Durante la hegemonía del PRI en el poder político nacional era común hacer de la ley letra muerta. El país estaba acostumbrado a que el Presidente de México mandaba y los poderes Legislativo y Judicial obedecían. La subordinación ni siquiera llamaba la atención, era una regla no escrita del régimen forzosamente presidencialista. Muchos de quienes tenían conciencia de la necesaria vida institucional con apego al Estado de Derecho, por comodidad o conveniencia, optaban por encogerse de hombros y pasar por alto el absolutismo de Estado prevaleciente.
Cuando en 1990 el presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Carlos del Río Rodríguez, acudió a la juramentación de los mandatarios de Colombia y Perú, por encomienda del gobierno federal, el prestigiado licenciado Ignacio Burgoa denunció ante el Congreso lo que era una flagrante violación a la Constitución. Un ex presidente del Partido Acción Nacional también elevó su reclamo ante la opinión pública. José González Torres, que había dirigido al PAN de 1956 a 1958, tuvo el valor a que obliga la congruencia y destacó que el Presidente de la Suprema Corte aceptó y desempeñó el encargo de representar indebidamente al presidente de la República y quedó con ello, automáticamente, privado del cargo. Al continuar ejerciendo las funciones de Ministro, el panista que también había sido candidato presidencial en 1964 denunció que Carlos del Río incurrió en el delito tipificado en el código Penal como “ejercicio indebido del servicio público”.
De la denuncia a mi expulsión del PAN
Denunciar aquellos abusos de autoridad presidencial y reclamar la sumisión de un dignatario de la corte, fue motivo de reconocimiento en el PAN para quien dos años después renunciaría por voluntad propia a su militancia. Que también como expresidente de Acción Nacional yo denunciara los excesos del mandatario de la nación, Felipe Calderón, fue motivo de mi defenestración del partido, promovida por él mismo ya con el poder del gobierno. Expulsión que, acusado de exceso de libertad de expresión, aún se litiga en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Renuente al silencio humillante de quienes se quejan en voz baja, acusé al gobierno calderonista de imponerle indebidamente decisiones al partido, de someter a su voluntad caprichosa a gobiernos estatales y municipales emanados del PAN, de imponerle a éste candidatos cuyo mérito fundamental es la sumisión al Presidente de México, su relación de amigo o compadre, de pariente o de cómplice.
Presión calderonista al TEPJF
Para garantizar la independencia del Poder Judicial y el mejor cumplimiento de su delicada e importante función, a partir de 1994 tanto los ministros de la Suprema Corte como los magistrados y los jueces federales, así como secretarios y los miembros de la Judicatura Federal no pueden desempeñar ni aceptar otro encargo de la Federación. Como consecuencia de la incorporación del TEPJF al Poder Judicial, en este precepto también se incluyeron a los magistrados de su Sala superior. En lenguaje ordinario: no pueden ejercer un mandato del gobierno federal.
Al impugnar mi ilegal y arbitraria expulsión del PAN ante el TEPJF, me he percatado de una injerencista presión de Los Pinos a dicho órgano del Estado encargado de hacer valer la justicia constitucional en materia de derechos políticos y electorales de los ciudadanos. Diversas fuentes señalan al joven secretario particular del Presidente de México, Roberto Gil Zuarth —el mismo a quien Calderón quiso imponer como jefe de Acción Nacional, amigo muy cercano del magistrado ponente de mi caso, Salvador Nava— como el emisario encargado de hacer torcer la ley a los magistrados para ratificar mi salida de Acción Nacional.
A diferencia del prestigiado ex presidente del PAN González Torres, yo no he sido candidato presidencial, no todavía. Calderón teme que lo sea porque sabe que tengo los arrestos para sucederlo en el cargo y superar por mucho su desempeño. No puede aceptar siquiera esa posibilidad. De ese miedo injustificado proviene su persecución a mi persona que está sobradamente acreditada.
La mano presidencial no solo ha intervenido indebidamente para asediarme políticamente — ante instancias partidistas y ahora del Poder Judicial—, mi caso es solo uno de muchos: si algo ha distinguido al estilo personal de gobernar de Calderón es su invasión de espacios de poder y jurisdicciones ajenas a las que le marca la ley, siempre con la complacencia o la resignación de los dirigentes del PAN.
Posibles delitos de servidores públicos
De confirmarse la intromisión del gobierno federal, por conducto del servidor público Roberto Gil, en asuntos que no son de su competencia, podrían estarse actualizando algunos de los delitos tipificados como tales en el Código Penal Federal (CPF). En ese supuesto podrían encontrarse ya el secretario de Calderón o algún magistrado del TEPJF que se preste a esa pifia. Del primero, según establece el artículo 213 de la citada ley, podrían dar lugar a una agravación de la pena en razón de tratarse de un funcionario o empleado de confianza.
Aunque no hay tiempo perentorio para resolver mi caso en el Tribunal, con o sin presión de Los Pinos, de no justificar el magistrado ponente postergar indefinidamente la resolución, podría estar incurriendo en el delito de abuso de autoridad al no despachar un asunto pendiente ante él (artículo 215 del CPF). Si se confirma complicidad entre Gil Zuarth y algún magistrado para tomar medidas contrarias a la ley en mi perjuicio, podrían ambos incurrir en el delito de coalición de servidores públicos (artículo 216 del CPF). Según la forma en que se de la presión desde el gobierno hacia los magistrados, podría haber delito de concusión o de intimidación (artículos 218 y 219 del CPF), lo que podría alcanzar culpa para el mismísimo Felipe Calderón.
Si como me informan, Roberto Gil es la interpósita persona que retarda la administración de justicia o promueve la resolución ilícita en mi contra, por emitir opiniones incómodas al Presidente que exhiben actos incongruentes suyos y de algunos dirigentes del PAN, estaríamos en el supuesto del delito de tráfico de influencia o de peculado, según la forma de violar algún precepto terminante de la ley (artículos 221 y 223 del CPF). Y como tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, si un magistrado se prestara al abuso de ratificar mi expulsión a cambio de alguna dádiva, estaríamos frente al delito de cohecho (artículo 222 del CFP).
