácticamente han renunciado a ser ciudadanos. Se conforman con la mínima condición de habitantes que existen y ocupan un lugar en la masa humana, pero no en la comunidad.
Ello se debe, en mucho, a que la actual generación de dirigentes políticos no hemos sido capaces de dar un testimonio colectivo de congruencia y sentido de la responsabilidad que transmite principios y valores. La deshonestidad de muchos ha castrado el entusiasmo de las nuevas generaciones y puede provocar que en un futuro próximo no haya jóvenes con vocación política ni deseosos de servir a su país desde el Estado.
Como miembro de esa generación de mujeres y hombres públicos, asumo que tenemos la responsabilidad de represtigiar la política como paso primordial para regresar a los jóvenes la esperanza, la capacidad de creer en su país, el ánimo de ser nuevamente personas cívicas.
Romper el círculo vicioso de la apatía, el abstencionismo y la falta de participación juveniles debe ser la principal prioridad de la llamada clase política. Es impostergable liberar sus enormes energías creativas, para que participen en la impostergable tarea de reorientar el rumbo de la nación. También capitalizar al máximo sus talentos contenidos y estimular la capacidad realizadora de sus mentes.
Nos urge politizar –que no partidizar– a nuestros jóvenes y creer en ellos asignándoles un lugar preponderante en la toma de decisiones. También conferirles la misión de ser esperanza presente. Volver a entusiasmarlos con la idea de que su participación cívica vale, pesa, define, resuelve y construye. No se trata de dejar un mejor México a nuestra juventud, sino una mejor juventud a nuestro México, porque los jóvenes no son el problema, son la solución. Con su fuerza México puede volver a empezar.
Recientemente la diputada Teresa Incháustegui dio a conocer que en la guerra contra el crimen organizado han fallecido 4 mil jóvenes y niños; a ellos se suman otros 3 mil 700 que han quedado huérfanos de uno o ambos progenitores.
Cada año, 300 mil jóvenes son rechazados por instituciones de educación superior en el país. Quienes logran ingresar a una universidad y terminar una carrera, al graduarse descubren que su título muy poco significa en un país con 2 millones y medio de desempleados.
En el estudio “Hacer lo mejor por los niños”, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México fue el segundo país con peores condiciones de vida para la infancia.
Por un lado, señala la OCDE, nuestros niños padecen una educación deficiente y desatención sanitaria; por otro, situaciones de alto riesgo como exposición al tabaquismo, el alcoholismo y los embarazos de adolescentes. De los países analizados en dicho estudio solo Turquía tiene mas niños pobres que nuestra República.
Este paisaje social desolador nos lleva a una cifra final, como lógica consecuencia: José Narro Robles, rector de la máxima casa de estudios mexicana, afirma que en nuestro país hay siete millones de los llamados “Ninis”, jóvenes que ante la falta de oportunidades en lo económico y en lo académico, “ni estudian, ni trabajan”, corriendo los gravísimos riesgos de jamás ver realizadas sus potencialidades humanas y realizadas sus vidas, así como de ser reclutados por el crimen organizado.
Ni participo, ni me interesa
Para estos millones de jóvenes, México es una promesa no cumplida. Por ello, a nadie debe extrañar el nacimiento de otros ninis, ya no en lo laboral y en lo educativo, sino en lo cívico y lo político. Cada vez hay más jóvenes que ante la vida pública sólo responden –unos con indiferencia, otros con decepción– “ni participo, ni me interesa”.
Incluso jóvenes de familias con posibilidades económicas, universitarios y profesionistas, han sido invadidos por la apatía y prácticamente han renunciado a ser ciudadanos. Se conforman con la mínima condición de habitantes que existen y ocupan un lugar en la masa humana, pero no en la comunidad.
Ello se debe, en mucho, a que la actual generación de dirigentes políticos no hemos sido capaces de dar un testimonio colectivo de congruencia y sentido de la responsabilidad que transmite principios y valores. La deshonestidad de muchos ha castrado el entusiasmo de las nuevas generaciones y puede provocar que en un futuro próximo no haya jóvenes con vocación política ni deseosos de servir a su país desde el Estado.
Como miembro de esa generación de mujeres y hombres públicos, asumo que tenemos la responsabilidad de represtigiar la política como paso primordial para regresar a los jóvenes la esperanza, la capacidad de creer en su país, el ánimo de ser nuevamente personas cívicas.
Romper el círculo vicioso de la apatía, el abstencionismo y la falta de participación juveniles debe ser la principal prioridad de la llamada clase política. Es impostergable liberar sus enormes energías creativas, para que participen en la impostergable tarea de reorientar el rumbo de la nación. También capitalizar al máximo sus talentos contenidos y estimular la capacidad realizadora de sus mentes.
Nos urge politizar –que no partidizar– a nuestros jóvenes y creer en ellos asignándoles un lugar preponderante en la toma de decisiones. También conferirles la misión de ser esperanza presente. Volver a entusiasmarlos con la idea de que su participación cívica vale, pesa, define, resuelve y construye. No se trata de dejar un mejor México a nuestra juventud, sino una mejor juventud a nuestro México, porque los jóvenes no son el problema, son la solución. Con su fuerza México puede volver a empezar.
Guardería ABC: sólo la justicia dará resignación
En La Paz se lanzaron al mar 49 esferas de papel iluminadas por veladoras. En la Ciudad de México se celebró una vigilia en el Ángel de la Independencia. Globos blancos se elevaron al cielo desde Ciudad Juárez, Tepic, Veracruz, Irapuato, Pachuca, Guasave, Matamoros, Nogales, Bahía de Kino, Cajeme, Querétaro y comunidades indígenas de Santiago Apoala.
Según el Movimiento 5 de Junio, aproximadamente 40 ciudades de más de 20 entidades federativas se sumaron a las expresiones de luto e indignación de todo México. Se celebraron conciertos, presentaciones de libros, marchas, mítines y actos religiosos de las más diversas denominaciones, unidos por la misma fe. Periódicos, radios y televisoras hicieron eco a la voz de los padres de las niñas y niños fallecidos y lesionados hace ya un año. Este es el corazón de México, que llora y se duele por una tragedia que jamás será olvidada.
Un gobierno alejado de su pueblo
Tales muestras de humanidad —espontáneas, libres, plenas de solidaridad— han mostrado la hermandad de los mexicanos y, desgraciadamente, han contrastado con la impasibilidad de las autoridades que se pusieron a trabajar justo cuando la trágica efeméride era inminente, politizando el acceso a la justicia o medrando con la tragedia.
“La manera en la que juega el presidente no es jugar limpio, de ninguna manera es jugar limpio”, afirmó Abraham Fraijo, padre de la menor Emilia, fallecida en la guardería, y miembro del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio. Estas palabras, dolidas y sinceras, se dijeron frente a Los Pinos mientras Felipe Calderón celebraba adentro una reunión con algunos de los padres de los niños fallecidos y lesionados hace un año.
Esta reunión simboliza y sintetiza la actitud que ha tenido el gobierno federal frente a la tragedia: el encuentro no fue público, sino que se celebró a puerta cerrada; algunos padres fueron excluidos, pues la invitación no fue generalizada. Además, para algunos ciudadanos fue especialmente agraviante que el Presidente no mostrara la sensibilidad y la disponibilidad de viajar a Hermosillo.
Con un tono de indignación, Patricia Duarte Franco, madre del fallecido pequeño Andrés Alonso, afirmó que el Presidente “quiere limpiar su imagen y dar un mensaje a la sociedad mexicana de que está atendiendo el caso de la Guardería ABC, lo que no es cierto porque nunca tuvo las ganas de hacerlo desde un principio. ¡Qué casualidad de que a tres días el primer aniversario nos llama a todos los padres! No estoy dispuesta a servirle de servilleta a este señor, para que limpie su imagen ante la gente, porque le perjudica mucho que se diga que a un año no se ha dignado a atender a los padres. No voy porque no tiene interés ni voluntad de arreglar esto y no lo va a hacer a un año. Esto se va a resolver en tribunales y no me voy a prestar a su juego”.
“Queremos justicia, no la foto”, agregó Julio César Márquez Ortiz, padre de Yeyé, quien también pereció en el incendio. “Tenemos 11 meses pidiendo una reunión con el Presidente. Ha habido más de 15 marchas, una huelga de hambre, solicitudes formales, una carta entregada directamente a Fernando Gómez-Mont y jamás ha habido respuesta. Muy casualmente antes del primer año es cuando decide invitarnos. Lo más doloroso es que sea tan oportunista la convocatoria, a tres días del aniversario. Eso duele muchísimo.”
Este manejo de los tiempos tan sesgado y, como dijo el señor Márquez, oportunista, no es privativo del poder Ejecutivo. El poder Judicial mostró exactamente la misma sincronización: a pocos días del aniversario de la tragedia la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio señales de estar trabajando y señaló probables responsables. Los ministros han demostrado que aun cuando la justicia sea ciega, en México tiene muy claros los calendarios políticos.
Respetar el dolor
No hay manera de comprender o justificar actitudes así de insensibles. Con tristeza veo que ni siquiera una tragedia de estas dantescas magnitudes basta para ablandar el corazón de algunos gobernantes, para llamarlos a trabajar con entrega, con transparencia y sin cálculos políticos. Demuestran no sólo dónde están sus intereses, sino también dónde está su corazón. Y ciertamente no están con su pueblo ni esas familias hermosillenses.
Como político pero también como padre, creo que lo mejor que las autoridades pueden hacer es dejar para otros espacios el lucimiento, la búsqueda del reflector y el provecho personal. Es por ello que nunca he accedido a dar entrevistas sobre este tema y sólo una vez lo toqué, para pedir que no se politizara ni se utilizara como bandera electoral.
También creo que cuando las autoridades dejen de lado los cálculos y simplemente se dediquen a su trabajo se acelerarán las investigaciones y las conclusiones del caso. Lamentablemente, en la guardería ABC la política ha entorpecido el camino de la justicia.
Ya no se trata de que un gobernante o un juez se vean bien o mal ante la opinión pública. No se trata de puntos en encuestas, de imagen o de ganancias políticas. Se trata, sencillamente, de dar a esas familias hermosillenses la paz y la resignación que únicamente pueden nacer de la justicia.
Según el Movimiento 5 de Junio, aproximadamente 40 ciudades de más de 20 entidades federativas se sumaron a las expresiones de luto e indignación de todo México. Se celebraron conciertos, presentaciones de libros, marchas, mítines y actos religiosos de las más diversas denominaciones, unidos por la misma fe. Periódicos, radios y televisoras hicieron eco a la voz de los padres de las niñas y niños fallecidos y lesionados hace ya un año. Este es el corazón de México, que llora y se duele por una tragedia que jamás será olvidada.
Un gobierno alejado de su pueblo
Tales muestras de humanidad —espontáneas, libres, plenas de solidaridad— han mostrado la hermandad de los mexicanos y, desgraciadamente, han contrastado con la impasibilidad de las autoridades que se pusieron a trabajar justo cuando la trágica efeméride era inminente, politizando el acceso a la justicia o medrando con la tragedia.
“La manera en la que juega el presidente no es jugar limpio, de ninguna manera es jugar limpio”, afirmó Abraham Fraijo, padre de la menor Emilia, fallecida en la guardería, y miembro del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio. Estas palabras, dolidas y sinceras, se dijeron frente a Los Pinos mientras Felipe Calderón celebraba adentro una reunión con algunos de los padres de los niños fallecidos y lesionados hace un año.
Esta reunión simboliza y sintetiza la actitud que ha tenido el gobierno federal frente a la tragedia: el encuentro no fue público, sino que se celebró a puerta cerrada; algunos padres fueron excluidos, pues la invitación no fue generalizada. Además, para algunos ciudadanos fue especialmente agraviante que el Presidente no mostrara la sensibilidad y la disponibilidad de viajar a Hermosillo.
Con un tono de indignación, Patricia Duarte Franco, madre del fallecido pequeño Andrés Alonso, afirmó que el Presidente “quiere limpiar su imagen y dar un mensaje a la sociedad mexicana de que está atendiendo el caso de la Guardería ABC, lo que no es cierto porque nunca tuvo las ganas de hacerlo desde un principio. ¡Qué casualidad de que a tres días el primer aniversario nos llama a todos los padres! No estoy dispuesta a servirle de servilleta a este señor, para que limpie su imagen ante la gente, porque le perjudica mucho que se diga que a un año no se ha dignado a atender a los padres. No voy porque no tiene interés ni voluntad de arreglar esto y no lo va a hacer a un año. Esto se va a resolver en tribunales y no me voy a prestar a su juego”.
“Queremos justicia, no la foto”, agregó Julio César Márquez Ortiz, padre de Yeyé, quien también pereció en el incendio. “Tenemos 11 meses pidiendo una reunión con el Presidente. Ha habido más de 15 marchas, una huelga de hambre, solicitudes formales, una carta entregada directamente a Fernando Gómez-Mont y jamás ha habido respuesta. Muy casualmente antes del primer año es cuando decide invitarnos. Lo más doloroso es que sea tan oportunista la convocatoria, a tres días del aniversario. Eso duele muchísimo.”
Este manejo de los tiempos tan sesgado y, como dijo el señor Márquez, oportunista, no es privativo del poder Ejecutivo. El poder Judicial mostró exactamente la misma sincronización: a pocos días del aniversario de la tragedia la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio señales de estar trabajando y señaló probables responsables. Los ministros han demostrado que aun cuando la justicia sea ciega, en México tiene muy claros los calendarios políticos.
Respetar el dolor
No hay manera de comprender o justificar actitudes así de insensibles. Con tristeza veo que ni siquiera una tragedia de estas dantescas magnitudes basta para ablandar el corazón de algunos gobernantes, para llamarlos a trabajar con entrega, con transparencia y sin cálculos políticos. Demuestran no sólo dónde están sus intereses, sino también dónde está su corazón. Y ciertamente no están con su pueblo ni esas familias hermosillenses.
Como político pero también como padre, creo que lo mejor que las autoridades pueden hacer es dejar para otros espacios el lucimiento, la búsqueda del reflector y el provecho personal. Es por ello que nunca he accedido a dar entrevistas sobre este tema y sólo una vez lo toqué, para pedir que no se politizara ni se utilizara como bandera electoral.
También creo que cuando las autoridades dejen de lado los cálculos y simplemente se dediquen a su trabajo se acelerarán las investigaciones y las conclusiones del caso. Lamentablemente, en la guardería ABC la política ha entorpecido el camino de la justicia.
Ya no se trata de que un gobernante o un juez se vean bien o mal ante la opinión pública. No se trata de puntos en encuestas, de imagen o de ganancias políticas. Se trata, sencillamente, de dar a esas familias hermosillenses la paz y la resignación que únicamente pueden nacer de la justicia.
Peña Nieto a la baja, Beltrones al alza
Enrique Peña Nieto vive sus peores días. El mexiquense ha vuelto a comprobar que, cuando la realidad se impone a los guiones, su feble experiencia no alcanza para sacarlo de los atolladeros políticos y mediáticos, mucho menos cuando Manlio Fabio Beltrones azuza el fuego.
Como sucedió con las inundaciones a principios de año, ante las cuales su capacidad ejecutiva fue sumamente cuestionada, el equipo del presidenciable priísta hizo del lamentable deceso de la niña Paulette Farah un escaparate para exhibir su incapacidad a nivel nacional e internacional. El caso se manejó tan mal desde un principio que se volvió incorregible; por eso la salida del Procurador responsable de las investigaciones y las explicaciones brindadas de nada han servido.
Se reiteró que todos los males de la inexperiencia —especialmente la falta de mesura, la precipitación y la imprudencia— aquejan a este grupo que pretende conducir una campaña presidencial exitosa, en contra de lo más granado de la política mexicana. Aunque la responsabilidad del gobernador pueda ser limitada en este caso, la clase política y los líderes de opinión le han dedicado palabras muy duras. Poco han ayudado a su causa algunas llamadas hechas desde Xicoténcatl a las cúpulas de la clase política mexicana.
Las campañas también se han vuelto un espacio de desgaste para Peña Nieto. Buscando sumar prosélitos entre sus correligionarios y entre los ciudadanos de otras entidades, el gobernador del Estado de México ha recorrido varias ciudades apoyando a los candidatos de su partido.
En teoría el asunto sería positivo para Peña Nieto: placeo, exposición mediática, amarres políticos. En la práctica, instigados por alguna conciencia negra, se han esparcido rumores de desviación de recursos y editoriales mal intencionados.
Reacomodos priístas
La balanza de la política está cambiando su inclinación entre los priístas. Gobernadores, alcaldes de municipios importantes y legisladores de diversos rangos están cambiando sus lealtades. Por supuesto que Peña Nieto dista mucho de estar solo, pero por primera vez está probando lo que es perder aliados.
No desconozco que sigue firme en las encuestas. Apenas la semana pasada se reportó que subió dos puntos en la variación trimestral que conduce Consulta-Mitofsky.