En el hipotético caso de que los magistrados fueran obligados por el poder presidencial a dictar una sentencia ajena a derecho, incurrirían en el delito que señala el artículo 225 del CPF: dictar, a sabiendas, una sentencia ilícita.
Nada hay que justifique la prepotencia oficial en mi contra, como nada hay que me impida denunciar los hechos de intromisión del Ejecutivo en el espacio jurisdiccional del TEPJF. Será la investigación judicial la que despeje las dudas que hoy se generan en el dicho de quienes afirman la “operación” de Gil por órdenes de su jefe. Ya se verá si se trata de rumores o de una expresión más del autoritarismo de Los Pinos.
manuespino@hotmail.com
www.twitter.com/ManuelEspino
martes, 5 de julio de 2011
lunes, 4 de julio de 2011
La Maestra y el Presidente
En mayo de este año, el Presidente Calderón aseguró que la alianza con Elba Esther Gordillo y el SNTE “no es de carácter político, ni oportunista”. Según revelaciones de Wikileaks, en 2006 Germán Martínez dijo al entonces embajador Tony Garza que el comité de campaña de Calderón no tenía acuerdos con la sindicalista magisterial. Ambos fueron expuestos esta semana por la avalancha política que generó la Maestra, quien ha lanzado un obús a la credibilidad del presidente Calderón.
Yunes: ejemplo de candidatos impuestos por calderonismo
Con sus declaraciones la Maestra también ha desacreditado la antidemocrática práctica de imponer candidatos a Acción Nacional. Al evidenciar a Yunes, también lo ha hecho con quienes lo impusieron en posiciones claves para el panismo y a quienes fueron sumisos ante tal imposición.
Hoy muchos panistas han de lamentar no haberse resistido a la decisión presidencial de imponer a Yunes, pues su falta de honorabilidad es pública y conocida. Cuando el CEN del PAN se disponía a refrendar la imposición de Yunes como candidato a gobernador de Veracruz —acordada con Calderón, a la sazón Presidente electo, según él mismo Miguel Ángel me confirmó— intenté generar un diálogo al interior de dicho órgano partidista. Ese derecho a debatir me fue negado, coartando mi libertad de expresión, por el entonces dirigente nacional César Nava.
Quise recordar que en 2006 el veto de Felipe Calderón impidió a Yunes ser candidato al Senado. El entonces candidato a la presidencia argumentó que como secretario de Gobierno de Patricio Chirinos Yunes se distinguió por perseguir, difamar y golpear panistas, así como por su corrupción. A pesar de ese violento pasado antipanista, Yunes fue designado como director del ISSSTE y luego candidato a gobernador, por quien lo había acusado de corrupto.
Yunes es solo la punta de un iceberg que ayer reveló Elba Esther Gordillo, quien me hizo un reclamo durante la campaña de 2006 porque no le concedí candidaturas que pactó con Calderón, a quien se refirió como “el candidato”.
A contracorriente de esta negociación Calderón-Gordillo, como presidente del PAN me resistí a brindar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación las quince candidaturas plurinominales que encabezan las circunscripciones, cuya designación corresponde al CEN del PAN. Mucho menos cedí candidaturas al Senado de la República, como le consta a Josefina Vázquez Mota, encargada de la negociación en representación de Calderón.
La Maestra ha dejado al descubierto que sí hubo un pacto, pero no del Partido Acción Nacional, sino del propio Calderón. Sus acuerdos fueron por la libre y en lo oscuro, ajenos a la transparencia acostumbrada en el PAN y que debe regir en un sistema democrático.
Proteger al presidente hablándole con la verdad
Hoy también tenemos claro que el equipo de Calderón y, lo debo decir aunque me cause pesar, muchos panistas se han negado a decir al Presidente las verdades dolorosas pero necesarias.
Si durante el episodio que acabo de narrar el Comité Nacional de mi partido se hubiera negado a designar candidato a Yunes, oponiéndose con valentía a la línea de Los Pinos, no hubiera actuado contra el Presidente, al contrario, lo hubiera protegido.
Tengo la conciencia tranquila porque yo sí he hablado con la verdad, en el momento preciso y a pesar del golpeteo político. De hecho, haber denunciado estas prácticas es una de las razones por las que me quieren expulsar de mi partido.
Hago un llamado a los panistas: este episodio vergonzoso debe servir para recordar, de cara al 2012, que no hay que permitir imposiciones de candidatos ni de funcionarios públicos por negociaciones políticas, como se hizo en su momento con Yunes y con muchos más. Hay que rechazar estos acuerdos oscuros, que demeritan la trayectoria democrática que nos dio prestigio como partido, vengan de quien vengan.
Es preciso proteger la autonomía de nuestro partido y apoyar al PAN, pero no actuando con obediencia ciega ni con sumisión perruna, pues eso no es lealtad. Solo hablar con la verdad, aunque a veces duela, brinda un apoyo genuino.
www.Twitter.com/ManuelEspino
manuespino@hotmail.com
Yunes: ejemplo de candidatos impuestos por calderonismo
Con sus declaraciones la Maestra también ha desacreditado la antidemocrática práctica de imponer candidatos a Acción Nacional. Al evidenciar a Yunes, también lo ha hecho con quienes lo impusieron en posiciones claves para el panismo y a quienes fueron sumisos ante tal imposición.
Hoy muchos panistas han de lamentar no haberse resistido a la decisión presidencial de imponer a Yunes, pues su falta de honorabilidad es pública y conocida. Cuando el CEN del PAN se disponía a refrendar la imposición de Yunes como candidato a gobernador de Veracruz —acordada con Calderón, a la sazón Presidente electo, según él mismo Miguel Ángel me confirmó— intenté generar un diálogo al interior de dicho órgano partidista. Ese derecho a debatir me fue negado, coartando mi libertad de expresión, por el entonces dirigente nacional César Nava.
Quise recordar que en 2006 el veto de Felipe Calderón impidió a Yunes ser candidato al Senado. El entonces candidato a la presidencia argumentó que como secretario de Gobierno de Patricio Chirinos Yunes se distinguió por perseguir, difamar y golpear panistas, así como por su corrupción. A pesar de ese violento pasado antipanista, Yunes fue designado como director del ISSSTE y luego candidato a gobernador, por quien lo había acusado de corrupto.
Yunes es solo la punta de un iceberg que ayer reveló Elba Esther Gordillo, quien me hizo un reclamo durante la campaña de 2006 porque no le concedí candidaturas que pactó con Calderón, a quien se refirió como “el candidato”.
A contracorriente de esta negociación Calderón-Gordillo, como presidente del PAN me resistí a brindar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación las quince candidaturas plurinominales que encabezan las circunscripciones, cuya designación corresponde al CEN del PAN. Mucho menos cedí candidaturas al Senado de la República, como le consta a Josefina Vázquez Mota, encargada de la negociación en representación de Calderón.
La Maestra ha dejado al descubierto que sí hubo un pacto, pero no del Partido Acción Nacional, sino del propio Calderón. Sus acuerdos fueron por la libre y en lo oscuro, ajenos a la transparencia acostumbrada en el PAN y que debe regir en un sistema democrático.
Proteger al presidente hablándole con la verdad
Hoy también tenemos claro que el equipo de Calderón y, lo debo decir aunque me cause pesar, muchos panistas se han negado a decir al Presidente las verdades dolorosas pero necesarias.
Si durante el episodio que acabo de narrar el Comité Nacional de mi partido se hubiera negado a designar candidato a Yunes, oponiéndose con valentía a la línea de Los Pinos, no hubiera actuado contra el Presidente, al contrario, lo hubiera protegido.
Tengo la conciencia tranquila porque yo sí he hablado con la verdad, en el momento preciso y a pesar del golpeteo político. De hecho, haber denunciado estas prácticas es una de las razones por las que me quieren expulsar de mi partido.
Hago un llamado a los panistas: este episodio vergonzoso debe servir para recordar, de cara al 2012, que no hay que permitir imposiciones de candidatos ni de funcionarios públicos por negociaciones políticas, como se hizo en su momento con Yunes y con muchos más. Hay que rechazar estos acuerdos oscuros, que demeritan la trayectoria democrática que nos dio prestigio como partido, vengan de quien vengan.
Es preciso proteger la autonomía de nuestro partido y apoyar al PAN, pero no actuando con obediencia ciega ni con sumisión perruna, pues eso no es lealtad. Solo hablar con la verdad, aunque a veces duela, brinda un apoyo genuino.
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manuespino@hotmail.com
miércoles, 18 de agosto de 2010
Carta de Manuel Espino a la opinión pública
Señoras y señores:
La libertad de expresión se encuentra amenazada en diversos ámbitos de la vida nacional. Periodistas, empresarios, gobernadores, alcaldes, legisladores, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos de todas las tendencias han sido víctimas de embates desde el poder cuando emiten opiniones diferentes. Esa ofensiva de intolerancia ha llegado a mi hogar político, Acción Nacional.
El día de ayer la cúpula de mi partido validó una decisión tomada en Los Pinos e intentará expulsarme del partido. Se turnó a mi estado adoptivo, Sonora, el proceso a través del cual se buscará despojarme de una militancia de 33 años al servicio de México desde las filas del PAN.
En reiteradas ocasiones he dicho que seguiré siendo panista independientemente de que mi nombre esté inscrito o no en el padrón de militantes. El panismo se lleva en el corazón, no en una credencial; se demuestra con congruencia en los hechos, no en el discurso; también se valida con los actos cotidianos, no se recibe como una herencia monárquica.
Sin embargo, defenderé mi militancia no por sí misma, ni por mi persona. Defenderé mi condición de panista porque no puedo permitir que se expulse de Acción Nacional a un militante tan sólo por expresar opiniones, llamar al debate y hacer críticas. Los panistas estaríamos negando la propia historia si restringiéramos la libertad de expresión en nuestra casa. No debo permitir que el poder imponga la mordaza azul, pues con ello abriríamos la puerta para que en otras instituciones de la sociedad mexicana comenzara a hacerse lo mismo.
Si se niega a un ex presidente nacional el derecho a hablar con libertad, ningún militante podrá estar seguro al expresar una crítica. Sobre la discusión, el debate y el libre intercambio de ideas, pesará la amenaza de expulsión a cualquiera, como una espada de Damocles.
No defender mis derechos sería tanto como validar las purgas internas, la cacería de brujas y la imposición del pensamiento único. Además, mandaría el mensaje de que es aceptable que un panista sea expulsado por mostrar su desacuerdo.
Condeno la campaña de desinformación que en las anteriores semanas intentó posicionar la idea de que yo sería expulsado ayer. Como se demostró, era imposible expulsarme este martes. Sin embargo, se incentivó ese rumor para golpearme políticamente, manipular a la opinión pública y los sentimientos de los militantes.
Hay que recordar que coartar la libertad de expresión no sólo consiste en imponer silencio. Por el contrario, la forma más perversa de limitarla es acallar la verdad con el estruendo de la desinformación. Hago un llamado a nuestra dirigencia para que cese en el uso de estas aviesas tácticas de propaganda negra.
Por todo lo anterior, anuncio que haré valer mis derechos y me defenderé con base en los Estatutos de Acción Nacional y en las leyes de nuestra República. Espero salir airoso de esta batalla, para dejar asentado que Acción Nacional sigue siendo un espacio de diálogo y libertades. Espero, también, que los panistas brindemos a México entero un vivo testimonio de nuestro apego a la libertad de expresión, esencia de nuestra vida democrática.
Fraternalmente,
Manuel Espino
La libertad de expresión se encuentra amenazada en diversos ámbitos de la vida nacional. Periodistas, empresarios, gobernadores, alcaldes, legisladores, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos de todas las tendencias han sido víctimas de embates desde el poder cuando emiten opiniones diferentes. Esa ofensiva de intolerancia ha llegado a mi hogar político, Acción Nacional.