Sin embargo, la política es mucho más que encuestas, y si no pregúntenle al recientemente derrotado candidato presidencial colombiano Antanas Mockus.
Sí, la percepción es que Peña Nieto avanza, pero ello se debe a que no tiene rivales visibles y presentes en la opinión pública.
En el PRD la semana anterior ya hubo un destape: Carlos Navarrete, un buen prospecto, de lo mejor que tiene ese partido; un competidor que viene a sumarse a Ebrard y a López Obrador.
En mi partido sigue pesando la derrota del 2009 y se percibe un ánimo pesimista hacia el 4 de julio. Sólo Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota han mostrado su juego. Los aspirantes ligados al equipo presidencial no han dicho esta boca es mía: saben que presentar una candidatura ligada al lacerante descrédito de Felipe Calderón es un suicidio político.
Seguramente para desvincular al candidato panista del estigma de Calderón, ya se ha expresado interés en que nuestro abanderado tenga el apoyo del Movimiento Volver a Empezar, lo que afirmaría su independencia y lo acercaría al único proyecto que ha demostrado capacidad de crecer políticamente y ofrecer con credibilidad un mensaje esperanzador y democrático.
Ante ese contexto nacional, Peña Nieto sigue arriba en las encuestas, pero su capital político se erosiona: como candidato único sólo en él se ceban los proyectiles, las críticas y el desgaste propio de gobernar mientras cada uno de sus movimientos es vigilado y sus errores magnificados. Mientras tanto, un Senador rememora el viejo adagio de “el que se mueve no sale en la foto”, se frota las manos y sigue trabajando en los sótanos y en las cañerías del sistema.
Como sucedió con las inundaciones a principios de año, ante las cuales su capacidad ejecutiva fue sumamente cuestionada, el equipo del presidenciable priísta hizo del lamentable deceso de la niña Paulette Farah un escaparate para exhibir su incapacidad a nivel nacional e internacional. El caso se manejó tan mal desde un principio que se volvió incorregible; por eso la salida del Procurador responsable de las investigaciones y las explicaciones brindadas de nada han servido.
Se reiteró que todos los males de la inexperiencia —especialmente la falta de mesura, la precipitación y la imprudencia— aquejan a este grupo que pretende conducir una campaña presidencial exitosa, en contra de lo más granado de la política mexicana. Aunque la responsabilidad del gobernador pueda ser limitada en este caso, la clase política y los líderes de opinión le han dedicado palabras muy duras. Poco han ayudado a su causa algunas llamadas hechas desde Xicoténcatl a las cúpulas de la clase política mexicana.
Las campañas también se han vuelto un espacio de desgaste para Peña Nieto. Buscando sumar prosélitos entre sus correligionarios y entre los ciudadanos de otras entidades, el gobernador del Estado de México ha recorrido varias ciudades apoyando a los candidatos de su partido.
En teoría el asunto sería positivo para Peña Nieto: placeo, exposición mediática, amarres políticos. En la práctica, instigados por alguna conciencia negra, se han esparcido rumores de desviación de recursos y editoriales mal intencionados.
Reacomodos priístas
La balanza de la política está cambiando su inclinación entre los priístas. Gobernadores, alcaldes de municipios importantes y legisladores de diversos rangos están cambiando sus lealtades. Por supuesto que Peña Nieto dista mucho de estar solo, pero por primera vez está probando lo que es perder aliados.
No desconozco que sigue firme en las encuestas. Apenas la semana pasada se reportó que subió dos puntos en la variación trimestral que conduce Consulta-Mitofsky.
Sin embargo, la política es mucho más que encuestas, y si no pregúntenle al recientemente derrotado candidato presidencial colombiano Antanas Mockus.
Sí, la percepción es que Peña Nieto avanza, pero ello se debe a que no tiene rivales visibles y presentes en la opinión pública.
En el PRD la semana anterior ya hubo un destape: Carlos Navarrete, un buen prospecto, de lo mejor que tiene ese partido; un competidor que viene a sumarse a Ebrard y a López Obrador.
En mi partido sigue pesando la derrota del 2009 y se percibe un ánimo pesimista hacia el 4 de julio. Sólo Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota han mostrado su juego. Los aspirantes ligados al equipo presidencial no han dicho esta boca es mía: saben que presentar una candidatura ligada al lacerante descrédito de Felipe Calderón es un suicidio político.
Seguramente para desvincular al candidato panista del estigma de Calderón, ya se ha expresado interés en que nuestro abanderado tenga el apoyo del Movimiento Volver a Empezar, lo que afirmaría su independencia y lo acercaría al único proyecto que ha demostrado capacidad de crecer políticamente y ofrecer con credibilidad un mensaje esperanzador y democrático.
Ante ese contexto nacional, Peña Nieto sigue arriba en las encuestas, pero su capital político se erosiona: como candidato único sólo en él se ceban los proyectiles, las críticas y el desgaste propio de gobernar mientras cada uno de sus movimientos es vigilado y sus errores magnificados. Mientras tanto, un Senador rememora el viejo adagio de “el que se mueve no sale en la foto”, se frota las manos y sigue trabajando en los sótanos y en las cañerías del sistema.
lunes, 17 de mayo de 2010
Persecución política del calderonismo
Reiteradamente me han preguntado sobre mi distanciamiento con Felipe Calderón, que comenzó con una percepción alimentada con versiones falsas desde las filas del autonombrado calderonismo y que ha derivado en un hostigamiento sistemático a mi persona.
La respuesta simple es que, aun reconociendo la autoridad de mis dirigentes, nunca he estado dispuesto a alinearme sin chistar a un liderazgo. El de Calderón siempre lo he respetado, pero no le concedo atribuciones sobre mi vocación política y mi participación en el Partido Acción Nacional, que decidí con libertad en 1978.
En forma sucinta y repasando los episodios más relevantes, expongo aquí la historia de mi desencuentro con Calderón y los calderonistas.
Acoso político
Siendo diputado, a Felipe le molestó que yo aceptara el nombramiento de Secretario General del PAN que él quiso para Germán Martínez. Lo mismo sucedió cuando busqué la presidencia del PAN: una vez registrado, Felipe intentó persuadirme de declinar a favor de Carlos Medina, a quien logró convencer de salir de la contienda por la candidatura presidencial para ser el presidente nacional del partido. Mantenerme en mi decisión provocó que me lanzara una “cargada”.
Cuando gané la presidencia de AN vino una nueva campaña: para posicionarme como un dirigente parcial, inventaron que yo apoyaba a Santiago Creel.
Como candidato, Calderón pidió nombrar los funcionarios claves del PAN, que yo presidía. No lo permití y, pese al respaldo permanente que di a su campaña, vino la recurrente cantaleta de que yo no apoyaba al candidato presidencial.
Por haberme negado a dejar la presidencia del PAN a cambio de ser embajador en España —ofrecimiento hecho por Juan Camilo Mouriño y Calderón— en octubre de 2006 los calderonistas operaron políticamente para evitar que yo llegara a la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).
Ya cuando gané, invité al Presidente Calderón a que diésemos un mensaje de unidad. Acordamos hacerlo en la inauguración de la sede de la ODCA, en fecha que él fijó. El día previo al evento, desde su Secretaría Particular se llamó a Vicente Fox, también invitado a cortar el listón, para pedirle que no asistiera porque el Presidente consideraba que era demasiado pronto para coincidir ambos en un evento público.
Para sorpresa de embajadores, invitados de organismos nacionales e internacionales, así como del Comité Directivo de ODCA, el Presidente Calderón no llegó a la apertura de la casa de los democristianos.
Así comenzó la indiferencia del gobierno de Calderón hacia la organización que abrió sus puertas al PAN cuando él fue su dirigente. Actitud que sería trasladada al partido con la designación de Germán Martínez como presidente del CEN y que evolucionaría a una falta de colaboración y hasta a la comisión de agravios que, por animadversión hacia mí, trasladaron a la ODCA en tres principales vertientes.
Hacer vacío a la ODCA: Durante estos tres años, el PAN no cumplió con sus obligaciones estatutarias de enviar representantes a las actividades oficiales y presentar informes. Funcionarios mexicanos y extranjeros han sido presionados para que no colaboren en este esfuerzo continental.
Veto permanente a Manuel Espino y sus colaboradores: Quienes laboraron en el CEN que presidí han sido bloqueados permanentemente en candidaturas y cargos públicos y de partido. Se despidieron más de cien empleados del CEN que trabajaban ahí desde antes de mi llegada a la presidencia del partido.
Presión mediática: Max Cortázar ha pugnado desde Los Pinos para dañarme con difusión de información apócrifa. Tanto mis escritos como la información institucional que he generado han navegado contra la corriente de la censura oficial.
Ahora que se acerca el final de mi gestión como presidente de ODCA, en el Comité Ejecutivo Nacional he sido acusado en falso de incurrir en irregularidades para mantenerme al frente de ODCA y de postular al Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe, como mi sucesor.
No obstante haber acordado con César Nava conversar para buscar la postulación de un panista para relevarme como presidente de la ODCA, no se ha dado ese diálogo. En alguna ocasión César me dijo que Calderón pretendía promover como líder de esta organización a Germán Martínez, pretensión que después fue declinada sin yo saber las causas.
No obstante estos agravios, reitero mi respaldo total al gobierno de la República y al Comité Ejecutivo Nacional del PAN en todo cuanto sea para bien de México y para conservar el prestigio de Acción Nacional. Ratifico mi determinación de no tolerar la desviación del partido, como un panista comprometido con los principios y las convicciones que orientan a Acción Nacional desde 1939 y que siguen vigentes para dignificar la política mexicana y para contribuir a la consolidación de nuestra ahora amenazada democracia.
La respuesta simple es que, aun reconociendo la autoridad de mis dirigentes, nunca he estado dispuesto a alinearme sin chistar a un liderazgo. El de Calderón siempre lo he respetado, pero no le concedo atribuciones sobre mi vocación política y mi participación en el Partido Acción Nacional, que decidí con libertad en 1978.
En forma sucinta y repasando los episodios más relevantes, expongo aquí la historia de mi desencuentro con Calderón y los calderonistas.
Acoso político
Siendo diputado, a Felipe le molestó que yo aceptara el nombramiento de Secretario General del PAN que él quiso para Germán Martínez. Lo mismo sucedió cuando busqué la presidencia del PAN: una vez registrado, Felipe intentó persuadirme de declinar a favor de Carlos Medina, a quien logró convencer de salir de la contienda por la candidatura presidencial para ser el presidente nacional del partido. Mantenerme en mi decisión provocó que me lanzara una “cargada”.
Cuando gané la presidencia de AN vino una nueva campaña: para posicionarme como un dirigente parcial, inventaron que yo apoyaba a Santiago Creel.
Como candidato, Calderón pidió nombrar los funcionarios claves del PAN, que yo presidía. No lo permití y, pese al respaldo permanente que di a su campaña, vino la recurrente cantaleta de que yo no apoyaba al candidato presidencial.
Por haberme negado a dejar la presidencia del PAN a cambio de ser embajador en España —ofrecimiento hecho por Juan Camilo Mouriño y Calderón— en octubre de 2006 los calderonistas operaron políticamente para evitar que yo llegara a la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).
Ya cuando gané, invité al Presidente Calderón a que diésemos un mensaje de unidad. Acordamos hacerlo en la inauguración de la sede de la ODCA, en fecha que él fijó. El día previo al evento, desde su Secretaría Particular se llamó a Vicente Fox, también invitado a cortar el listón, para pedirle que no asistiera porque el Presidente consideraba que era demasiado pronto para coincidir ambos en un evento público.
Para sorpresa de embajadores, invitados de organismos nacionales e internacionales, así como del Comité Directivo de ODCA, el Presidente Calderón no llegó a la apertura de la casa de los democristianos.
Así comenzó la indiferencia del gobierno de Calderón hacia la organización que abrió sus puertas al PAN cuando él fue su dirigente. Actitud que sería trasladada al partido con la designación de Germán Martínez como presidente del CEN y que evolucionaría a una falta de colaboración y hasta a la comisión de agravios que, por animadversión hacia mí, trasladaron a la ODCA en tres principales vertientes.
Hacer vacío a la ODCA: Durante estos tres años, el PAN no cumplió con sus obligaciones estatutarias de enviar representantes a las actividades oficiales y presentar informes. Funcionarios mexicanos y extranjeros han sido presionados para que no colaboren en este esfuerzo continental.
Veto permanente a Manuel Espino y sus colaboradores: Quienes laboraron en el CEN que presidí han sido bloqueados permanentemente en candidaturas y cargos públicos y de partido. Se despidieron más de cien empleados del CEN que trabajaban ahí desde antes de mi llegada a la presidencia del partido.
Presión mediática: Max Cortázar ha pugnado desde Los Pinos para dañarme con difusión de información apócrifa. Tanto mis escritos como la información institucional que he generado han navegado contra la corriente de la censura oficial.
Ahora que se acerca el final de mi gestión como presidente de ODCA, en el Comité Ejecutivo Nacional he sido acusado en falso de incurrir en irregularidades para mantenerme al frente de ODCA y de postular al Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe, como mi sucesor.
No obstante haber acordado con César Nava conversar para buscar la postulación de un panista para relevarme como presidente de la ODCA, no se ha dado ese diálogo. En alguna ocasión César me dijo que Calderón pretendía promover como líder de esta organización a Germán Martínez, pretensión que después fue declinada sin yo saber las causas.
No obstante estos agravios, reitero mi respaldo total al gobierno de la República y al Comité Ejecutivo Nacional del PAN en todo cuanto sea para bien de México y para conservar el prestigio de Acción Nacional. Ratifico mi determinación de no tolerar la desviación del partido, como un panista comprometido con los principios y las convicciones que orientan a Acción Nacional desde 1939 y que siguen vigentes para dignificar la política mexicana y para contribuir a la consolidación de nuestra ahora amenazada democracia.
miércoles, 28 de abril de 2010
¿Quién informa al Presidente?
Si la información es poder, el presidente Felipe Calderón actúa con base en un poder errado, dubitativo, probada y repetidamente fallido. Muy a su estilo, reacciona –que no acciona– ante información falsa o malintencionada, en casos de gran sensibilidad para la sociedad mexicana.
El discurso de Calderón se alimenta de la tarjeta improvisada o maledicente, de la frase susurrada en un momento de prisa, de la mentira que busca eludir la responsabilidad personal pero que permite demostrar que es él quien tiene el poder. Ausente está la información ponderada y exhaustivamente comprobada, la única que debe llegar a los ojos de un jefe de Estado.
Discurso presidencial probado y comprobado
Lo único probado y comprobado sobre el discurso presidencial es que no se trata de una fuente de confiable. A la crisis económica se suma una de credibilidad: la palabra de Felipe Calderón se ha devaluado más que el peso.
Incluso dentro del área toral de la administración Calderonista, la seguridad pública, se habla y se decide con base en información falsa.
Pocas veces el discurso presidencial ha sido tan dañino socialmente como cuando Felipe Calderón acusó de ser pandilleros a un grupo de estudiantes y deportistas ejemplares, tan sólo porque fueron asesinados en el principal frente de batalla de su guerra contra el narcotráfico, Ciudad Juárez. Al dolor de haber perdido a sus hijos, las familias de Villas de Salvárcar añadieron el de ver manchada su memoria desde el podio presidencial.
Dolor e indignación similares experimentaron los seres queridos del agente aduanal Francisco Serrano, actualmente desaparecido, cuando Calderón afirmó falsamente que había muerto. Por este terrible yerro, vimos por primera vez que Los Pinos desmintió en comunicado oficial al Presidente. De dar pena.
Se ha comprobado que se declaró la guerra al narcotráfico con base en datos inflados por interés o ignorancia: ni el consumo ni la violencia habían crecido tanto como dijo el gobierno. Los datos duros, por el contrario, muestran que el robo, el asalto, el secuestro, afectaban al pueblo mexicano mucho más que los narcotraficantes. El peor derramamiento de sangre sobre territorio nacional en un siglo es consecuencia de información no comprobada.
Recientemente el presidente dijo que 90% de los caídos en la guerra son delincuentes y el resto inocentes. Esta aventurada declaración recibió críticas a diestra y siniestra: ¿qué autoridad investigó y juzgó a esas 22,700 personas? ¿Qué información justifica que el presidente los sentencie ante la opinión pública?
Otro caso muy sonado fue cuando el presidente tomó por cierto que Rafael Muñoz, ex delegado de la SEMARNAT en Quintana Roo, incurrió en irregularidades. Sin el debido proceso administrativo, sin investigación alguna ni otorgar a Muñoz la justa oportunidad de defenderse, el presidente lo despidió sorpresivamente durante la celebración de un evento público. En las siguientes semanas se hizo escarnio de él. Dos años después, tras averiguaciones serias y aportación de pruebas, Rafael Muñoz mantiene su honorabilidad plenamente acreditada. Sin embargo, el golpe recibido por una reacción desmedida de Calderón fue brutal e inmerecido.