El día de ayer la cúpula de mi partido validó una decisión tomada en Los Pinos e intentará expulsarme del partido. Se turnó a mi estado adoptivo, Sonora, el proceso a través del cual se buscará despojarme de una militancia de 33 años al servicio de México desde las filas del PAN.
En reiteradas ocasiones he dicho que seguiré siendo panista independientemente de que mi nombre esté inscrito o no en el padrón de militantes. El panismo se lleva en el corazón, no en una credencial; se demuestra con congruencia en los hechos, no en el discurso; también se valida con los actos cotidianos, no se recibe como una herencia monárquica.
Sin embargo, defenderé mi militancia no por sí misma, ni por mi persona. Defenderé mi condición de panista porque no puedo permitir que se expulse de Acción Nacional a un militante tan sólo por expresar opiniones, llamar al debate y hacer críticas. Los panistas estaríamos negando la propia historia si restringiéramos la libertad de expresión en nuestra casa. No debo permitir que el poder imponga la mordaza azul, pues con ello abriríamos la puerta para que en otras instituciones de la sociedad mexicana comenzara a hacerse lo mismo.
Si se niega a un ex presidente nacional el derecho a hablar con libertad, ningún militante podrá estar seguro al expresar una crítica. Sobre la discusión, el debate y el libre intercambio de ideas, pesará la amenaza de expulsión a cualquiera, como una espada de Damocles.
No defender mis derechos sería tanto como validar las purgas internas, la cacería de brujas y la imposición del pensamiento único. Además, mandaría el mensaje de que es aceptable que un panista sea expulsado por mostrar su desacuerdo.
Condeno la campaña de desinformación que en las anteriores semanas intentó posicionar la idea de que yo sería expulsado ayer. Como se demostró, era imposible expulsarme este martes. Sin embargo, se incentivó ese rumor para golpearme políticamente, manipular a la opinión pública y los sentimientos de los militantes.
Hay que recordar que coartar la libertad de expresión no sólo consiste en imponer silencio. Por el contrario, la forma más perversa de limitarla es acallar la verdad con el estruendo de la desinformación. Hago un llamado a nuestra dirigencia para que cese en el uso de estas aviesas tácticas de propaganda negra.
Por todo lo anterior, anuncio que haré valer mis derechos y me defenderé con base en los Estatutos de Acción Nacional y en las leyes de nuestra República. Espero salir airoso de esta batalla, para dejar asentado que Acción Nacional sigue siendo un espacio de diálogo y libertades. Espero, también, que los panistas brindemos a México entero un vivo testimonio de nuestro apego a la libertad de expresión, esencia de nuestra vida democrática.
Fraternalmente,
Manuel Espino
miércoles, 16 de junio de 2010
Cananea y la ausencia de ética política
Cananea ejemplifica de manera nítida cómo la falta de ética política se interpone en el camino de la prosperidad y la paz de los pueblos. Esta noble región nos impele a cuestionarnos cómo es que incluso contando con una riqueza minera de las mayores no sólo de México sino del mundo, las diferencias políticas impiden aprovechar valiosos recursos que están prácticamente al alcance de la mano.
Recientemente el alcalde Reginaldo Moreno García declaró que “el ayuntamiento no tiene ni para comprar una escoba” y que muchos cananenses se han visto obligados a emigrar a las ciudades norteamericanas de Tucson y Sierra Vista, así como a la capital sonorense, Hermosillo, en la búsqueda de oportunidades de crecimiento económico. Si la abundancia natural no es razón suficiente para que un ciudadano permanezca en su tierra y obtenga los servicios públicos y las oportunidades que merece, la responsabilidad no puede ser más que de las cúpulas sindicales y gubernamentales.
Se estima que los paros en diversas minas han costado alrededor de 3 mil 200 millones de dólares, lo cual resulta especialmente grave en el contexto de crisis internacional en el que está inmerso México. Qué lamentable situación: ni para recoger tesoros podemos ponernos de acuerdo.
Excesos en la persecución de derechos
Durante décadas el “sistema” consintió y propició que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana se fuera alejando de sus fines válidos. La legítima defensa de los derechos de los trabajadores pasó a un segundo plano ante la búsqueda de poder político y económico por parte de los líderes sindicales.
Para saber qué tan demócrata ha sido este sindicato basta saber que por más de cuatro décadas ha estado bajo el control de dos hombres, padre e hijo. Estos napoleones se distinguen por haberse formado en las peores artes del sindicalismo charro, una de las más oscuras construcciones del Partido Revolucionario Institucional.
Napoleón padre llegó a ser senador, obviamente por el PRI, y dedicó cuarenta años de su vida a amasar una gran fortuna personal y a bloquear todo intento de democratizar el sindicato.
Como si de un príncipe medieval se tratara, Napoleón hijo heredó el trono y prontamente evidenció que consideraba al sindicato su patrimonio personal, pues sus malos manejos de los dineros propiedad de los trabajadores son el sustrato de la aguda crisis que hoy padece Cananea.
Sin embargo, debo señalar que aun cuando evidentemente Napoleón junior es el principal responsable, sus acciones no se dieron en el vacío: son el resultado de una perversión política que hizo de los sindicatos herramientas del poder y los partidizó, volviéndolos medios y no fines, piezas del partido en el gobierno y no expresiones de la dignidad de los trabajadores.
De la misma manera en la que el sistema PRI-Gobierno confundió sus fines con los de los sindicatos, Napoleón segundo enredó la defensa jurídica de su persona con los derechos de los trabajadores a los que lidera.
Analizar la situación de Cananea es avanzar por un campo minado, pues la complejidad de la situación que padece el pueblo de esta amada comunidad sonorense es tan profunda como extensa, definida por factores no sólo contemporáneos, sino también históricos. Además, las responsabilidades y las culpas son compartidas por autoridades y líderes sindicalistas por igual, haciendo imposible emitir juicios categóricos.