En lo personal, he padecido reiteradamente las consecuencias de que el presidente actúe de manera acelerada e irreflexiva ante cualquier rumor. Aunque no fue la primera ni la última vez, narro una anécdota que ejemplifica el actuar de Felipe Calderón.
Tres años atrás, durante una gira por España a la que me llevaron mis obligaciones como presidente de una organización internacional, encomié la valentía que Felipe Calderón mostró al enfrentar al crimen organizado. Contrastando con el presidente español que buscaba acordar con terroristas, dije que los mexicanos sentíamos orgullo porque nuestro líder no negociaba con los delincuentes, sino los combatía.
Días después Calderón llegó a España. Alguien le dijo de manera malintencionada que el suscrito había estado el día anterior en esas tierras intentando sabotear su gira y enemistarlo con el gobierno ibérico. El presidente dio crédito a ese rumor, sin pararse a comprobar lo que realmente dije. Como consecuencia, por meses sufrí una campaña de desprestigio mediático dirigida desde las oficinas de comunicación de Los Pinos.
Política es palabra
Decía Carlos Castillo Peraza que política es palabra que se ofrece, que se empeña, que sirve de puente para el diálogo y el encuentro entre diferentes.
Pero la política es palabra, también, negativamente. Palabra irreflexiva, palabra airada, palabra lanzada bajo el influjo de la cólera, que no se basa en la información comprobada, sino en el impulso emocional.
Quiero pensar que gran parte de estos yerros no son atribuibles a Calderón, pues el principal afectado es él. Después de todo, sus altas responsabilidades hacen necesario que tenga un equipo que le supla de información, que puede estar interesado en utilizar el podio presidencial para su beneficio.
En los asesores de Los Pinos, el comunicador del Presidente, en quienes recaban inteligencia desde la SEGOB y desde el aparato procurador de justicia, en su equipo de discursos, hay intrigas palaciegas e intereses del más alto –y más bajo– nivel.
Urge acabar con esta incertidumbre. No es coincidencia que la disciplina, la ponderación y la mesura sean sello del hombre de Estado, pues uno de sus deberes primarios es generar confianza en su pueblo, utilizar su tribuna para motivar y guiar a los mexicanos. Ese objetivo jamás será logrado mientras el dato falso sea el cimiento de la palabra presidencial.
El discurso de Calderón se alimenta de la tarjeta improvisada o maledicente, de la frase susurrada en un momento de prisa, de la mentira que busca eludir la responsabilidad personal pero que permite demostrar que es él quien tiene el poder. Ausente está la información ponderada y exhaustivamente comprobada, la única que debe llegar a los ojos de un jefe de Estado.
Discurso presidencial probado y comprobado
Lo único probado y comprobado sobre el discurso presidencial es que no se trata de una fuente de confiable. A la crisis económica se suma una de credibilidad: la palabra de Felipe Calderón se ha devaluado más que el peso.
Incluso dentro del área toral de la administración Calderonista, la seguridad pública, se habla y se decide con base en información falsa.
Pocas veces el discurso presidencial ha sido tan dañino socialmente como cuando Felipe Calderón acusó de ser pandilleros a un grupo de estudiantes y deportistas ejemplares, tan sólo porque fueron asesinados en el principal frente de batalla de su guerra contra el narcotráfico, Ciudad Juárez. Al dolor de haber perdido a sus hijos, las familias de Villas de Salvárcar añadieron el de ver manchada su memoria desde el podio presidencial.
Dolor e indignación similares experimentaron los seres queridos del agente aduanal Francisco Serrano, actualmente desaparecido, cuando Calderón afirmó falsamente que había muerto. Por este terrible yerro, vimos por primera vez que Los Pinos desmintió en comunicado oficial al Presidente. De dar pena.
Se ha comprobado que se declaró la guerra al narcotráfico con base en datos inflados por interés o ignorancia: ni el consumo ni la violencia habían crecido tanto como dijo el gobierno. Los datos duros, por el contrario, muestran que el robo, el asalto, el secuestro, afectaban al pueblo mexicano mucho más que los narcotraficantes. El peor derramamiento de sangre sobre territorio nacional en un siglo es consecuencia de información no comprobada.
Recientemente el presidente dijo que 90% de los caídos en la guerra son delincuentes y el resto inocentes. Esta aventurada declaración recibió críticas a diestra y siniestra: ¿qué autoridad investigó y juzgó a esas 22,700 personas? ¿Qué información justifica que el presidente los sentencie ante la opinión pública?
Otro caso muy sonado fue cuando el presidente tomó por cierto que Rafael Muñoz, ex delegado de la SEMARNAT en Quintana Roo, incurrió en irregularidades. Sin el debido proceso administrativo, sin investigación alguna ni otorgar a Muñoz la justa oportunidad de defenderse, el presidente lo despidió sorpresivamente durante la celebración de un evento público. En las siguientes semanas se hizo escarnio de él. Dos años después, tras averiguaciones serias y aportación de pruebas, Rafael Muñoz mantiene su honorabilidad plenamente acreditada. Sin embargo, el golpe recibido por una reacción desmedida de Calderón fue brutal e inmerecido.
En lo personal, he padecido reiteradamente las consecuencias de que el presidente actúe de manera acelerada e irreflexiva ante cualquier rumor. Aunque no fue la primera ni la última vez, narro una anécdota que ejemplifica el actuar de Felipe Calderón.
Tres años atrás, durante una gira por España a la que me llevaron mis obligaciones como presidente de una organización internacional, encomié la valentía que Felipe Calderón mostró al enfrentar al crimen organizado. Contrastando con el presidente español que buscaba acordar con terroristas, dije que los mexicanos sentíamos orgullo porque nuestro líder no negociaba con los delincuentes, sino los combatía.
Días después Calderón llegó a España. Alguien le dijo de manera malintencionada que el suscrito había estado el día anterior en esas tierras intentando sabotear su gira y enemistarlo con el gobierno ibérico. El presidente dio crédito a ese rumor, sin pararse a comprobar lo que realmente dije. Como consecuencia, por meses sufrí una campaña de desprestigio mediático dirigida desde las oficinas de comunicación de Los Pinos.
Política es palabra
Decía Carlos Castillo Peraza que política es palabra que se ofrece, que se empeña, que sirve de puente para el diálogo y el encuentro entre diferentes.
Pero la política es palabra, también, negativamente. Palabra irreflexiva, palabra airada, palabra lanzada bajo el influjo de la cólera, que no se basa en la información comprobada, sino en el impulso emocional.
Quiero pensar que gran parte de estos yerros no son atribuibles a Calderón, pues el principal afectado es él. Después de todo, sus altas responsabilidades hacen necesario que tenga un equipo que le supla de información, que puede estar interesado en utilizar el podio presidencial para su beneficio.
En los asesores de Los Pinos, el comunicador del Presidente, en quienes recaban inteligencia desde la SEGOB y desde el aparato procurador de justicia, en su equipo de discursos, hay intrigas palaciegas e intereses del más alto –y más bajo– nivel.
Urge acabar con esta incertidumbre. No es coincidencia que la disciplina, la ponderación y la mesura sean sello del hombre de Estado, pues uno de sus deberes primarios es generar confianza en su pueblo, utilizar su tribuna para motivar y guiar a los mexicanos. Ese objetivo jamás será logrado mientras el dato falso sea el cimiento de la palabra presidencial.
lunes, 19 de abril de 2010
Monopolio político
En días recientes Felipe Calderón honró una promesa de campaña y presentó una iniciativa de ley contra los monopolios. Aunque dicho esfuerzo legislativo cuenta con nimias posibilidades de superar la oposición del Poder Legislativo y la fortaleza de los intereses que busca limitar, es una paradoja que un gobernante pretenda combatir los monopolios en la vida económica mientras intenta construirlos en la vida pública.
Compartir el poder
Ciertamente, el Partido Revolucionario Institucional ha sido el principal monopolizador político de la historia mexicana. En el apogeo del priato el poder estaba de manera terminantemente exclusiva en las filas del tricolor.
Sin embargo, durante los últimos sexenios varios presidentes —casi todos obligados, algunos pocos motu proprio— fueron cediendo espacios a la sociedad y a diversos grupos políticos. Incluso los últimos mandatarios priistas, sobre todo Ernesto Zedillo, aprendieron a compartir el poder. Durante el sexenio de Vicente Fox, la sociedad mexicana tuvo posibilidades inéditas de participar, de decidir, de ejercer su potestad sobre el rumbo de la nación.
Este lapso democrático duró demasiado poco: no podemos dudar que el calderonato ha intentando denodadamente monopolizar la vida política mexicana. En su sexenio muchas de las herramientas de control que ya creíamos muertas retornaron con renovado vigor a la política mexicana.
Afortunadamente, hoy la sociedad y la clase política ya no están dispuestas a regresar los espacios que tantos años les costó ganar. Así, los intentos monopolizadores de los calderonistas se han limitado a un coto de poder político: el Partido Acción Nacional.
El mando unipersonal
Si el monopolio es esencialmente la ausencia de competencia, hoy el PAN padece uno que se ajusta exactamente a la definición del término: todo el mercado político está acaparado por un único ofertante.
En poco más de dos años, la tradición democrática construida durante décadas fue relegada. Los panistas siempre nos habíamos enorgullecido de estar forjados en la dura fragua de la competencia interna fraterna y apasionada, de contiendas equitativas entre hombres y mujeres libres e iguales. Hoy, ese ánimo de competir prácticamente ha muerto.
El gran monopolizador indica quién ha de ser candidato, quién ha de ocupar un cargo en la dirigencia partidista, quién ejerce el poder subrogado que él le concesiona. El veto, la designación directa, la ausencia de consulta a los militantes, hoy son métodos habituales.
Si acaso, de manera escenográfica se simulan competencias y se manipulan procesos, en los que todos conocen quienes habrán de ser no los ganadores, sino los concesionarios.
El buen demócrata por su casa empieza
Del recurrente afán de sometimiento del partido muy pocos se salvan. La excepción a la regla ocurre donde los panistas logran hacer valer su mística democrática. Es el caso de la elección de candidato a gobernador de Chihuahua donde la postulación no fue un "dedazo" sino la libre postulación a cargo de la sociedad y los militantes del PAN. Ahí se engrandecen Acción Nacional y su abanderado.
Porque un partido digno y libre enriquece a la vida social en su conjunto e irradia sentido cívico y espíritu participativo a todos los ciudadanos, también a los que no son militantes, ayudando a represtigiar la política. Porque sólo a través de una relación democrática entre gobierno y partido se podrá forjar un estilo humanista de ejercer el poder, para hacer una nueva historia.
Compartir el poder
Ciertamente, el Partido Revolucionario Institucional ha sido el principal monopolizador político de la historia mexicana. En el apogeo del priato el poder estaba de manera terminantemente exclusiva en las filas del tricolor.
Sin embargo, durante los últimos sexenios varios presidentes —casi todos obligados, algunos pocos motu proprio— fueron cediendo espacios a la sociedad y a diversos grupos políticos. Incluso los últimos mandatarios priistas, sobre todo Ernesto Zedillo, aprendieron a compartir el poder. Durante el sexenio de Vicente Fox, la sociedad mexicana tuvo posibilidades inéditas de participar, de decidir, de ejercer su potestad sobre el rumbo de la nación.
Este lapso democrático duró demasiado poco: no podemos dudar que el calderonato ha intentando denodadamente monopolizar la vida política mexicana. En su sexenio muchas de las herramientas de control que ya creíamos muertas retornaron con renovado vigor a la política mexicana.
Afortunadamente, hoy la sociedad y la clase política ya no están dispuestas a regresar los espacios que tantos años les costó ganar. Así, los intentos monopolizadores de los calderonistas se han limitado a un coto de poder político: el Partido Acción Nacional.
El mando unipersonal
Si el monopolio es esencialmente la ausencia de competencia, hoy el PAN padece uno que se ajusta exactamente a la definición del término: todo el mercado político está acaparado por un único ofertante.
En poco más de dos años, la tradición democrática construida durante décadas fue relegada. Los panistas siempre nos habíamos enorgullecido de estar forjados en la dura fragua de la competencia interna fraterna y apasionada, de contiendas equitativas entre hombres y mujeres libres e iguales. Hoy, ese ánimo de competir prácticamente ha muerto.
El gran monopolizador indica quién ha de ser candidato, quién ha de ocupar un cargo en la dirigencia partidista, quién ejerce el poder subrogado que él le concesiona. El veto, la designación directa, la ausencia de consulta a los militantes, hoy son métodos habituales.
Si acaso, de manera escenográfica se simulan competencias y se manipulan procesos, en los que todos conocen quienes habrán de ser no los ganadores, sino los concesionarios.
El buen demócrata por su casa empieza
Del recurrente afán de sometimiento del partido muy pocos se salvan. La excepción a la regla ocurre donde los panistas logran hacer valer su mística democrática. Es el caso de la elección de candidato a gobernador de Chihuahua donde la postulación no fue un "dedazo" sino la libre postulación a cargo de la sociedad y los militantes del PAN. Ahí se engrandecen Acción Nacional y su abanderado.
Porque un partido digno y libre enriquece a la vida social en su conjunto e irradia sentido cívico y espíritu participativo a todos los ciudadanos, también a los que no son militantes, ayudando a represtigiar la política. Porque sólo a través de una relación democrática entre gobierno y partido se podrá forjar un estilo humanista de ejercer el poder, para hacer una nueva historia.
lunes, 12 de abril de 2010
Fracaso anticipado de las coaliciones
Una coalición electoral sustentada en los valores de la democracia es una herramienta completamente legítima, que puede allanar el camino hacia transformaciones políticas y sociales de la mayor trascendencia histórica.
Sin embargo, las coaliciones que se proyectan para los próximos procesos electorales son un galimatías que pocos entienden y emblema del deterioro de los partidos, que optaron por la promiscuidad ideológica. En la mayoría de los casos, estos amancebamientos se han construido al vapor, sin tomar en cuenta a las militancias de los partidos ni la opinión de la sociedad, con base en decisiones cupulares que sólo responden a un interés: tomar el poder por asalto.
Quizá lo más grave es que algunas de esas alianzas no tienen un proyecto que las sustente y que las dote de objetivos políticos y gubernamentales loables, de propuestas que despierten interés en la ciudadanía. Por ello, es posible augurar que, incluso en el remoto caso de que alguna coalición triunfe en las urnas, en lo político serán un fracaso para los partidos.
Por ejemplo, si las coaliciones que encabezan Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Yunes, en Puebla y Veracruz, obtuvieran una mayoría de votos, el triunfo político sería reclamado por Elba Esther Gordillo con quien, sin razón, el presidente Calderón se siente en deuda.
Ciertamente, Rafael Moreno Valle realmente ha mostrado una adhesión legítima y un compromiso con Acción Nacional. Sin embargo, lo más probable es que los partidos coaligados estén trabajando por un improbable éxito cuyo mérito les sería negado y tan sólo serviría para acrecentar el poder de “La Maestra”.
En el caso de Oaxaca, si la alianza prevalece electoralmente Andrés Manuel López Obrador y Gabino Cué se arrogarán todo el crédito. Con ello, nuestro presidente, Felipe Calderón, vería fortalecerse a su principal detractor, quien ni siquiera lo ha reconocido como primer mandatario.
En Sinaloa el éxito de la alianza acarrearía graves consecuencias. De triunfar la alianza encabezada por Mario López Valdez, “Malova”, el gran ganador sería el ex gobernador priísta Juan Sigfrido Millán. Además, el crimen organizado despejaría su campo de maniobra.
El paisaje político de Chihuahua tampoco es muy halagüeño, pues las cúpulas han mostrado su alejamiento de las militancias de los partidos. En una acción que hoy resulta sorprendente, el PAN eligió un candidato panista, un hombre formado en el humanismo político y electo en un proceso democrático digno de las mejores tradiciones blanquiazules. Sin embargo, no cuenta con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional ni de Los Pinos. Retos similares enfrenta el candidato del PRI, quien también es un militante que ganó con todas las de la ley y aún así carece del respaldo de su gobernador.
En Tlaxcala, la militancia de Acción Nacional sufrió la cruda imposición de una candidata desde Los Pinos, causa suficiente para vaticinar una derrota. En Aguascalientes, vemos a un gobernador panista apostado abiertamente por el PRI. Así de contaminado está el ambiente político.
Por todo ello, las alianzas no rendirán fruto alguno para el PAN y el PRD; a pesar del desgaste que han sufrido para consolidarlas, no verán fortalecidos su prestigio, su vida interna y —mucho menos— su militancia.
Pérdida de los partidos, ganancia de los ciudadanos
La gran lección que las alianzas brindarán a los partidos es que necesitan urgentemente fortalecer la ideología que los hace distintos y distinguibles ante el electorado, así como el talante ético de sus candidatos y su democracia interna.
Para los ciudadanos sin partido, la lección es otra: este panorama abre la oportunidad de impulsar una visión más social de la arena electoral. El desprestigio del sistema de partidos debe servir como catalizador para que el ciudadano incline la balanza del sistema político a su favor. Los mexicanos pueden ganar, influir decisivamente en la conformación de perfiles, en la designación de candidatos, en la demanda de proyectos que den rumbo y claridad a la oferta electoral.