Si bien “la toma de Cananea” refleja la incapacidad de generar acuerdos y destrabar conflictos por medios políticos y no a través de la violencia, también es cierto que esta acción responde a decisiones concatenadas de los poderes Judicial y Legislativo. Además, el grupo industrial Minera México se plegó desde un primer momento a las peticiones de seguridad e higiene planteadas por el sindicato, mientras que éste prolongó durante tres años el conflicto utilizando a los tribunales, con lo cual incurrió en excesos durante la persecución de derechos legítimos.
Revolución sindicalista
Cuando no se desvirtúa su naturaleza, el trabajo contribuye a unir a los hombres de manera solidaria y comprometida. También puede otorgar forma y estructura a la sociedad, determinando sus relaciones con el Estado. Unas relaciones laborales justas prefiguran –o desfiguran– un sistema de comunidad política apto para favorecer el desarrollo integral de la persona humana, sin que ésta sufra mengua en su dignidad.
Hoy vemos las consecuencias de disminuir la dimensión humana del trabajo a la sola obtención de bienes materiales, de inmiscuir a los partidos en instituciones sociales laborales que deben ser independientes y de bloquear la capacidad productiva de un pueblo para chantajear al gobierno.
En los próximos meses, conforme se vaya contratando nuevo personal para explotar las riquezas de Cananea, habrá de formarse otro sindicato. Esperemos que estas lecciones no sean olvidadas en su institución, haciéndolo ejemplo genuino espíritu sindicalista, así como una decidida apuesta por la libertad de los trabajadores, esa que se soslaya cuando se les concibe como seres sin capacidad de decisión.
La formación de este nuevo sindicato presenta una oportunidad histórica, pues así como se combatió en 1906 a la Cananea Consolidated Copper Company, hoy es necesario combatir al charrismo. Este sería un hecho digno de la insigne estirpe de los mineros y el nacimiento de una segunda revolución en Cananea, pero esta vez pacífica, de dignidad humana e independencia.
Recientemente el alcalde Reginaldo Moreno García declaró que “el ayuntamiento no tiene ni para comprar una escoba” y que muchos cananenses se han visto obligados a emigrar a las ciudades norteamericanas de Tucson y Sierra Vista, así como a la capital sonorense, Hermosillo, en la búsqueda de oportunidades de crecimiento económico. Si la abundancia natural no es razón suficiente para que un ciudadano permanezca en su tierra y obtenga los servicios públicos y las oportunidades que merece, la responsabilidad no puede ser más que de las cúpulas sindicales y gubernamentales.
Se estima que los paros en diversas minas han costado alrededor de 3 mil 200 millones de dólares, lo cual resulta especialmente grave en el contexto de crisis internacional en el que está inmerso México. Qué lamentable situación: ni para recoger tesoros podemos ponernos de acuerdo.
Excesos en la persecución de derechos
Durante décadas el “sistema” consintió y propició que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana se fuera alejando de sus fines válidos. La legítima defensa de los derechos de los trabajadores pasó a un segundo plano ante la búsqueda de poder político y económico por parte de los líderes sindicales.
Para saber qué tan demócrata ha sido este sindicato basta saber que por más de cuatro décadas ha estado bajo el control de dos hombres, padre e hijo. Estos napoleones se distinguen por haberse formado en las peores artes del sindicalismo charro, una de las más oscuras construcciones del Partido Revolucionario Institucional.
Napoleón padre llegó a ser senador, obviamente por el PRI, y dedicó cuarenta años de su vida a amasar una gran fortuna personal y a bloquear todo intento de democratizar el sindicato.
Como si de un príncipe medieval se tratara, Napoleón hijo heredó el trono y prontamente evidenció que consideraba al sindicato su patrimonio personal, pues sus malos manejos de los dineros propiedad de los trabajadores son el sustrato de la aguda crisis que hoy padece Cananea.
Sin embargo, debo señalar que aun cuando evidentemente Napoleón junior es el principal responsable, sus acciones no se dieron en el vacío: son el resultado de una perversión política que hizo de los sindicatos herramientas del poder y los partidizó, volviéndolos medios y no fines, piezas del partido en el gobierno y no expresiones de la dignidad de los trabajadores.
De la misma manera en la que el sistema PRI-Gobierno confundió sus fines con los de los sindicatos, Napoleón segundo enredó la defensa jurídica de su persona con los derechos de los trabajadores a los que lidera.
Analizar la situación de Cananea es avanzar por un campo minado, pues la complejidad de la situación que padece el pueblo de esta amada comunidad sonorense es tan profunda como extensa, definida por factores no sólo contemporáneos, sino también históricos. Además, las responsabilidades y las culpas son compartidas por autoridades y líderes sindicalistas por igual, haciendo imposible emitir juicios categóricos.
Si bien “la toma de Cananea” refleja la incapacidad de generar acuerdos y destrabar conflictos por medios políticos y no a través de la violencia, también es cierto que esta acción responde a decisiones concatenadas de los poderes Judicial y Legislativo. Además, el grupo industrial Minera México se plegó desde un primer momento a las peticiones de seguridad e higiene planteadas por el sindicato, mientras que éste prolongó durante tres años el conflicto utilizando a los tribunales, con lo cual incurrió en excesos durante la persecución de derechos legítimos.
Revolución sindicalista
Cuando no se desvirtúa su naturaleza, el trabajo contribuye a unir a los hombres de manera solidaria y comprometida. También puede otorgar forma y estructura a la sociedad, determinando sus relaciones con el Estado. Unas relaciones laborales justas prefiguran –o desfiguran– un sistema de comunidad política apto para favorecer el desarrollo integral de la persona humana, sin que ésta sufra mengua en su dignidad.
Hoy vemos las consecuencias de disminuir la dimensión humana del trabajo a la sola obtención de bienes materiales, de inmiscuir a los partidos en instituciones sociales laborales que deben ser independientes y de bloquear la capacidad productiva de un pueblo para chantajear al gobierno.
En los próximos meses, conforme se vaya contratando nuevo personal para explotar las riquezas de Cananea, habrá de formarse otro sindicato. Esperemos que estas lecciones no sean olvidadas en su institución, haciéndolo ejemplo genuino espíritu sindicalista, así como una decidida apuesta por la libertad de los trabajadores, esa que se soslaya cuando se les concibe como seres sin capacidad de decisión.
La formación de este nuevo sindicato presenta una oportunidad histórica, pues así como se combatió en 1906 a la Cananea Consolidated Copper Company, hoy es necesario combatir al charrismo. Este sería un hecho digno de la insigne estirpe de los mineros y el nacimiento de una segunda revolución en Cananea, pero esta vez pacífica, de dignidad humana e independencia.
Jóvenes: Ninis o esperanza presente
Triste época para los niños y los jóvenes mexicanos, que inauguran sus vidas caminando hacia horizontes de violencia, de desempleo, de una desoladora ausencia de esperanza provocada por la falta de oportunidades en todos los ámbitos. Ya sea para estudiar, ejercer una profesión, o simplemente vivir con dignidad. Oportunidades, en fin, de creer en sí mismos y de sentir orgullo por México.
Recientemente la diputada Teresa Incháustegui dio a conocer que en la guerra contra el crimen organizado han fallecido 4 mil jóvenes y niños; a ellos se suman otros 3 mil 700 que han quedado huérfanos de uno o ambos progenitores.
Cada año, 300 mil jóvenes son rechazados por instituciones de educación superior en el país. Quienes logran ingresar a una universidad y terminar una carrera, al graduarse descubren que su título muy poco significa en un país con 2 millones y medio de desempleados.
En el estudio “Hacer lo mejor por los niños”, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México fue el segundo país con peores condiciones de vida para la infancia.
Por un lado, señala la OCDE, nuestros niños padecen una educación deficiente y desatención sanitaria; por otro, situaciones de alto riesgo como exposición al tabaquismo, el alcoholismo y los embarazos de adolescentes. De los países analizados en dicho estudio solo Turquía tiene mas niños pobres que nuestra República.
Este paisaje social desolador nos lleva a una cifra final, como lógica consecuencia: José Narro Robles, rector de la máxima casa de estudios mexicana, afirma que en nuestro país hay siete millones de los llamados “Ninis”, jóvenes que ante la falta de oportunidades en lo económico y en lo académico, “ni estudian, ni trabajan”, corriendo los gravísimos riesgos de jamás ver realizadas sus potencialidades humanas y realizadas sus vidas, así como de ser reclutados por el crimen organizado.
Ni participo, ni me interesa
Para estos millones de jóvenes, México es una promesa no cumplida. Por ello, a nadie debe extrañar el nacimiento de otros ninis, ya no en lo laboral y en lo educativo, sino en lo cívico y lo político. Cada vez hay más jóvenes que ante la vida pública sólo responden –unos con indiferencia, otros con decepción– “ni participo, ni me interesa”.
Incluso jóvenes de familias con posibilidades económicas, universitarios y profesionistas, han sido invadidos por la apatía y prácticamente han renunciado a ser ciudadanos. Se conforman con la mínima condición de habitantes que existen y ocupan un lugar en la masa humana, pero no en la comunidad.
Ello se debe, en mucho, a que la actual generación de dirigentes políticos no hemos sido capaces de dar un testimonio colectivo de congruencia y sentido de la responsabilidad que transmite principios y valores. La deshonestidad de muchos ha castrado el entusiasmo de las nuevas generaciones y puede provocar que en un futuro próximo no haya jóvenes con vocación política ni deseosos de servir a su país desde el Estado.
Como miembro de esa generación de mujeres y hombres públicos, asumo que tenemos la responsabilidad de represtigiar la política como paso primordial para regresar a los jóvenes la esperanza, la capacidad de creer en su país, el ánimo de ser nuevamente personas cívicas.
Romper el círculo vicioso de la apatía, el abstencionismo y la falta de participación juveniles debe ser la principal prioridad de la llamada clase política. Es impostergable liberar sus enormes energías creativas, para que participen en la impostergable tarea de reorientar el rumbo de la nación. También capitalizar al máximo sus talentos contenidos y estimular la capacidad realizadora de sus mentes.
Nos urge politizar –que no partidizar– a nuestros jóvenes y creer en ellos asignándoles un lugar preponderante en la toma de decisiones. También conferirles la misión de ser esperanza presente. Volver a entusiasmarlos con la idea de que su participación cívica vale, pesa, define, resuelve y construye. No se trata de dejar un mejor México a nuestra juventud, sino una mejor juventud a nuestro México, porque los jóvenes no son el problema, son la solución. Con su fuerza México puede volver a empezar.
Recientemente la diputada Teresa Incháustegui dio a conocer que en la guerra contra el crimen organizado han fallecido 4 mil jóvenes y niños; a ellos se suman otros 3 mil 700 que han quedado huérfanos de uno o ambos progenitores.
Cada año, 300 mil jóvenes son rechazados por instituciones de educación superior en el país. Quienes logran ingresar a una universidad y terminar una carrera, al graduarse descubren que su título muy poco significa en un país con 2 millones y medio de desempleados.
En el estudio “Hacer lo mejor por los niños”, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México fue el segundo país con peores condiciones de vida para la infancia.
Por un lado, señala la OCDE, nuestros niños padecen una educación deficiente y desatención sanitaria; por otro, situaciones de alto riesgo como exposición al tabaquismo, el alcoholismo y los embarazos de adolescentes. De los países analizados en dicho estudio solo Turquía tiene mas niños pobres que nuestra República.
Este paisaje social desolador nos lleva a una cifra final, como lógica consecuencia: José Narro Robles, rector de la máxima casa de estudios mexicana, afirma que en nuestro país hay siete millones de los llamados “Ninis”, jóvenes que ante la falta de oportunidades en lo económico y en lo académico, “ni estudian, ni trabajan”, corriendo los gravísimos riesgos de jamás ver realizadas sus potencialidades humanas y realizadas sus vidas, así como de ser reclutados por el crimen organizado.
Ni participo, ni me interesa
Para estos millones de jóvenes, México es una promesa no cumplida. Por ello, a nadie debe extrañar el nacimiento de otros ninis, ya no en lo laboral y en lo educativo, sino en lo cívico y lo político. Cada vez hay más jóvenes que ante la vida pública sólo responden –unos con indiferencia, otros con decepción– “ni participo, ni me interesa”.