La oportunidad está allí. Si ya se conformaron estas alianzas fallidas de origen, no profundicemos en el error desaprovechando las oportunidades que su fracaso brindará a nuestro sistema político.
Sin embargo, las coaliciones que se proyectan para los próximos procesos electorales son un galimatías que pocos entienden y emblema del deterioro de los partidos, que optaron por la promiscuidad ideológica. En la mayoría de los casos, estos amancebamientos se han construido al vapor, sin tomar en cuenta a las militancias de los partidos ni la opinión de la sociedad, con base en decisiones cupulares que sólo responden a un interés: tomar el poder por asalto.
Quizá lo más grave es que algunas de esas alianzas no tienen un proyecto que las sustente y que las dote de objetivos políticos y gubernamentales loables, de propuestas que despierten interés en la ciudadanía. Por ello, es posible augurar que, incluso en el remoto caso de que alguna coalición triunfe en las urnas, en lo político serán un fracaso para los partidos.
Por ejemplo, si las coaliciones que encabezan Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Yunes, en Puebla y Veracruz, obtuvieran una mayoría de votos, el triunfo político sería reclamado por Elba Esther Gordillo con quien, sin razón, el presidente Calderón se siente en deuda.
Ciertamente, Rafael Moreno Valle realmente ha mostrado una adhesión legítima y un compromiso con Acción Nacional. Sin embargo, lo más probable es que los partidos coaligados estén trabajando por un improbable éxito cuyo mérito les sería negado y tan sólo serviría para acrecentar el poder de “La Maestra”.
En el caso de Oaxaca, si la alianza prevalece electoralmente Andrés Manuel López Obrador y Gabino Cué se arrogarán todo el crédito. Con ello, nuestro presidente, Felipe Calderón, vería fortalecerse a su principal detractor, quien ni siquiera lo ha reconocido como primer mandatario.
En Sinaloa el éxito de la alianza acarrearía graves consecuencias. De triunfar la alianza encabezada por Mario López Valdez, “Malova”, el gran ganador sería el ex gobernador priísta Juan Sigfrido Millán. Además, el crimen organizado despejaría su campo de maniobra.
El paisaje político de Chihuahua tampoco es muy halagüeño, pues las cúpulas han mostrado su alejamiento de las militancias de los partidos. En una acción que hoy resulta sorprendente, el PAN eligió un candidato panista, un hombre formado en el humanismo político y electo en un proceso democrático digno de las mejores tradiciones blanquiazules. Sin embargo, no cuenta con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional ni de Los Pinos. Retos similares enfrenta el candidato del PRI, quien también es un militante que ganó con todas las de la ley y aún así carece del respaldo de su gobernador.
En Tlaxcala, la militancia de Acción Nacional sufrió la cruda imposición de una candidata desde Los Pinos, causa suficiente para vaticinar una derrota. En Aguascalientes, vemos a un gobernador panista apostado abiertamente por el PRI. Así de contaminado está el ambiente político.
Por todo ello, las alianzas no rendirán fruto alguno para el PAN y el PRD; a pesar del desgaste que han sufrido para consolidarlas, no verán fortalecidos su prestigio, su vida interna y —mucho menos— su militancia.
Pérdida de los partidos, ganancia de los ciudadanos
La gran lección que las alianzas brindarán a los partidos es que necesitan urgentemente fortalecer la ideología que los hace distintos y distinguibles ante el electorado, así como el talante ético de sus candidatos y su democracia interna.
Para los ciudadanos sin partido, la lección es otra: este panorama abre la oportunidad de impulsar una visión más social de la arena electoral. El desprestigio del sistema de partidos debe servir como catalizador para que el ciudadano incline la balanza del sistema político a su favor. Los mexicanos pueden ganar, influir decisivamente en la conformación de perfiles, en la designación de candidatos, en la demanda de proyectos que den rumbo y claridad a la oferta electoral.
La oportunidad está allí. Si ya se conformaron estas alianzas fallidas de origen, no profundicemos en el error desaprovechando las oportunidades que su fracaso brindará a nuestro sistema político.
martes, 23 de marzo de 2010
Estaré hoy en vivo por el canal NTN-24 a las 16:30 (Centro) desde Bogotá. Para verlo da click:
Para verlo por internet: http://www.ntn24.com/senal.html
Para verlo por SKY-México, canal 635.
Saludos,
Manuel Espino
Para verlo por SKY-México, canal 635.
Saludos,
Manuel Espino
Guerra contra el crimen y coordinación intergubernamental
Esta semana quedó claro por qué la mejor política de seguridad pública debe arrancar de la actitud movida por sentimientos auténticamente humanos, ajenos a todo partidarismo, a toda búsqueda de ganancias políticas y a todo empecinamiento personal.
Ante el clamor desesperado de los ciudadanos por seguridad pública, en Ciudad Juárez vimos dos respuestas gubernamentales profundamente distintas.
Por un lado, el gobierno mexicano mantiene una estrategia de guerra contra el crimen organizado que ha causado el mayor derramamiento de sangre sobre territorio nacional desde la Revolución.
Aunque durante este tiempo muchos se han empeñado en hacer creer que los ejecutados eran todos delincuentes y que “los criminales se están matando entre ellos”, a últimas fechas se ha evidenciado lo que los habitantes de la frontera siempre hemos sabido: que la violencia victimiza a culpables e inocentes por igual, mientras desde las más altas esferas del poder Ejecutivo se frenan los cambios que pudieran detener este dolor humano.
El académico José Antonio Crespo afirmó que “según el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EU, han entrado a México, en los últimos tres años, aproximadamente 900 mil armas. En contraparte, según autoridades mexicanas durante este gobierno se han decomisado 30 mil armas, es decir, apenas el 3% del total de armas ilegales que ha entrado en el mismo lapso.” Ello nos da una idea de la objetividad que hace falta en los gobernantes de este lado de la frontera y del manejo con tintes propagandístico que se está dando a los resultados de la guerra.
En las antípodas de esta actitud, tras el asesinato de tres ciudadanos en Ciudad Juárez, el gobierno de Barack Obama ha lanzado una triple ofensiva que avanza por caminos diplomáticos, políticos y policiales.
La Casa Blanca no necesitó miles de homicidios para voltear a ver a Ciudad Juárez. Bastaron tres para demostrar de manera firme y contundente que el embajador Carlos Pascual, Janet Napolitano, Hillary Clinton, el gabinete de seguridad estadounidense, diversas agencias policiacas y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tienen un compromiso denodado con la seguridad de su pueblo.
Aunque hay lazos históricos, culturales, familiares y económicos que trascienden la frontera para hacer de Ciudad Juárez y El Paso una sola comunidad, contrastan porque la primera es la Ciudad más violenta del mundo (por segundo año consecutiva) y la segunda se reconoce como la más segura de Estados Unidos. La respuesta a esa lacerante realidad es hoy más evidente que nunca.
Visión de Estado en el combate a la inseguridad
El negativo derrotero que ha seguido la guerra contra el crimen se ha debido, entre otros muchos factores, a que desde un principio no hubo coordinación entre los gobiernos mexicano y estadounidense.
Es evidente que el narcotráfico es un problema que requiere una respuesta internacional, pero el presidente Calderón declaró apresuradamente la guerra (en la primera quincena de su mandato) y no dejó lapso alguno para coordinarse con nuestros vecinos del norte. Hoy vemos, y padecemos, las consecuencias.
Quizá la presente situación abra un espacio para reconocer la urgencia de replantear la estrategia y coordinarse no sólo con el gobierno estadounidense, sino también con los estados y los municipios, a los que se lanzó a una guerra de consecuencias potísimas sin tender los debidos puentes de colaboración.
Es hora de que nuestro gobierno muestre visión de Estado y actúe de manera coordinada con todos quienes se ven afectados por esta guerra, defendiendo la dignidad de México ante Estados Unidos, pero también respetando la soberanía de las 32 entidades federativas y la autonomía de los municipios, cuyos espacios de libertad y autodeterminación son esenciales para guardar los equilibrios del pacto federal.
Ojalá y esta oportunidad no sea desperdiciada. Ojalá y prevalezca la humildad y el ánimo de corregir. Ojalá y se reconozca que la fuerza interior y exterior contra el desorden solamente la pueden tener los pacíficos. Porque sólo así este derramamiento de sangre podrá llegar a su fin.
Ante el clamor desesperado de los ciudadanos por seguridad pública, en Ciudad Juárez vimos dos respuestas gubernamentales profundamente distintas.
Por un lado, el gobierno mexicano mantiene una estrategia de guerra contra el crimen organizado que ha causado el mayor derramamiento de sangre sobre territorio nacional desde la Revolución.
Aunque durante este tiempo muchos se han empeñado en hacer creer que los ejecutados eran todos delincuentes y que “los criminales se están matando entre ellos”, a últimas fechas se ha evidenciado lo que los habitantes de la frontera siempre hemos sabido: que la violencia victimiza a culpables e inocentes por igual, mientras desde las más altas esferas del poder Ejecutivo se frenan los cambios que pudieran detener este dolor humano.
El académico José Antonio Crespo afirmó que “según el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EU, han entrado a México, en los últimos tres años, aproximadamente 900 mil armas. En contraparte, según autoridades mexicanas durante este gobierno se han decomisado 30 mil armas, es decir, apenas el 3% del total de armas ilegales que ha entrado en el mismo lapso.” Ello nos da una idea de la objetividad que hace falta en los gobernantes de este lado de la frontera y del manejo con tintes propagandístico que se está dando a los resultados de la guerra.
En las antípodas de esta actitud, tras el asesinato de tres ciudadanos en Ciudad Juárez, el gobierno de Barack Obama ha lanzado una triple ofensiva que avanza por caminos diplomáticos, políticos y policiales.
La Casa Blanca no necesitó miles de homicidios para voltear a ver a Ciudad Juárez. Bastaron tres para demostrar de manera firme y contundente que el embajador Carlos Pascual, Janet Napolitano, Hillary Clinton, el gabinete de seguridad estadounidense, diversas agencias policiacas y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tienen un compromiso denodado con la seguridad de su pueblo.
Aunque hay lazos históricos, culturales, familiares y económicos que trascienden la frontera para hacer de Ciudad Juárez y El Paso una sola comunidad, contrastan porque la primera es la Ciudad más violenta del mundo (por segundo año consecutiva) y la segunda se reconoce como la más segura de Estados Unidos. La respuesta a esa lacerante realidad es hoy más evidente que nunca.
Visión de Estado en el combate a la inseguridad
El negativo derrotero que ha seguido la guerra contra el crimen se ha debido, entre otros muchos factores, a que desde un principio no hubo coordinación entre los gobiernos mexicano y estadounidense.
Es evidente que el narcotráfico es un problema que requiere una respuesta internacional, pero el presidente Calderón declaró apresuradamente la guerra (en la primera quincena de su mandato) y no dejó lapso alguno para coordinarse con nuestros vecinos del norte. Hoy vemos, y padecemos, las consecuencias.
Quizá la presente situación abra un espacio para reconocer la urgencia de replantear la estrategia y coordinarse no sólo con el gobierno estadounidense, sino también con los estados y los municipios, a los que se lanzó a una guerra de consecuencias potísimas sin tender los debidos puentes de colaboración.
Es hora de que nuestro gobierno muestre visión de Estado y actúe de manera coordinada con todos quienes se ven afectados por esta guerra, defendiendo la dignidad de México ante Estados Unidos, pero también respetando la soberanía de las 32 entidades federativas y la autonomía de los municipios, cuyos espacios de libertad y autodeterminación son esenciales para guardar los equilibrios del pacto federal.
Ojalá y esta oportunidad no sea desperdiciada. Ojalá y prevalezca la humildad y el ánimo de corregir. Ojalá y se reconozca que la fuerza interior y exterior contra el desorden solamente la pueden tener los pacíficos. Porque sólo así este derramamiento de sangre podrá llegar a su fin.
lunes, 22 de marzo de 2010
Invito amigos panistas de B Juárez y DF a dialogar sobre Esfuerzo Nal que llevamos a cabo Mié 24 Mar 19hs Sacramento 354 del Valle RSVP
VOLVER A EMPEZAR
Un llamado a la perseverancia desde la democracia cristiana.
Invito a mis amigos panistas de la delegación Benito Juárez y de todo el Distrito Federal a dialogar sobre el esfuerzo nacional Volver a Empezar que estamos realizando en todo el país.
Nos reuniremos en nuestra querida casa de Sacramento 354, esquina California, Colonia Insurgentes San Borja, a las 19 hrs.
Por favor confírmame tu asistencia a manuel@manuelespino.org.mx.
Manuel Espino
http://www.manuelespino.org.mx
viernes, 19 de marzo de 2010
En media hora los espero con sus preguntas en el chat de El Universal http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/detalles/14815.html
En punto de las 14:30 voy a estar en el chat de El Universal http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/detalles/14815.html
Gran éxito de ODCA en Caracas con el Foro Alternativas económicas del humanismo político frente al fracaso del populismo
Los días de ayer y hoy, con la asistencia de un centenar de participantes, frente a ponentes de una decena de países de América y Europa, la ODCA, junto a la Fundación Konrad Adenauer y a la COPEI, Partido Popular de Venezuela, organizó el Foro internacional "Alternativas económicas del humanismo político frente al fracaso del populismo" en el Hotel Lido de El Rosal en la ciudad de Caracas, Venezuela, presentando el camino alterno del humanismo político en el corazón de nuestro país hermano.
jueves, 18 de marzo de 2010
Menciona Houston Chronicle a Manuel Espino
Mención (crestomatía):
But critics, among them some senior members of his own political party, say Calderon's reluctance to shift strategies reflects a stubborn streak that has negatively affected other aspects of his presidency.
“When someone has an opinion different from his, he tends to see it as aggression against him,” claims Manuel Espino, a former national leader of Calderon's conservative National Action Party, who has become a vocal critic. “He tends to distrust even people on his own team.
“Maybe it's a fear of seeming weak,” said Espino, a Juarez native, who is publishing a book this month condemning the anti-crime strategy in that city.
Artículo:
http://www.chron.com/disp/story.mpl/metropolitan/6918103.html
Chatea con Manuel Espino mañana en El Universal a las 14:30 hrs http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/detalles/14815.html
| Conversa con | |
| Manuel Espino 19 de marzo 2010 14:30 | |
| El testimonio de múltiples voces que reclaman el fin de la violencia en Ciudad Juárez es presentado ante la demanda ciudadana para que vuelvan la seguridad, la tranquilidad y la libertad. Manuel Espino, escritor y político, nos hablará de su libro La guerra injusta de Ciudad Juárez, donde reflexiona y realiza propuestas ciudadanas.
Participa con nosotros. Envía tus preguntas y comentarios.
El Universal
http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/detalles/14815.html |
Mensaje al Foro de Caracas
Mensaje de Manuel Espino enviado hoy 18 de Marzo de 2010 desde la Ciudad de México al Foro Internacional "Alternativas económicas del humanismo político frente al fracaso del populismo" en Caracas, organizado por la ODCA, la Fundación Konrad Adenauer y COPEI, el Partido Popular Venezolano.
martes, 16 de marzo de 2010
Crisis política, lastre del desarrollo
Lo peor de la crisis económica “parece haber acabado” en América Latina. Esta apreciación optimista del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, no implica sin embargo que la recuperación vaya a ser rápida y homogénea. Por el contrario, será lenta y desigual en los países de la región.
Se espera que los grandes exportadores, como Brasil y Canadá, en 2010 obtendrán resultados muy favorables por la creciente demanda de China. Muy distinto será en México y Centroamérica cuyo principal mercado, Estados Unidos, registrará una lenta recuperación frente a la crisis y, consecuentemente, disminuirá su capacidad de importación.
Gracias a la pujanza de la iniciativa privada mexicana y al hábil manejo gubernamental frente a la crisis financiera, nuestro país ganó participación en el mercado estadounidense en lo que va del año. Aunque ello no impidió que China nos desplazara al tercer lugar en transacciones mercantiles con nuestro vecino del norte. Se antoja difícil sostener el superávit comercial que México registró con Estados Unidos al inicio del 2010, el mejor de los últimos ocho años.
La crisis financiera internacional impone la necesidad de que los gobiernos mejoren su situación fiscal y concentren esfuerzos en resolver las cada vez mayores necesidades sociales. México destaca como uno de los países con más urgencia de eficacia en el combate a la pobreza. Nuestro país aporta más de la cuarta parte de los 200 millones de personas afectadas en América Latina por este lacerante fenómeno regional, ahora agravado por la crisis de inseguridad.
Sistema de partidos atrofiado
Nuestro viciado sistema de partidos, hoy convertido en vergonzante escaramuza, ha paralizado la de por sí deficiente productividad legislativa. Ha hecho de la ambición electoral el propósito primordial por encima del interés nacional. Por razones políticas se ha frenado la adecuación legal orientada a potenciar la competitividad y productividad del país.