Incluso jóvenes de familias con posibilidades económicas, universitarios y profesionistas, han sido invadidos por la apatía y prácticamente han renunciado a ser ciudadanos. Se conforman con la mínima condición de habitantes que existen y ocupan un lugar en la masa humana, pero no en la comunidad.
Ello se debe, en mucho, a que la actual generación de dirigentes políticos no hemos sido capaces de dar un testimonio colectivo de congruencia y sentido de la responsabilidad que transmite principios y valores. La deshonestidad de muchos ha castrado el entusiasmo de las nuevas generaciones y puede provocar que en un futuro próximo no haya jóvenes con vocación política ni deseosos de servir a su país desde el Estado.
Como miembro de esa generación de mujeres y hombres públicos, asumo que tenemos la responsabilidad de represtigiar la política como paso primordial para regresar a los jóvenes la esperanza, la capacidad de creer en su país, el ánimo de ser nuevamente personas cívicas.
Romper el círculo vicioso de la apatía, el abstencionismo y la falta de participación juveniles debe ser la principal prioridad de la llamada clase política. Es impostergable liberar sus enormes energías creativas, para que participen en la impostergable tarea de reorientar el rumbo de la nación. También capitalizar al máximo sus talentos contenidos y estimular la capacidad realizadora de sus mentes.
Nos urge politizar –que no partidizar– a nuestros jóvenes y creer en ellos asignándoles un lugar preponderante en la toma de decisiones. También conferirles la misión de ser esperanza presente. Volver a entusiasmarlos con la idea de que su participación cívica vale, pesa, define, resuelve y construye. No se trata de dejar un mejor México a nuestra juventud, sino una mejor juventud a nuestro México, porque los jóvenes no son el problema, son la solución. Con su fuerza México puede volver a empezar.
Guardería ABC: sólo la justicia dará resignación
En La Paz se lanzaron al mar 49 esferas de papel iluminadas por veladoras. En la Ciudad de México se celebró una vigilia en el Ángel de la Independencia. Globos blancos se elevaron al cielo desde Ciudad Juárez, Tepic, Veracruz, Irapuato, Pachuca, Guasave, Matamoros, Nogales, Bahía de Kino, Cajeme, Querétaro y comunidades indígenas de Santiago Apoala.
Según el Movimiento 5 de Junio, aproximadamente 40 ciudades de más de 20 entidades federativas se sumaron a las expresiones de luto e indignación de todo México. Se celebraron conciertos, presentaciones de libros, marchas, mítines y actos religiosos de las más diversas denominaciones, unidos por la misma fe. Periódicos, radios y televisoras hicieron eco a la voz de los padres de las niñas y niños fallecidos y lesionados hace ya un año. Este es el corazón de México, que llora y se duele por una tragedia que jamás será olvidada.
Un gobierno alejado de su pueblo
Tales muestras de humanidad —espontáneas, libres, plenas de solidaridad— han mostrado la hermandad de los mexicanos y, desgraciadamente, han contrastado con la impasibilidad de las autoridades que se pusieron a trabajar justo cuando la trágica efeméride era inminente, politizando el acceso a la justicia o medrando con la tragedia.
“La manera en la que juega el presidente no es jugar limpio, de ninguna manera es jugar limpio”, afirmó Abraham Fraijo, padre de la menor Emilia, fallecida en la guardería, y miembro del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio. Estas palabras, dolidas y sinceras, se dijeron frente a Los Pinos mientras Felipe Calderón celebraba adentro una reunión con algunos de los padres de los niños fallecidos y lesionados hace un año.
Esta reunión simboliza y sintetiza la actitud que ha tenido el gobierno federal frente a la tragedia: el encuentro no fue público, sino que se celebró a puerta cerrada; algunos padres fueron excluidos, pues la invitación no fue generalizada. Además, para algunos ciudadanos fue especialmente agraviante que el Presidente no mostrara la sensibilidad y la disponibilidad de viajar a Hermosillo.
Con un tono de indignación, Patricia Duarte Franco, madre del fallecido pequeño Andrés Alonso, afirmó que el Presidente “quiere limpiar su imagen y dar un mensaje a la sociedad mexicana de que está atendiendo el caso de la Guardería ABC, lo que no es cierto porque nunca tuvo las ganas de hacerlo desde un principio. ¡Qué casualidad de que a tres días el primer aniversario nos llama a todos los padres! No estoy dispuesta a servirle de servilleta a este señor, para que limpie su imagen ante la gente, porque le perjudica mucho que se diga que a un año no se ha dignado a atender a los padres. No voy porque no tiene interés ni voluntad de arreglar esto y no lo va a hacer a un año. Esto se va a resolver en tribunales y no me voy a prestar a su juego”.
“Queremos justicia, no la foto”, agregó Julio César Márquez Ortiz, padre de Yeyé, quien también pereció en el incendio. “Tenemos 11 meses pidiendo una reunión con el Presidente. Ha habido más de 15 marchas, una huelga de hambre, solicitudes formales, una carta entregada directamente a Fernando Gómez-Mont y jamás ha habido respuesta. Muy casualmente antes del primer año es cuando decide invitarnos. Lo más doloroso es que sea tan oportunista la convocatoria, a tres días del aniversario. Eso duele muchísimo.”
Este manejo de los tiempos tan sesgado y, como dijo el señor Márquez, oportunista, no es privativo del poder Ejecutivo. El poder Judicial mostró exactamente la misma sincronización: a pocos días del aniversario de la tragedia la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio señales de estar trabajando y señaló probables responsables. Los ministros han demostrado que aun cuando la justicia sea ciega, en México tiene muy claros los calendarios políticos.
Respetar el dolor
No hay manera de comprender o justificar actitudes así de insensibles. Con tristeza veo que ni siquiera una tragedia de estas dantescas magnitudes basta para ablandar el corazón de algunos gobernantes, para llamarlos a trabajar con entrega, con transparencia y sin cálculos políticos. Demuestran no sólo dónde están sus intereses, sino también dónde está su corazón. Y ciertamente no están con su pueblo ni esas familias hermosillenses.