No obstante la urgencia de reformas estructurales –principalmente en los ámbitos tributario y laboral– que faciliten el desarrollo y el crecimiento de nuestra economía, prevalece la obstrucción de la oposición en el Congreso federal a las iniciativas que atinadamente ha promovido el presidente Calderón. Tras la negativa de cooperación responsable del PRI y PRD principalmente, se esconde el interés electorero y la ambición partidaria de acceso al poder. Es evidente.
Mientras la crisis aprieta, el PAN –mi partido– convertido en instrumento de gobierno, ha nulificado su capacidad de negociación y diálogo. La oposición, con pretextos pueriles, busca que la sociedad se decepcione del gobierno de la república para potenciar sus posibilidades de ganar espacios de poder hacia la sucesión presidencial. Para lograrlo, está decidida a sembrarle fracasos al gobierno, en espera de cosechar triunfos en las urnas.
Excesiva burocracia en el gobierno
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inversión fija bruta se desplomó 10.1% en términos reales y a tasa anual, lo que representa su mayor retroceso desde 1995. Ello justifica, de manera urgente, eliminar y compactar dependencias, así como cancelar plazas y disminuir los sueldos de altos funcionarios para reconducir ese gasto hacia infraestructura que facilite la recuperación en productividad y empleo perdidos.
Sin el respaldo eficaz de su partido de origen, distraído en sus propios yerros, para sortear las piedras que la oposición le pone en el camino, el gobierno federal ha puesto en marcha el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público. Se pretende ahorrar 160 mil millones de pesos en los próximos tres años. Los del cierre del sexenio calderonista. Con este esfuerzo se busca disminuir entre 7 y 8% el gasto corriente y reducir la burocracia de la administración pública federal.
Electorerismo y parálisis política
Parece que la mediocridad campea en el poder legislativo federal, pues no obstante el paupérrimo crecimiento económico que promedia 2.5% en los últimos 27 años, ahí prevalece el interés de los partidos por encima del interés nacional. El criterio de rentabilidad electoral destaca como fundamento de las decisiones de los grupos parlamentarios que no han logrado sintonizar su desempeño con su deber. Saben los legisladores que por encima de los legítimos afanes partidistas, su deber es atender las demandas de la sociedad y las exigencias de la nación. Les gana el afán de poder y no parece haber algún caso de excepción. Los pobres resultados así lo demuestran.
Aunque el escenario de recuperación económica es positivo en general para la región, esta actitud partidarista que prevalece en el Congreso mexicano, y de la que no está exento el gobierno de Felipe Calderón, impide una perspectiva de recuperación a corto plazo para México. La visión electorera atrofia la visión de Estado que se espera de nuestros poderes legislativo y ejecutivo para generar ventajas competitivas. Sus pleitos estériles nos condenan a seguir rezagados mientras otros países avanzan, aun los que tienen menos capacidad de desarrollo que el nuestro, pero que tienen mejor ubicadas sus prioridades.
Mientras no resolvamos la crisis política de México, difícilmente podremos salir de la crisis económica.
Se espera que los grandes exportadores, como Brasil y Canadá, en 2010 obtendrán resultados muy favorables por la creciente demanda de China. Muy distinto será en México y Centroamérica cuyo principal mercado, Estados Unidos, registrará una lenta recuperación frente a la crisis y, consecuentemente, disminuirá su capacidad de importación.
Gracias a la pujanza de la iniciativa privada mexicana y al hábil manejo gubernamental frente a la crisis financiera, nuestro país ganó participación en el mercado estadounidense en lo que va del año. Aunque ello no impidió que China nos desplazara al tercer lugar en transacciones mercantiles con nuestro vecino del norte. Se antoja difícil sostener el superávit comercial que México registró con Estados Unidos al inicio del 2010, el mejor de los últimos ocho años.
La crisis financiera internacional impone la necesidad de que los gobiernos mejoren su situación fiscal y concentren esfuerzos en resolver las cada vez mayores necesidades sociales. México destaca como uno de los países con más urgencia de eficacia en el combate a la pobreza. Nuestro país aporta más de la cuarta parte de los 200 millones de personas afectadas en América Latina por este lacerante fenómeno regional, ahora agravado por la crisis de inseguridad.
Sistema de partidos atrofiado
Nuestro viciado sistema de partidos, hoy convertido en vergonzante escaramuza, ha paralizado la de por sí deficiente productividad legislativa. Ha hecho de la ambición electoral el propósito primordial por encima del interés nacional. Por razones políticas se ha frenado la adecuación legal orientada a potenciar la competitividad y productividad del país.
No obstante la urgencia de reformas estructurales –principalmente en los ámbitos tributario y laboral– que faciliten el desarrollo y el crecimiento de nuestra economía, prevalece la obstrucción de la oposición en el Congreso federal a las iniciativas que atinadamente ha promovido el presidente Calderón. Tras la negativa de cooperación responsable del PRI y PRD principalmente, se esconde el interés electorero y la ambición partidaria de acceso al poder. Es evidente.
Mientras la crisis aprieta, el PAN –mi partido– convertido en instrumento de gobierno, ha nulificado su capacidad de negociación y diálogo. La oposición, con pretextos pueriles, busca que la sociedad se decepcione del gobierno de la república para potenciar sus posibilidades de ganar espacios de poder hacia la sucesión presidencial. Para lograrlo, está decidida a sembrarle fracasos al gobierno, en espera de cosechar triunfos en las urnas.
Excesiva burocracia en el gobierno
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inversión fija bruta se desplomó 10.1% en términos reales y a tasa anual, lo que representa su mayor retroceso desde 1995. Ello justifica, de manera urgente, eliminar y compactar dependencias, así como cancelar plazas y disminuir los sueldos de altos funcionarios para reconducir ese gasto hacia infraestructura que facilite la recuperación en productividad y empleo perdidos.
Sin el respaldo eficaz de su partido de origen, distraído en sus propios yerros, para sortear las piedras que la oposición le pone en el camino, el gobierno federal ha puesto en marcha el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público. Se pretende ahorrar 160 mil millones de pesos en los próximos tres años. Los del cierre del sexenio calderonista. Con este esfuerzo se busca disminuir entre 7 y 8% el gasto corriente y reducir la burocracia de la administración pública federal.
Electorerismo y parálisis política
Parece que la mediocridad campea en el poder legislativo federal, pues no obstante el paupérrimo crecimiento económico que promedia 2.5% en los últimos 27 años, ahí prevalece el interés de los partidos por encima del interés nacional. El criterio de rentabilidad electoral destaca como fundamento de las decisiones de los grupos parlamentarios que no han logrado sintonizar su desempeño con su deber. Saben los legisladores que por encima de los legítimos afanes partidistas, su deber es atender las demandas de la sociedad y las exigencias de la nación. Les gana el afán de poder y no parece haber algún caso de excepción. Los pobres resultados así lo demuestran.
Aunque el escenario de recuperación económica es positivo en general para la región, esta actitud partidarista que prevalece en el Congreso mexicano, y de la que no está exento el gobierno de Felipe Calderón, impide una perspectiva de recuperación a corto plazo para México. La visión electorera atrofia la visión de Estado que se espera de nuestros poderes legislativo y ejecutivo para generar ventajas competitivas. Sus pleitos estériles nos condenan a seguir rezagados mientras otros países avanzan, aun los que tienen menos capacidad de desarrollo que el nuestro, pero que tienen mejor ubicadas sus prioridades.
Mientras no resolvamos la crisis política de México, difícilmente podremos salir de la crisis económica.
lunes, 8 de marzo de 2010
Por más mujeres en la política
Históricamente, la clase política ha claudicado de sus obligaciones con las mujeres. Ya sea por machismo o por formar parte de una cultura patriarcal, el género femenino ha avanzado en soledad —y la mayoría de las veces contra fuertes resistencias del poder establecido— en su búsqueda por alcanzar no privilegios, sino tan sólo elementales condiciones de equidad.
Como consecuencia, aunque las mujeres integran el 52% de la militancia de los partidos latinoamericanos, únicamente presiden el 15.8% y conforman sólo un 23% de los ministros de Estado.
En nuestras campañas electorales el panorama es entristecedor: las mujeres son nada más un 24% de los candidatos a senadurías o diputaciones. En los parlamentos de América Latina el promedio de mujeres es de 20%.
Los dos países de la región con más mujeres ocupando ministerios son Bolivia y Chile, con 50 y 45%, respectivamente. El contraste son Brasil o Paraguay, con 5 y 10%.
En nuestro país la situación política de la mujer tiene un largo trecho por avanzar. Baste con recordar el lamentable episodio de las diputadas “juanitas” a principios de la actual legislatura federal.
Esta situación es por demás vergonzosa. Por ello, quienes nos preciamos de haber sido formados dentro del humanismo político tenemos obligaciones irrenunciables hacia el género femenino.
Las cuotas: condición mínima para avanzar
Como presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América he pugnado porque los 35 partidos que la integran asuman sin cortapisas su compromiso con la mujer, comenzando por asegurarnos que se garantice que ocupen cargos directivos y sean candidatas a puestos de elección popular.
Mientras no esté establecida una plena normalidad democrática en términos de equidad de género, los políticos debemos aceptar que las cuotas mínimas de participación son una medida afirmativa, si bien transitoria, para atacar la subrepresentación de la mujer en la vida pública.
Nuestro primer reto es acabar con todo rasgo patriarcal en las organizaciones políticas, comenzando por aquellas de las que somos parte, desmontando las barreras sociales y culturales que se han erigido durante siglos, generando desigualdades e impidiendo a las mujeres desempeñar su papel de impulsoras de los procesos de evolución del mundo.
Más mujeres decidiendo
Aunque cada vez hay más esfuerzos orientados a alcanzar la equidad de género, la discriminación sigue siendo un fardo social que pesa más sobre las mujeres que sobre los hombres. Ello se manifiesta de manera más evidente en la brecha salarial y en las condiciones laborales dispares entre hombres y mujeres.
Sin embargo, a medida que crece el número de mujeres involucradas activamente en sus comunidades es fácil ver que su presencia es altamente fructífera y benéfica. A todos nos conviene que cada vez más mujeres atraviesen las puertas de su hogar para aportar a la vida social.
Por ello, el papel del político consiste en animar a la sociedad para que acepte a la mujer en todos los ámbitos de la nación en igualdad de condiciones, en esforzarse para derribar las barreras que coartan su libertad y eliminar todas las formas de discriminación, práctica o psicológica, que limitan su desarrollo.
Pues sólo cuando el género femenino tenga participación activa en cada uno de los espacios de la vida nacional, y hayamos logrado integrar completamente a la mujer en el mundo público y al hombre en el privado, nuestra República podrá vivir con plena justicia y con democracia plena.
Como consecuencia, aunque las mujeres integran el 52% de la militancia de los partidos latinoamericanos, únicamente presiden el 15.8% y conforman sólo un 23% de los ministros de Estado.
En nuestras campañas electorales el panorama es entristecedor: las mujeres son nada más un 24% de los candidatos a senadurías o diputaciones. En los parlamentos de América Latina el promedio de mujeres es de 20%.
Los dos países de la región con más mujeres ocupando ministerios son Bolivia y Chile, con 50 y 45%, respectivamente. El contraste son Brasil o Paraguay, con 5 y 10%.
En nuestro país la situación política de la mujer tiene un largo trecho por avanzar. Baste con recordar el lamentable episodio de las diputadas “juanitas” a principios de la actual legislatura federal.
Esta situación es por demás vergonzosa. Por ello, quienes nos preciamos de haber sido formados dentro del humanismo político tenemos obligaciones irrenunciables hacia el género femenino.
Las cuotas: condición mínima para avanzar
Como presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América he pugnado porque los 35 partidos que la integran asuman sin cortapisas su compromiso con la mujer, comenzando por asegurarnos que se garantice que ocupen cargos directivos y sean candidatas a puestos de elección popular.
Mientras no esté establecida una plena normalidad democrática en términos de equidad de género, los políticos debemos aceptar que las cuotas mínimas de participación son una medida afirmativa, si bien transitoria, para atacar la subrepresentación de la mujer en la vida pública.
Nuestro primer reto es acabar con todo rasgo patriarcal en las organizaciones políticas, comenzando por aquellas de las que somos parte, desmontando las barreras sociales y culturales que se han erigido durante siglos, generando desigualdades e impidiendo a las mujeres desempeñar su papel de impulsoras de los procesos de evolución del mundo.
Más mujeres decidiendo
Aunque cada vez hay más esfuerzos orientados a alcanzar la equidad de género, la discriminación sigue siendo un fardo social que pesa más sobre las mujeres que sobre los hombres. Ello se manifiesta de manera más evidente en la brecha salarial y en las condiciones laborales dispares entre hombres y mujeres.
Sin embargo, a medida que crece el número de mujeres involucradas activamente en sus comunidades es fácil ver que su presencia es altamente fructífera y benéfica. A todos nos conviene que cada vez más mujeres atraviesen las puertas de su hogar para aportar a la vida social.
Por ello, el papel del político consiste en animar a la sociedad para que acepte a la mujer en todos los ámbitos de la nación en igualdad de condiciones, en esforzarse para derribar las barreras que coartan su libertad y eliminar todas las formas de discriminación, práctica o psicológica, que limitan su desarrollo.
Pues sólo cuando el género femenino tenga participación activa en cada uno de los espacios de la vida nacional, y hayamos logrado integrar completamente a la mujer en el mundo público y al hombre en el privado, nuestra República podrá vivir con plena justicia y con democracia plena.
Ganar el gobierno y perder los principios
En las decisiones que afectan el devenir de los mexicanos debe haber apertura, debate y transparencia. Consolidar nuestra incipiente democracia pasa, necesariamente, por cambiar nuestra obsoleta incultura política. Exige que todos los actores políticos dejemos atrás el secretismo, los acuerdos soterrados y los tratos en los sótanos.
Por ello, cuando el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido se disponía a aprobar la candidatura de Miguel Ángel Yunes al gobierno de Veracruz intenté generar un sano debate, pero tal derecho me fue negado. Pero tal derecho me fue negado con un desplante inusual de intolerancia. Por ello, hago públicas algunas consideraciones con la intención de contribuir a hacer la vida política eminentemente pública.
Calderón versus Yunes
Al CEN de mi partido y a la comisión que por igual calificó como excelentes a los aspirantes a la candidatura a gobernador —comisión integrada por María Elena Álvarez, Jordy Herrera y Marco Adame— les quise preguntar si sabían, y qué opinión les merecía, que en 2006 Miguel Ángel Yunes no fue candidato al Senado de la República debido al veto de Felipe Calderón Hinojosa.
Como candidato a la presidencia, Calderón argumentó que cuando Yunes fue secretario de Gobierno, con Patricio Chirinos, se distinguió por su desempeño corrupto, por golpear, perseguir y difamar panistas.
Siendo presidente nacional del PAN, Felipe Calderón me advirtió que si Yunes llegaba a ser candidato lo iba a rechazar públicamente y no aceptaría su compañía en la campaña. Calderón me exigió evitar que el expriísta fuera candidato por Acción Nacional. Consciente de no poder “bajar” a un precandidato, porque hubiera sido un atropello violatorio de los derechos ciudadanos, opté por intentar que Yunes permaneciera en el gobierno, lo que en efecto ocurrió.
De vetado a funcionario
Para mi sorpresa y a pesar de esta iracunda animadversión, cuando el presidente formó su equipo de gobierno incorporó a Miguel Ángel. Quien meses atrás había vetado a Yunes con severas acusaciones, ahora lo hacía titular de una importante dependencia: el ISSSTE.
Después se especuló que dicho nombramiento —como otros— era el pago de algún favor político a Elba Esther Gordillo. Versión que me confirmó el propio Yunes justo antes de ser designado precandidato único por el CEN, al decirme que en 2006 había apoyado a Felipe Calderón desde la contienda interna del PAN porque así se había negociado con “la maestra”.
Me quedó claro que Calderón sólo había recurrido a mí para que yo pagara el costo de no hacer candidato a Yunes, como le hizo saber a “la maestra”. Durante aquella campaña ella me reclamó que no estaba concediéndole las candidaturas acordadas con “el candidato”, refiriéndose a Felipe Calderón.
Efectivamente: pese a la negociación Calderón-Gordillo, que yo desconocía, me negué a dar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) las quince candidaturas plurinominales que encabezan las circunscripciones y cuya designación recae en el CEN; tampoco cedí algunas candidaturas al Senado de la República. Me pareció innecesario y de alto riesgo político conceder esas posiciones a alguien que no nos garantizaba un respaldo seguro para ganar la presidencia. Era como traicionar al PAN. También me rehusé, ante la insistencia de Calderón, a formular a los miembros del Comité Nacional, como iniciativa propia, la propuesta de ceder tales espacios.
Más debate público y menos línea
En la última sesión del CEN quise hablar sobre el tema y proponer que se acordara, antes de designar candidato, preguntar al presidente Calderón por qué cambió su posición frente a Yunes, cómo pasó de ser un adversario a un destacado funcionario en su gobierno. Que se le preguntara si la “línea” y presión ejercida a algunos miembros del CEN para que se votara por Yunes obedecía a otro compromiso con “la maestra”, hecho a espaldas de los veracruzanos y los panistas.
Sin embargo, cuando solicité el uso de la palabra y expresé mi preocupación porque Yunes fuera designado sin hacer antes algunas aclaraciones, en forma inusual y “por mayoría de votos” me fue negado el derecho a hablar ante el pleno del Comité Nacional. Asumí que la línea era designar a Miguel Ángel, lo que pude corroborar con algunos miembros del CEN.
Por un PAN independiente
No acepto que el gobierno siga tomando las decisiones que corresponden al Partido Acción Nacional. Tampoco que la dirigencia del PAN sustituya a los militantes para elegir candidatos y dirigentes. Ambas actitudes atentan contra nuestra trayectoria democrática y contra nuestras convicciones. Por todo ello, me deslindo de la decisión tomada por el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido.
Creo que es hora de que todos los ciudadanos tomemos conciencia de que no podemos permitir una regresión hacia el esquema del partido de Estado, pues ello no sólo hace mal al gobierno y al PAN, sino al sistema político en general y a la vida republicana. Especialmente para los panistas, es la hora de volver a empezar, pues no se trata de ganar el gobierno y perder los principios.
Por ello, cuando el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido se disponía a aprobar la candidatura de Miguel Ángel Yunes al gobierno de Veracruz intenté generar un sano debate, pero tal derecho me fue negado. Pero tal derecho me fue negado con un desplante inusual de intolerancia. Por ello, hago públicas algunas consideraciones con la intención de contribuir a hacer la vida política eminentemente pública.
Calderón versus Yunes
Al CEN de mi partido y a la comisión que por igual calificó como excelentes a los aspirantes a la candidatura a gobernador —comisión integrada por María Elena Álvarez, Jordy Herrera y Marco Adame— les quise preguntar si sabían, y qué opinión les merecía, que en 2006 Miguel Ángel Yunes no fue candidato al Senado de la República debido al veto de Felipe Calderón Hinojosa.
Como candidato a la presidencia, Calderón argumentó que cuando Yunes fue secretario de Gobierno, con Patricio Chirinos, se distinguió por su desempeño corrupto, por golpear, perseguir y difamar panistas.
Siendo presidente nacional del PAN, Felipe Calderón me advirtió que si Yunes llegaba a ser candidato lo iba a rechazar públicamente y no aceptaría su compañía en la campaña. Calderón me exigió evitar que el expriísta fuera candidato por Acción Nacional. Consciente de no poder “bajar” a un precandidato, porque hubiera sido un atropello violatorio de los derechos ciudadanos, opté por intentar que Yunes permaneciera en el gobierno, lo que en efecto ocurrió.
De vetado a funcionario
Para mi sorpresa y a pesar de esta iracunda animadversión, cuando el presidente formó su equipo de gobierno incorporó a Miguel Ángel. Quien meses atrás había vetado a Yunes con severas acusaciones, ahora lo hacía titular de una importante dependencia: el ISSSTE.
Después se especuló que dicho nombramiento —como otros— era el pago de algún favor político a Elba Esther Gordillo. Versión que me confirmó el propio Yunes justo antes de ser designado precandidato único por el CEN, al decirme que en 2006 había apoyado a Felipe Calderón desde la contienda interna del PAN porque así se había negociado con “la maestra”.
Me quedó claro que Calderón sólo había recurrido a mí para que yo pagara el costo de no hacer candidato a Yunes, como le hizo saber a “la maestra”. Durante aquella campaña ella me reclamó que no estaba concediéndole las candidaturas acordadas con “el candidato”, refiriéndose a Felipe Calderón.
Efectivamente: pese a la negociación Calderón-Gordillo, que yo desconocía, me negué a dar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) las quince candidaturas plurinominales que encabezan las circunscripciones y cuya designación recae en el CEN; tampoco cedí algunas candidaturas al Senado de la República. Me pareció innecesario y de alto riesgo político conceder esas posiciones a alguien que no nos garantizaba un respaldo seguro para ganar la presidencia. Era como traicionar al PAN. También me rehusé, ante la insistencia de Calderón, a formular a los miembros del Comité Nacional, como iniciativa propia, la propuesta de ceder tales espacios.
Más debate público y menos línea
En la última sesión del CEN quise hablar sobre el tema y proponer que se acordara, antes de designar candidato, preguntar al presidente Calderón por qué cambió su posición frente a Yunes, cómo pasó de ser un adversario a un destacado funcionario en su gobierno. Que se le preguntara si la “línea” y presión ejercida a algunos miembros del CEN para que se votara por Yunes obedecía a otro compromiso con “la maestra”, hecho a espaldas de los veracruzanos y los panistas.
Sin embargo, cuando solicité el uso de la palabra y expresé mi preocupación porque Yunes fuera designado sin hacer antes algunas aclaraciones, en forma inusual y “por mayoría de votos” me fue negado el derecho a hablar ante el pleno del Comité Nacional. Asumí que la línea era designar a Miguel Ángel, lo que pude corroborar con algunos miembros del CEN.
Por un PAN independiente
No acepto que el gobierno siga tomando las decisiones que corresponden al Partido Acción Nacional. Tampoco que la dirigencia del PAN sustituya a los militantes para elegir candidatos y dirigentes. Ambas actitudes atentan contra nuestra trayectoria democrática y contra nuestras convicciones. Por todo ello, me deslindo de la decisión tomada por el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido.
Creo que es hora de que todos los ciudadanos tomemos conciencia de que no podemos permitir una regresión hacia el esquema del partido de Estado, pues ello no sólo hace mal al gobierno y al PAN, sino al sistema político en general y a la vida republicana. Especialmente para los panistas, es la hora de volver a empezar, pues no se trata de ganar el gobierno y perder los principios.
lunes, 22 de febrero de 2010
Laicidad y laicismo
A raíz de la reciente reforma al artículo 40 de nuestra Carta Magna y de las discusiones relacionadas con la legislación del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, temas de gran sensibilidad para la sociedad mexicana, en las últimas semanas se ha reavivado la siempre interesante discusión sobre la separación entre el Estado y las iglesias. Dicha discusión tuvo como expresión más trascendente un debate convocado por el Senado de la República con el tema de "Laicidad y Democracia”.
Muy seguramente este debate nunca se agotará porque aun cuando la comunidad política y las diversas iglesias son independientes, autónomas y tienen funciones de naturaleza distinta, comparten un interés primordial: servir a la vocación personal y social del ser humano. Por ello, de manera inevitable, los hombres de fe y los hombres públicos a veces se cruzan, a veces coinciden y a veces chocan.
Iglesias y partidos políticos
Afortunadamente en México este tema ha llegado a un consenso generalizado. Incluso quienes hemos sido formados bajo la égida de los principios de la democracia cristiana, reconocemos que las iglesias no son sujetos políticos, aunque sean sujetos sociales. Defendemos su derecho a hacer valoraciones que impactan a la convivencia social en términos ético-religiosos, pero señalamos la incorrección de que participen en política, así como las faltas en que incurren al calificar determinada forma de gobierno como la mejor o pronunciarse –sea a favor o en contra– de un partido.
También respaldamos sin cortapisas, aún reconociéndonos creyentes, que los ministros de los diversos cultos no pueden aspirar a cargos de elección popular o de gobierno, pues ninguno de sus roles se desempeña dentro de la política partidista. Por supuesto que esta limitación no va en detrimento de su derecho a elegir sus gobernantes, como ciudadanos que son.
A quienes siendo creyentes nos dedicamos a la política nos debe ser respetado el derecho humano a ejercer tanto en público como en privado el culto que profesamos, sin importar su denominación. Es posible ser simultáneamente un político y un creyente, sin esconder la propia fe, siempre y cuando no se busque imponerla al gobierno, a la sociedad o al Estado.
Que la laicidad no degenere en laicismo
En diversas expresiones ventiladas en los debates que hoy se dirimen, tanto en los medios como el ya mencionado en el Senado, se percibe un preocupante tono que va más allá de la laicidad para instalarse en el laicismo.
En una sociedad que busca engrandecerse democráticamente en todos sus ámbitos, ello es especialmente preocupante, pues podría atentar contra uno de los derechos humanos más elementales, tutelado tanto por nuestra Constitución como por la Declaración de las Naciones Unidas: la libertad de cultos.
Proteger al Estado no significa atentar contra las prerrogativas de protestantes, evangélicos, musulmanes, católicos, miembros de la comunidad judía o practicantes de cualquiera de los cientos de religiones autóctonas practicadas por nuestras etnias. Todo lo contrario: un Estado genuinamente laico se asegura de que todos sus integrantes estén unidos por el lazo supremo del ejercicio libre e irrestricto de sus libertades democráticas, entre las cuales no es la menor la de vivir una fe.
Hay una autonomía fundamental de la persona frente al Estado; al mismo sólo debe consagrarse una parte de ésta, mientras otra permanece privada, inviolable, íntima y esencialmente libre. Es fundamental preservar esa parcela de soberanía personal, pues en ella florecen la fe y la religiosidad. Impedir que el Estado invada el campo de la conciencia es imprescindible para garantizar la dignidad del ser humano.
Como parte de nuestro proceso de transición política, tengo la certeza en que seguiremos avanzando en el fortalecimiento de las prerrogativas de todos los mexicanos y que alcanzaremos la madurez democrática, construyendo un Estado pleno de laicidad y carente de laicismo.
Muy seguramente este debate nunca se agotará porque aun cuando la comunidad política y las diversas iglesias son independientes, autónomas y tienen funciones de naturaleza distinta, comparten un interés primordial: servir a la vocación personal y social del ser humano. Por ello, de manera inevitable, los hombres de fe y los hombres públicos a veces se cruzan, a veces coinciden y a veces chocan.
Iglesias y partidos políticos
Afortunadamente en México este tema ha llegado a un consenso generalizado. Incluso quienes hemos sido formados bajo la égida de los principios de la democracia cristiana, reconocemos que las iglesias no son sujetos políticos, aunque sean sujetos sociales. Defendemos su derecho a hacer valoraciones que impactan a la convivencia social en términos ético-religiosos, pero señalamos la incorrección de que participen en política, así como las faltas en que incurren al calificar determinada forma de gobierno como la mejor o pronunciarse –sea a favor o en contra– de un partido.
También respaldamos sin cortapisas, aún reconociéndonos creyentes, que los ministros de los diversos cultos no pueden aspirar a cargos de elección popular o de gobierno, pues ninguno de sus roles se desempeña dentro de la política partidista. Por supuesto que esta limitación no va en detrimento de su derecho a elegir sus gobernantes, como ciudadanos que son.
A quienes siendo creyentes nos dedicamos a la política nos debe ser respetado el derecho humano a ejercer tanto en público como en privado el culto que profesamos, sin importar su denominación. Es posible ser simultáneamente un político y un creyente, sin esconder la propia fe, siempre y cuando no se busque imponerla al gobierno, a la sociedad o al Estado.
Que la laicidad no degenere en laicismo
En diversas expresiones ventiladas en los debates que hoy se dirimen, tanto en los medios como el ya mencionado en el Senado, se percibe un preocupante tono que va más allá de la laicidad para instalarse en el laicismo.
En una sociedad que busca engrandecerse democráticamente en todos sus ámbitos, ello es especialmente preocupante, pues podría atentar contra uno de los derechos humanos más elementales, tutelado tanto por nuestra Constitución como por la Declaración de las Naciones Unidas: la libertad de cultos.
Proteger al Estado no significa atentar contra las prerrogativas de protestantes, evangélicos, musulmanes, católicos, miembros de la comunidad judía o practicantes de cualquiera de los cientos de religiones autóctonas practicadas por nuestras etnias. Todo lo contrario: un Estado genuinamente laico se asegura de que todos sus integrantes estén unidos por el lazo supremo del ejercicio libre e irrestricto de sus libertades democráticas, entre las cuales no es la menor la de vivir una fe.
Hay una autonomía fundamental de la persona frente al Estado; al mismo sólo debe consagrarse una parte de ésta, mientras otra permanece privada, inviolable, íntima y esencialmente libre. Es fundamental preservar esa parcela de soberanía personal, pues en ella florecen la fe y la religiosidad. Impedir que el Estado invada el campo de la conciencia es imprescindible para garantizar la dignidad del ser humano.
Como parte de nuestro proceso de transición política, tengo la certeza en que seguiremos avanzando en el fortalecimiento de las prerrogativas de todos los mexicanos y que alcanzaremos la madurez democrática, construyendo un Estado pleno de laicidad y carente de laicismo.
lunes, 15 de febrero de 2010
La hora de rescatar al PAN
El PAN está pagando facturas políticas muy caras por haber borrado la frontera entre partido y gobierno, por haber permitido que el poder suplantara las decisiones que legítimamente deben tomar los órganos internos de Acción Nacional.
Por ello, explicar por sí misma la renuncia de Fernando Gómez Mont a su militancia panista es un ejercicio de negación. Este golpe al PAN sólo se entiende en la lógica de un deterioro político que ha aumentado proporcionalmente a la pérdida de autonomía del partido.
Desde el momento en que el presidente del partido se convirtió en un subordinado y el PAN en una dependencia, se tomó la ruta de colisión que hoy tiene al panismo en crisis.
Gómez Mont y sus acuerdos oscuros
Es un secreto a voces que Fernando Gómez Mont ofreció al PRI, hablando por el Presidente, bloquear las alianzas electorales del PAN con otros partidos. Aunque hoy muchos jilgueros y testaferros alaban al ex panista como un ejemplo de congruencia por su renuncia, la verdad es que incurrió en una absoluta falta de responsabilidad al hacer ese compromiso, que le correspondía única y exclusivamente al Partido Acción Nacional. No es que esté honrando la palabra empeñada, es que de entrada actuó sin fundamento ético o institucional alguno.
Al igual que en los tiempos más autoritarios de México, el secretario de gobernación actuó como si el partido en el poder fuera una unidad gubernamental más, como si los militantes panistas no contaran y no tuvieran la más mínima capacidad de decisión o espacios de autonomía.
Desgraciadamente, Gómez Mont no se conduce por sí mismo ni sus acciones son algo nuevo. Es sólo uno más de varios panistas expertos en obedecer pero pésimos para salvaguardar las tradiciones democráticas del partido o para mostrar iniciativa, panistas con corazón autoritario dispuestos a seguir órdenes aun cuando sean en detrimento de la institución que los forjó. El empoderamiento de los sumisos será la única memoria que se guarde del calderonismo.
Esta política no sólo es falta de ética y de sentido democrático. Es, además, mala política. Nadie puede creer que Gómez Mont o César Nava hayan actuado sin coordinación o en contra de la voluntad del presidente. No hay nada en su historial político que hoy permita pensar que tienen voluntad suficiente para tomar decisiones propias, sin el visto bueno de su jefe supremo. Por ello, en los aliados electorales del PAN, los perredistas, hay desconfianza; y en los aliados legislativos, los priístas, un ánimo de buscar el desquite tras el burdo montaje que se buscó hacerles creer.
Cuidar al PAN
Al tomar la decisión de renunciar a su militancia, Gómez Mont ha cuidado al gobierno, lo que es su trabajo. Las últimas dos dirigencias del PAN han cuidado al Presidente del país. Pero ninguno de ellos ha recordado cuidar al partido. Una de las grandes luchas históricas del PAN ha sido la separación entre el gobierno y el partido que le dio origen. Se ha comprobado una vez más la validez de dicha tesis, pues estamos padeciendo las consecuencias de que un gobierno haya hecho ofrecimientos que le correspondían únicamente a un partido.
Únicamente en la militancia existe la esperanza de reencontrar al partido con su identidad democrática. Es necesario retomar la convicción histórica de hacer del PAN instrumento de la sociedad y no del gobierno. Hay que apoyar al Presidente, hay que apoyar al Partido, pero sin perder jamás nuestros principios y sin alejarnos de los caminos trazados por nuestra doctrina.
Hago un llamado a la dirigencia nacional y a las dirigencias estatales a cuidar al PAN. Aprendamos de esta lamentable experiencia para que no se vuelva a repetir. Una vez más insisto en mi llamado al presidente Felipe Calderón a que deje a su partido decidir su propio destino político. Las consecuencias de no hacerlo están a la vista de todos.
Ésta es la más clara señal de que los panistas debemos volver a empezar, retomando nuestras tradiciones democráticas, abrazando con fuerza nuestra mística de servicio a la sociedad y reconquistando la independencia del poder que da identidad, congruencia y fuerza a nuestro partido.
Por ello, explicar por sí misma la renuncia de Fernando Gómez Mont a su militancia panista es un ejercicio de negación. Este golpe al PAN sólo se entiende en la lógica de un deterioro político que ha aumentado proporcionalmente a la pérdida de autonomía del partido.
Desde el momento en que el presidente del partido se convirtió en un subordinado y el PAN en una dependencia, se tomó la ruta de colisión que hoy tiene al panismo en crisis.
Gómez Mont y sus acuerdos oscuros
Es un secreto a voces que Fernando Gómez Mont ofreció al PRI, hablando por el Presidente, bloquear las alianzas electorales del PAN con otros partidos. Aunque hoy muchos jilgueros y testaferros alaban al ex panista como un ejemplo de congruencia por su renuncia, la verdad es que incurrió en una absoluta falta de responsabilidad al hacer ese compromiso, que le correspondía única y exclusivamente al Partido Acción Nacional. No es que esté honrando la palabra empeñada, es que de entrada actuó sin fundamento ético o institucional alguno.
Al igual que en los tiempos más autoritarios de México, el secretario de gobernación actuó como si el partido en el poder fuera una unidad gubernamental más, como si los militantes panistas no contaran y no tuvieran la más mínima capacidad de decisión o espacios de autonomía.
Desgraciadamente, Gómez Mont no se conduce por sí mismo ni sus acciones son algo nuevo. Es sólo uno más de varios panistas expertos en obedecer pero pésimos para salvaguardar las tradiciones democráticas del partido o para mostrar iniciativa, panistas con corazón autoritario dispuestos a seguir órdenes aun cuando sean en detrimento de la institución que los forjó. El empoderamiento de los sumisos será la única memoria que se guarde del calderonismo.
Esta política no sólo es falta de ética y de sentido democrático. Es, además, mala política. Nadie puede creer que Gómez Mont o César Nava hayan actuado sin coordinación o en contra de la voluntad del presidente. No hay nada en su historial político que hoy permita pensar que tienen voluntad suficiente para tomar decisiones propias, sin el visto bueno de su jefe supremo. Por ello, en los aliados electorales del PAN, los perredistas, hay desconfianza; y en los aliados legislativos, los priístas, un ánimo de buscar el desquite tras el burdo montaje que se buscó hacerles creer.
Cuidar al PAN
Al tomar la decisión de renunciar a su militancia, Gómez Mont ha cuidado al gobierno, lo que es su trabajo. Las últimas dos dirigencias del PAN han cuidado al Presidente del país. Pero ninguno de ellos ha recordado cuidar al partido. Una de las grandes luchas históricas del PAN ha sido la separación entre el gobierno y el partido que le dio origen. Se ha comprobado una vez más la validez de dicha tesis, pues estamos padeciendo las consecuencias de que un gobierno haya hecho ofrecimientos que le correspondían únicamente a un partido.
Únicamente en la militancia existe la esperanza de reencontrar al partido con su identidad democrática. Es necesario retomar la convicción histórica de hacer del PAN instrumento de la sociedad y no del gobierno. Hay que apoyar al Presidente, hay que apoyar al Partido, pero sin perder jamás nuestros principios y sin alejarnos de los caminos trazados por nuestra doctrina.
Hago un llamado a la dirigencia nacional y a las dirigencias estatales a cuidar al PAN. Aprendamos de esta lamentable experiencia para que no se vuelva a repetir. Una vez más insisto en mi llamado al presidente Felipe Calderón a que deje a su partido decidir su propio destino político. Las consecuencias de no hacerlo están a la vista de todos.
Ésta es la más clara señal de que los panistas debemos volver a empezar, retomando nuestras tradiciones democráticas, abrazando con fuerza nuestra mística de servicio a la sociedad y reconquistando la independencia del poder que da identidad, congruencia y fuerza a nuestro partido.
martes, 9 de febrero de 2010
Incompatibilidad política del PAN con el PRD
Ningún partido, que se precie de ser demócrata, puede decidirse a forjar una coalición política sin una profunda reflexión y un nutrido diálogo. Por ello, durante las últimas semanas he mantenido un estrecho contacto con panistas de todo el país y he estado varias veces en Chihuahua, Durango, Puebla, Zacatecas, Nuevo León, Tlaxcala, Estado de México y Oaxaca, así como en el Distrito Federal, para fomentar el debate y el intercambio de información.
Aunque cada estado tiene sus particularidades políticas, pesa un factor común a todos los militantes: existe una gran inquietud y serias dudas sobre la congruencia de aliarse con el partido de la Revolución Democrática. Dudan, y con sobrada razón, de su sinceridad democrática.
Ya he dicho en reiteradas ocasiones que las coaliciones electorales son una opción válida en democracia. Que son una oportunidad para evitar confrontaciones estériles por razones ideológicas, para privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias programáticas. Pero he insistido también en que sólo es ético recurrir a ellas cuando las inspira una causa superior de bien común y no una ambición de poder, el precipitado deseo de suplantar un régimen establecido o un simple revanchismo político.
Sostengo que Acción Nacional —mi partido— no puede traicionarse a sí mismo empeñando el futuro del pueblo, ni el propio, en una aventura electoral con el Partido de la Revolución Democrática, cuyos militantes merecen mi respeto en tanto personas, pero que como organización partidaria son un riesgo para la consolidación democrática de México. Y argumento por qué:
Por congruencia con nuestra trayectoria. Tenemos un programa de acción sustentable, cimentado en una doctrina humanista, que no es compatible con el programa populista y demagógico, carente de principios, del PRD. Somos un partido de exigencias máximas que para ganar una elección busca convencer a los ciudadanos, persuadir su voluntad en favor de nuestras propuestas y nuestros candidatos. No espera victorias acumulando fuerza política bruta con un partido que sólo de eso dispone para ganar.
Por respeto a nosotros mismos y a la vida institucional de México. El 2006 ganamos la Presidencia de la República en las urnas. Lo hicimos sin alianza electoral, con el esfuerzo de nuestros militantes y el respaldo de los ciudadanos. Hoy es día en que el PRD y quien fue su candidato perdedor, no sólo no reconocen nuestro triunfo, sino que han llamado “espurio” al presidente Felipe Calderón, se niegan a reconocer su investidura y sistemáticamente se oponen a sus iniciativas y a las del PAN en el Congreso Federal.
Por sentido de responsabilidad. No podemos sumar nuestro esfuerzo a un partido que sin recato suele violentar la ley y el orden para imponer su voluntad; que ha justificado acciones violentas como las de la APPO en Oaxaca. O que ha sido solidario con movimientos armados como el EPR o el EZLN. Por algo Felipe Calderón se refirió a ése partido y a su excandidato presidencial como “un peligro para México”.
Por elemental sentido común. Para no desmotivar a nuestros militantes ni confundir a nuestros simpatizantes. Quienes han sido el soporte fundamental de nuestra permanencia política por setenta años y han sido pacientes para esperar a que nuestras propuestas fructifiquen en las urnas.
Por experiencia. Aliados al PRD, ya fuimos parte de precipitaciones electoreras que resultaron perdedoras. Las que fueron exitosas en las urnas, resultaron un completo desastre en el gobierno: Nayarit y Chiapas, donde los gobiernos hicieron más mal que bien, y donde decepcionamos a muchos ciudadanos que habían creído en nosotros.
Por recomendación de nuestros fundadores. Gómez Morin nos enseñó que no podemos consentir el bien mal hecho porque es peor que el mal y aniquila la esperanza. González Luna nos advirtió que no debíamos arriesgar el destino de México en un episodio electoral. Una alianza del PAN con el PRD equivale a hacer mal el bien y representa un riesgo cortoplacista.
Coaliciones, ¿estrategia o tentación?
Estas conclusiones —a las cuales no he arribado solo, sino auxiliado por el pensamiento y la palabra de muchos compañeros— hacen posible pensar que, últimamente, el PAN no ha cumplido del todo con su tarea de formar líderes y construir una estructura que hoy le permitan competir al mejor nivel. Por lo tanto, las coaliciones se presentan como un atajo para alcanzar los resultados electorales que no se ha sabido construir avanzando por el camino recto del trabajo cotidiano.
Para evitar caer en esta tentación, es necesario asegurarnos que todas las coaliciones cumplan con los requisitos que garantizan su validez democrática, principalmente el de estar firmemente cimentadas en un proyecto con alcances postelectorales. Sólo así podremos hacer que las coaliciones fortalezcan institucionalmente a los partidos y se conviertan en un factor de cambio positivo y democratizador para la sociedad mexicana.
Aunque cada estado tiene sus particularidades políticas, pesa un factor común a todos los militantes: existe una gran inquietud y serias dudas sobre la congruencia de aliarse con el partido de la Revolución Democrática. Dudan, y con sobrada razón, de su sinceridad democrática.
Ya he dicho en reiteradas ocasiones que las coaliciones electorales son una opción válida en democracia. Que son una oportunidad para evitar confrontaciones estériles por razones ideológicas, para privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias programáticas. Pero he insistido también en que sólo es ético recurrir a ellas cuando las inspira una causa superior de bien común y no una ambición de poder, el precipitado deseo de suplantar un régimen establecido o un simple revanchismo político.
Sostengo que Acción Nacional —mi partido— no puede traicionarse a sí mismo empeñando el futuro del pueblo, ni el propio, en una aventura electoral con el Partido de la Revolución Democrática, cuyos militantes merecen mi respeto en tanto personas, pero que como organización partidaria son un riesgo para la consolidación democrática de México. Y argumento por qué:
Por congruencia con nuestra trayectoria. Tenemos un programa de acción sustentable, cimentado en una doctrina humanista, que no es compatible con el programa populista y demagógico, carente de principios, del PRD. Somos un partido de exigencias máximas que para ganar una elección busca convencer a los ciudadanos, persuadir su voluntad en favor de nuestras propuestas y nuestros candidatos. No espera victorias acumulando fuerza política bruta con un partido que sólo de eso dispone para ganar.
Por respeto a nosotros mismos y a la vida institucional de México. El 2006 ganamos la Presidencia de la República en las urnas. Lo hicimos sin alianza electoral, con el esfuerzo de nuestros militantes y el respaldo de los ciudadanos. Hoy es día en que el PRD y quien fue su candidato perdedor, no sólo no reconocen nuestro triunfo, sino que han llamado “espurio” al presidente Felipe Calderón, se niegan a reconocer su investidura y sistemáticamente se oponen a sus iniciativas y a las del PAN en el Congreso Federal.
Por sentido de responsabilidad. No podemos sumar nuestro esfuerzo a un partido que sin recato suele violentar la ley y el orden para imponer su voluntad; que ha justificado acciones violentas como las de la APPO en Oaxaca. O que ha sido solidario con movimientos armados como el EPR o el EZLN. Por algo Felipe Calderón se refirió a ése partido y a su excandidato presidencial como “un peligro para México”.
Por elemental sentido común. Para no desmotivar a nuestros militantes ni confundir a nuestros simpatizantes. Quienes han sido el soporte fundamental de nuestra permanencia política por setenta años y han sido pacientes para esperar a que nuestras propuestas fructifiquen en las urnas.
Por experiencia. Aliados al PRD, ya fuimos parte de precipitaciones electoreras que resultaron perdedoras. Las que fueron exitosas en las urnas, resultaron un completo desastre en el gobierno: Nayarit y Chiapas, donde los gobiernos hicieron más mal que bien, y donde decepcionamos a muchos ciudadanos que habían creído en nosotros.
Por recomendación de nuestros fundadores. Gómez Morin nos enseñó que no podemos consentir el bien mal hecho porque es peor que el mal y aniquila la esperanza. González Luna nos advirtió que no debíamos arriesgar el destino de México en un episodio electoral. Una alianza del PAN con el PRD equivale a hacer mal el bien y representa un riesgo cortoplacista.
Coaliciones, ¿estrategia o tentación?
Estas conclusiones —a las cuales no he arribado solo, sino auxiliado por el pensamiento y la palabra de muchos compañeros— hacen posible pensar que, últimamente, el PAN no ha cumplido del todo con su tarea de formar líderes y construir una estructura que hoy le permitan competir al mejor nivel. Por lo tanto, las coaliciones se presentan como un atajo para alcanzar los resultados electorales que no se ha sabido construir avanzando por el camino recto del trabajo cotidiano.
Para evitar caer en esta tentación, es necesario asegurarnos que todas las coaliciones cumplan con los requisitos que garantizan su validez democrática, principalmente el de estar firmemente cimentadas en un proyecto con alcances postelectorales. Sólo así podremos hacer que las coaliciones fortalezcan institucionalmente a los partidos y se conviertan en un factor de cambio positivo y democratizador para la sociedad mexicana.
martes, 2 de febrero de 2010
Se los dije: Beltrones va
“Cada vez que un hombre mira con codicia un cargo,
una podredumbre inicia en su conducta”
Thomas Jefferson
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una podredumbre inicia en su conducta”
Thomas Jefferson
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La candidatura presidencial de Manlio Fabio Beltrones ya es una realidad. Este jueves 28 de enero, ante la pregunta de si buscará ser candidato presidencial, el sonorense respondió a Carmen Aristegui: “decir que no me gustaría sería falso y no quiero caer en una actitud hipócrita al respecto””.
Añadió que contendrá por la candidatura si las condiciones de la política nacional y dentro del Partido Revolucionario Institucional así se lo permiten. “Esperaré hasta 2011 y tomaré mi decisión”, añadió Beltrones, lo cual podría interpretarse como cautela sólo si viniera de otra persona; tratándose de Manlio Fabio lo más probable es que sea uno más de sus embelecos de prestidigitador político.
Lo único que me sorprendió del autodestape del senador es que la prensa lo difundiera como una noticia. Desde hace años que esta candidatura se ha venido consolidando de manera soterrada, casi clandestina, muy al estilo de Beltrones.
Aprovechándose de la poca prudencia del gobierno federal —que tantos privilegios le ha concedido, fortaleciendo a su más peligroso contrincante— y de la corta visión de muchos analistas y políticos, el más destacado aprendiz de Gutiérrez Barrios ha tejido redes de apoyo político no sólo en las estructuras de su partido, sino dentro de la propia arquitectura del Estado.
Desde hace años he sabido de este furtivo proyecto y que su éxito sería letal para nuestra democracia. Si Manlio Fabio Beltrones llega a reinar desde la silla presidencial, el más oscuro autoritarismo, el espionaje, la represión y la visión policiaca de la política se apoderarán de nuestra vida pública.
Los peores males de la política vienen de la mano de la precipitación, del apresuramiento, de lo que coloquialmente llamamos “prontismo”. Fijar una posición apresuradamente y sin dejar tiempo para prever los acontecimientos, leerlos e interpretarlos, puede tener consecuencias fatales. Para comprobarlo, basta con preguntar a todos quienes ignoraron durante años las intenciones presidenciales de Beltrones y hoy no les basta el día para arrepentirse de haberlo encumbrado.
Por ello, en 2008 publiqué mi primer libro “Señal de Alerta, advertencia de una regresión política”. Cumpliendo con un deber cívico y asumiendo los riesgos que conlleva señalar a un hombre como Manlio Fabio Beltrones, escribí que “se le ha permitido acumular un enorme poder que utiliza para codirigir la política nacional y fortalecer sus posibilidades de llegar a Los Pinos como titular del Ejecutivo Federal en 2010, o de colocar ahí a quien sirva a sus intereses”.
También afirmé que “en la expectativa de que apoye al gobierno, se le han concedido atribuciones que otros no tienen y que se antojan desproporcionadas al fin pretendido, como darle el carácter de gestor de recursos y puestos a cargo del Ejecutivo Federal y permitirle disponer de ellos para favorecer a gobiernos municipales y estatales a conveniencia de su proyecto”.
Indiqué de manera explícita que se incurre en “una equivocación del Ejecutivo al encumbrar a ciertos personajes que han dañado al país en el pasado aún reciente y otorgarles un poder que puede ser usado en su contra, o de Acción Nacional… El Presidente sabe de las ambiciones de Manlio, a quien conoce como enemigo del PAN; así consta en estas páginas, cuyo contenido es mi argumento para prevenir una regresión, no al viejo sistema político que ya se fue, sino al método unipersonal de gobierno absolutista y omnímodo a partir de personaje que no conoce otra forma de ejercer el poder que no sea desde sí mismo y no de las instituciones. Ya lo está demostrando desde ahora, sin siquiera tener el poder formal”.
Así que no nos engañemos: si hoy Manlio se permite anunciar sus intenciones presidenciales es porque ha consolidado una base de poder que le permite hacerlo; y ese poder no lo ha construido él, se lo han brindado de manera imprudente a cambio de apoyos a reformas legislativas que nunca llegó a concretar.
En cada una de las más de 30 presentaciones de Señal de Alerta tuve que soportar que alguien descalificara, a veces hasta de manera condescendiente, la tesis de que Beltrones buscaría ser candidato a la presidencia.
Me argumentaron que su imagen es demasiado tenebrosa, su desprestigio demasiado pesado, sus antecedentes demasiado escabrosos. Se dijo que su inteligencia —lo único brillante en su oscura personalidad— le impediría considerar ese objetivo porque sabía que le era imposible alcanzarlo. Y, pesar de todo, Beltrones va y va con fuerza.
Manlio había estado engañando a la clase política y al pueblo de México y jugando con Enrique Peña Nieto, disfrazando sus intenciones. Pero el tiempo de fingir ha pasado. Hoy sabemos que buscará ser Presidente y que incluso si permite a Peña Nieto llegar a “la grande”, será sólo para que presida el país bajo su pesada sombra.
Cerrar el paso al autoritarismo
En la portada de mi libro está una fotografía en la que Felipe Calderón, con la banda presidencial al pecho, toma la mano de Manlio Fabio Beltrones tras tomar posesión. Elegí esa imagen para advertir que lo peor que le podría pasar a México sería verla hecha espejo en diciembre de 2012. Imaginar las Fuerzas Armadas, las policías, el CISEN, la hacienda pública y la conducción política del país en las manos de Manlio Fabio Beltrones dibuja el escenario de una catástrofe.
La advertencia está hecha, una vez más, y espero que esta vez sea escuchada. Todo ciudadano honesto tiene el deber irrenunciable de oponerse a Manlio Fabio Beltrones. Si detentando el poder informal ha causado tanto daño, con el poder formal en sus manos Beltrones firmaría el certificado de defunción de la democracia mexicana.
lunes, 25 de enero de 2010
A la guerra sin estrategia
Ni los números ni la sangre mienten: 15 mil asesinatos en tres años. Atravesamos el peor conflicto armado que ha padecido la República en un siglo, desde la Revolución Mexicana.
Ante la inmensidad de este sacrificio humano, en las mentes de los ciudadanos la duda sustituye al aplauso, la reflexión y la preocupación han desbancado al apoyo, el miedo ha suplido a la incondicionalidad.
Lo peor es el ambiente de desinformación en el que viven todos los ciudadanos: desinformación que se traduce en zozobra, en miedo al futuro, en desesperanza, en ausencia de apoyo político para la guerra y los líderes que la encabezan.
Información, democracia y guerra
Uno de los peores errores que cometió el presidente George W. Bush fue aventurarse a una guerra sin tener objetivos claros, un diagnóstico confiable o la posibilidad de ganar.
Quizá por ello se vio en la necesidad de dividir al mundo en “buenos” y “malos”, de acuñar su infame frase de “los que no están con nosotros están con los terroristas” e iniciar una campaña de desinformación y restricción de las libertades cívicas.
A pesar de sus desastrosos resultados, estas tácticas maniqueas han tenido sus imitadores. Por ejemplo, quienes hemos expresado dudas hemos sido tachados de ingenuos: no ha habido argumentos, debate o intercambio de ideas, tan sólo una descalificación a priori. Incluso se ha repetido la falacia de que expresar dudas o hacer cuestionamientos es ponerse del lado del enemigo.
Se ha utilizado la técnica propagandística de tergiversar las palabras de aquél a quien no se quiere escuchar. Por ejemplo, mucho se dijo que quienes pedíamos revisar la estrategia estábamos solicitando que el Ejército regresara a los cuarteles y el gobierno federal se rindiera. Nada más lejos de la verdad.
La desinformación también se ha hecho presente, pues los mexicanos desconocemos qué tan alta es la apuesta que el gobierno ha hecho, qué está arriesgando México y qué beneficios se obtendrían en caso de ganar la guerra.
Quizá lo más grave es que desconocemos qué significa la victoria. No se ha establecido bajo qué condiciones podremos decir que hemos ganado. Ante los ojos de la ciudadanía, esta es una guerra sin rumbo, sin objetivos, sin una ruta definida hacia el triunfo.
A juzgar por lo que se ve, la estrategia consiste en poner retenes, patrullar las calles aleatoriamente, esperar pitazos y confiar en la suerte.
Además, pareciera que esta estrategia se basa sólo en la fuerza bruta. Los ciudadanos no hemos sabido de grandes acuerdos entre los diferentes componentes del Estado; no hemos presenciado campañas educativas a gran escala; desconocemos si hay esfuerzos para ahogar económicamente a los criminales; no nos han sido presentados programas sociales capaces de reorientar la dinámica de las comunidades carcomidas por el crimen.
Por supuesto que no es pertinente ni deseable que una estrategia se revele indiscriminadamente, pues ello alertaría a los delincuentes y pondría en riesgo a las fuerzas policiacas y militares. Sin embargo, en una democracia el gobernante tiene la obligación de dialogar, de convencer, de dar la cara y de unir con su liderazgo a los ciudadanos en un esfuerzo común.
El arte de la guerra… mediática
Lo que sí hemos visto, quizá demasiado, son spots, desplegados periodísticos e inserciones pagadas, así como un trabajo de operación política para aplastar todo cuestionamiento y buscar la unanimidad, el pensamiento único.
Hay un esfuerzo permanente de alta intensidad para convencernos de que los arrestos de narcotraficantes y los decomisos justifican que haya estados sumidos en la violencia, que tengamos economías regionales colapsadas y que millones de inocentes vivan en la indefensión ante los delincuentes que la ofensiva del gobierno federal ha exacerbado.
Sin embargo, los ciudadanos e incluso miembros prominentes del Estado están mostrando niveles de preocupación cada vez más altos. Ya va siendo hora de que se nos explique —con razones y no con publicidad, con información y no con consignas— si tanta sangre ha valido la pena, si la guerra ha traído más beneficios que perjuicios, si México puede aspirar a vivir de nuevo en paz.
Ante la inmensidad de este sacrificio humano, en las mentes de los ciudadanos la duda sustituye al aplauso, la reflexión y la preocupación han desbancado al apoyo, el miedo ha suplido a la incondicionalidad.
Lo peor es el ambiente de desinformación en el que viven todos los ciudadanos: desinformación que se traduce en zozobra, en miedo al futuro, en desesperanza, en ausencia de apoyo político para la guerra y los líderes que la encabezan.
Información, democracia y guerra
Uno de los peores errores que cometió el presidente George W. Bush fue aventurarse a una guerra sin tener objetivos claros, un diagnóstico confiable o la posibilidad de ganar.
Quizá por ello se vio en la necesidad de dividir al mundo en “buenos” y “malos”, de acuñar su infame frase de “los que no están con nosotros están con los terroristas” e iniciar una campaña de desinformación y restricción de las libertades cívicas.
A pesar de sus desastrosos resultados, estas tácticas maniqueas han tenido sus imitadores. Por ejemplo, quienes hemos expresado dudas hemos sido tachados de ingenuos: no ha habido argumentos, debate o intercambio de ideas, tan sólo una descalificación a priori. Incluso se ha repetido la falacia de que expresar dudas o hacer cuestionamientos es ponerse del lado del enemigo.
Se ha utilizado la técnica propagandística de tergiversar las palabras de aquél a quien no se quiere escuchar. Por ejemplo, mucho se dijo que quienes pedíamos revisar la estrategia estábamos solicitando que el Ejército regresara a los cuarteles y el gobierno federal se rindiera. Nada más lejos de la verdad.
La desinformación también se ha hecho presente, pues los mexicanos desconocemos qué tan alta es la apuesta que el gobierno ha hecho, qué está arriesgando México y qué beneficios se obtendrían en caso de ganar la guerra.
Quizá lo más grave es que desconocemos qué significa la victoria. No se ha establecido bajo qué condiciones podremos decir que hemos ganado. Ante los ojos de la ciudadanía, esta es una guerra sin rumbo, sin objetivos, sin una ruta definida hacia el triunfo.
A juzgar por lo que se ve, la estrategia consiste en poner retenes, patrullar las calles aleatoriamente, esperar pitazos y confiar en la suerte.
Además, pareciera que esta estrategia se basa sólo en la fuerza bruta. Los ciudadanos no hemos sabido de grandes acuerdos entre los diferentes componentes del Estado; no hemos presenciado campañas educativas a gran escala; desconocemos si hay esfuerzos para ahogar económicamente a los criminales; no nos han sido presentados programas sociales capaces de reorientar la dinámica de las comunidades carcomidas por el crimen.
Por supuesto que no es pertinente ni deseable que una estrategia se revele indiscriminadamente, pues ello alertaría a los delincuentes y pondría en riesgo a las fuerzas policiacas y militares. Sin embargo, en una democracia el gobernante tiene la obligación de dialogar, de convencer, de dar la cara y de unir con su liderazgo a los ciudadanos en un esfuerzo común.
El arte de la guerra… mediática
Lo que sí hemos visto, quizá demasiado, son spots, desplegados periodísticos e inserciones pagadas, así como un trabajo de operación política para aplastar todo cuestionamiento y buscar la unanimidad, el pensamiento único.
Hay un esfuerzo permanente de alta intensidad para convencernos de que los arrestos de narcotraficantes y los decomisos justifican que haya estados sumidos en la violencia, que tengamos economías regionales colapsadas y que millones de inocentes vivan en la indefensión ante los delincuentes que la ofensiva del gobierno federal ha exacerbado.
Sin embargo, los ciudadanos e incluso miembros prominentes del Estado están mostrando niveles de preocupación cada vez más altos. Ya va siendo hora de que se nos explique —con razones y no con publicidad, con información y no con consignas— si tanta sangre ha valido la pena, si la guerra ha traído más beneficios que perjuicios, si México puede aspirar a vivir de nuevo en paz.
Las coaliciones que México merece
El tema de las coaliciones se encuentra en ebullición en las más altas esferas del poder político mexicano. Gobernantes, legisladores, posibles candidatos y dirigentes partidistas negocian en público, en privado y en secreto, cuando se procesan acuerdos sin sustento ético; también hacen ofrecimientos, empeñan su palabra y debaten apasionadamente ante la perspectiva de generar coaliciones triunfadores para las elecciones de este 2010.
Las coaliciones son una expresión más de la vitalidad de nuestra democracia, una alternativa perfectamente legítima y válida. En otros países han posibilitado transiciones pacíficas y han sentado bases para gobiernos que han redefinido el rumbo de sus países.
Ejemplo de ello es la Concertación chilena, que reunió en un frente común a todos los partidos opositores al régimen militar de Augusto Pinochet. Gracias a la generosidad y a la pluralidad de sus integrantes —que van desde los socialistas hasta los liberales, pasando por mis compañeros democristianos— se logró acabar con la dictadura pinochetista.
De igual trascendencia fueron los Pactos de la Moncloa firmados en España en 1977. Esta alianza, que incluyó a los partidos con representación legislativa, abrió paso a una época de gran estabilidad política, crecimiento económico, florecimiento cultural y libertades sociales.
En la historia mexicana brilla la Alianza por el Cambio que sacó de Los Pinos al Partido Revolucionario Institucional tras siete décadas de la llamada “dictadura perfecta”. Nueve años después podemos ver que, aunque se alcanzaron sus objetivos inmediatos, el carecer de un programa que trascendiera lo electoral limitó sus logros. Faltó visión y acción para transformar el viejo sistema político en el que se montaron los gobiernos del PAN.
Las coaliciones que México no merece
Desgraciadamente, en algunas posibles coaliciones que se están discutiendo es evidente la falta de contenido y la estrechez de miras, el poder como objetivo único y meta final.
Me sorprende especialmente que haya partidos que compiten como aliados o como contrincantes dependiendo del estado en el que se encuentran, no de su doctrina o sus propuestas. Eso demuestra que únicamente les interesa destronar gobernadores y alcaldes, más no hacer realidad un proyecto conjunto.
No se trata sólo de amontonar siglas. Cuando carecen de ideas comunes y de una agenda política que las sustenten, las coaliciones sólo son una expresión de fuerza bruta que no proyecta evolución comunitaria.
Únicamente un proyecto sólido justifica una coalición que trascienda las ideologías y los legítimos intereses de los partidos. No basta con poner título y slogans a una alianza, hay que dotarla de contenido, definir alcances, prioridades, responsables, plazos y tareas.
Una coalición hueca, por el contrario, abre caminos a la división y al enfrentamiento. Tras la jornada electoral, los antiguos aliados se encuentran inmersos en una rebatinga por puestos, posiciones y espacios de poder.
Coaliciones y dedazos
Cualquier dirigente partidista experimentado sabe que siempre habrá gobernantes que busquen hacer avanzar su agenda personal, a costa del partido, impulsando o bloqueando coaliciones. Es deber de todo dirigente con visión de Estado recordar que no siempre lo mejor para uno de sus integrantes, por destacado que sea, es lo mejor para la institución.
La decisión de forjar o no una coalición debe tomarse sólo con el interés del país, del estado o del municipio en mente. Especialmente en este tema, las cúpulas gubernamentales deben respetar los ámbitos partidistas. Una coalición impuesta garantiza el fracaso.
Asimismo, es obligado que las coaliciones se armen de manera autónoma y subsidiaria por quienes las van a protagonizar. Es totalmente antidemocrático impedir que los ámbitos municipales y estatales se comporten con autonomía en esta materia. Aquí no hay espacio para el centralismo ni para los acuerdos ocultos.
Esperemos que los gobernantes, de todos los niveles, se muestren respetuosos de las decisiones que únicamente competen a los partidos. De no ser así, seguramente la militancia se verá obligada a hacer valer sus legítimos derechos.
Esperemos también ver en los próximos meses que se concreten coaliciones con contenido, con programa y ambiciones republicanas, con generosidad política y altura de miras; coaliciones que vigoricen el espíritu cívico y doten de dinamismo democrático a este 2010. Sólo así las coaliciones serán una aportación a la consolidación de la democracia mexicana.
Las coaliciones son una expresión más de la vitalidad de nuestra democracia, una alternativa perfectamente legítima y válida. En otros países han posibilitado transiciones pacíficas y han sentado bases para gobiernos que han redefinido el rumbo de sus países.
Ejemplo de ello es la Concertación chilena, que reunió en un frente común a todos los partidos opositores al régimen militar de Augusto Pinochet. Gracias a la generosidad y a la pluralidad de sus integrantes —que van desde los socialistas hasta los liberales, pasando por mis compañeros democristianos— se logró acabar con la dictadura pinochetista.
De igual trascendencia fueron los Pactos de la Moncloa firmados en España en 1977. Esta alianza, que incluyó a los partidos con representación legislativa, abrió paso a una época de gran estabilidad política, crecimiento económico, florecimiento cultural y libertades sociales.
En la historia mexicana brilla la Alianza por el Cambio que sacó de Los Pinos al Partido Revolucionario Institucional tras siete décadas de la llamada “dictadura perfecta”. Nueve años después podemos ver que, aunque se alcanzaron sus objetivos inmediatos, el carecer de un programa que trascendiera lo electoral limitó sus logros. Faltó visión y acción para transformar el viejo sistema político en el que se montaron los gobiernos del PAN.
Las coaliciones que México no merece
Desgraciadamente, en algunas posibles coaliciones que se están discutiendo es evidente la falta de contenido y la estrechez de miras, el poder como objetivo único y meta final.
Me sorprende especialmente que haya partidos que compiten como aliados o como contrincantes dependiendo del estado en el que se encuentran, no de su doctrina o sus propuestas. Eso demuestra que únicamente les interesa destronar gobernadores y alcaldes, más no hacer realidad un proyecto conjunto.
No se trata sólo de amontonar siglas. Cuando carecen de ideas comunes y de una agenda política que las sustenten, las coaliciones sólo son una expresión de fuerza bruta que no proyecta evolución comunitaria.
Únicamente un proyecto sólido justifica una coalición que trascienda las ideologías y los legítimos intereses de los partidos. No basta con poner título y slogans a una alianza, hay que dotarla de contenido, definir alcances, prioridades, responsables, plazos y tareas.
Una coalición hueca, por el contrario, abre caminos a la división y al enfrentamiento. Tras la jornada electoral, los antiguos aliados se encuentran inmersos en una rebatinga por puestos, posiciones y espacios de poder.
Coaliciones y dedazos
Cualquier dirigente partidista experimentado sabe que siempre habrá gobernantes que busquen hacer avanzar su agenda personal, a costa del partido, impulsando o bloqueando coaliciones. Es deber de todo dirigente con visión de Estado recordar que no siempre lo mejor para uno de sus integrantes, por destacado que sea, es lo mejor para la institución.
La decisión de forjar o no una coalición debe tomarse sólo con el interés del país, del estado o del municipio en mente. Especialmente en este tema, las cúpulas gubernamentales deben respetar los ámbitos partidistas. Una coalición impuesta garantiza el fracaso.
Asimismo, es obligado que las coaliciones se armen de manera autónoma y subsidiaria por quienes las van a protagonizar. Es totalmente antidemocrático impedir que los ámbitos municipales y estatales se comporten con autonomía en esta materia. Aquí no hay espacio para el centralismo ni para los acuerdos ocultos.
Esperemos que los gobernantes, de todos los niveles, se muestren respetuosos de las decisiones que únicamente competen a los partidos. De no ser así, seguramente la militancia se verá obligada a hacer valer sus legítimos derechos.
Esperemos también ver en los próximos meses que se concreten coaliciones con contenido, con programa y ambiciones republicanas, con generosidad política y altura de miras; coaliciones que vigoricen el espíritu cívico y doten de dinamismo democrático a este 2010. Sólo así las coaliciones serán una aportación a la consolidación de la democracia mexicana.
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