Como político pero también como padre, creo que lo mejor que las autoridades pueden hacer es dejar para otros espacios el lucimiento, la búsqueda del reflector y el provecho personal. Es por ello que nunca he accedido a dar entrevistas sobre este tema y sólo una vez lo toqué, para pedir que no se politizara ni se utilizara como bandera electoral.
También creo que cuando las autoridades dejen de lado los cálculos y simplemente se dediquen a su trabajo se acelerarán las investigaciones y las conclusiones del caso. Lamentablemente, en la guardería ABC la política ha entorpecido el camino de la justicia.
Ya no se trata de que un gobernante o un juez se vean bien o mal ante la opinión pública. No se trata de puntos en encuestas, de imagen o de ganancias políticas. Se trata, sencillamente, de dar a esas familias hermosillenses la paz y la resignación que únicamente pueden nacer de la justicia.
Según el Movimiento 5 de Junio, aproximadamente 40 ciudades de más de 20 entidades federativas se sumaron a las expresiones de luto e indignación de todo México. Se celebraron conciertos, presentaciones de libros, marchas, mítines y actos religiosos de las más diversas denominaciones, unidos por la misma fe. Periódicos, radios y televisoras hicieron eco a la voz de los padres de las niñas y niños fallecidos y lesionados hace ya un año. Este es el corazón de México, que llora y se duele por una tragedia que jamás será olvidada.
Un gobierno alejado de su pueblo
Tales muestras de humanidad —espontáneas, libres, plenas de solidaridad— han mostrado la hermandad de los mexicanos y, desgraciadamente, han contrastado con la impasibilidad de las autoridades que se pusieron a trabajar justo cuando la trágica efeméride era inminente, politizando el acceso a la justicia o medrando con la tragedia.
“La manera en la que juega el presidente no es jugar limpio, de ninguna manera es jugar limpio”, afirmó Abraham Fraijo, padre de la menor Emilia, fallecida en la guardería, y miembro del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio. Estas palabras, dolidas y sinceras, se dijeron frente a Los Pinos mientras Felipe Calderón celebraba adentro una reunión con algunos de los padres de los niños fallecidos y lesionados hace un año.
Esta reunión simboliza y sintetiza la actitud que ha tenido el gobierno federal frente a la tragedia: el encuentro no fue público, sino que se celebró a puerta cerrada; algunos padres fueron excluidos, pues la invitación no fue generalizada. Además, para algunos ciudadanos fue especialmente agraviante que el Presidente no mostrara la sensibilidad y la disponibilidad de viajar a Hermosillo.
Con un tono de indignación, Patricia Duarte Franco, madre del fallecido pequeño Andrés Alonso, afirmó que el Presidente “quiere limpiar su imagen y dar un mensaje a la sociedad mexicana de que está atendiendo el caso de la Guardería ABC, lo que no es cierto porque nunca tuvo las ganas de hacerlo desde un principio. ¡Qué casualidad de que a tres días el primer aniversario nos llama a todos los padres! No estoy dispuesta a servirle de servilleta a este señor, para que limpie su imagen ante la gente, porque le perjudica mucho que se diga que a un año no se ha dignado a atender a los padres. No voy porque no tiene interés ni voluntad de arreglar esto y no lo va a hacer a un año. Esto se va a resolver en tribunales y no me voy a prestar a su juego”.
“Queremos justicia, no la foto”, agregó Julio César Márquez Ortiz, padre de Yeyé, quien también pereció en el incendio. “Tenemos 11 meses pidiendo una reunión con el Presidente. Ha habido más de 15 marchas, una huelga de hambre, solicitudes formales, una carta entregada directamente a Fernando Gómez-Mont y jamás ha habido respuesta. Muy casualmente antes del primer año es cuando decide invitarnos. Lo más doloroso es que sea tan oportunista la convocatoria, a tres días del aniversario. Eso duele muchísimo.”
Este manejo de los tiempos tan sesgado y, como dijo el señor Márquez, oportunista, no es privativo del poder Ejecutivo. El poder Judicial mostró exactamente la misma sincronización: a pocos días del aniversario de la tragedia la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio señales de estar trabajando y señaló probables responsables. Los ministros han demostrado que aun cuando la justicia sea ciega, en México tiene muy claros los calendarios políticos.
Respetar el dolor
No hay manera de comprender o justificar actitudes así de insensibles. Con tristeza veo que ni siquiera una tragedia de estas dantescas magnitudes basta para ablandar el corazón de algunos gobernantes, para llamarlos a trabajar con entrega, con transparencia y sin cálculos políticos. Demuestran no sólo dónde están sus intereses, sino también dónde está su corazón. Y ciertamente no están con su pueblo ni esas familias hermosillenses.
Como político pero también como padre, creo que lo mejor que las autoridades pueden hacer es dejar para otros espacios el lucimiento, la búsqueda del reflector y el provecho personal. Es por ello que nunca he accedido a dar entrevistas sobre este tema y sólo una vez lo toqué, para pedir que no se politizara ni se utilizara como bandera electoral.
También creo que cuando las autoridades dejen de lado los cálculos y simplemente se dediquen a su trabajo se acelerarán las investigaciones y las conclusiones del caso. Lamentablemente, en la guardería ABC la política ha entorpecido el camino de la justicia.
Ya no se trata de que un gobernante o un juez se vean bien o mal ante la opinión pública. No se trata de puntos en encuestas, de imagen o de ganancias políticas. Se trata, sencillamente, de dar a esas familias hermosillenses la paz y la resignación que únicamente pueden nacer de la justicia.
Peña Nieto a la baja, Beltrones al alza
Enrique Peña Nieto vive sus peores días. El mexiquense ha vuelto a comprobar que, cuando la realidad se impone a los guiones, su feble experiencia no alcanza para sacarlo de los atolladeros políticos y mediáticos, mucho menos cuando Manlio Fabio Beltrones azuza el fuego.
Como sucedió con las inundaciones a principios de año, ante las cuales su capacidad ejecutiva fue sumamente cuestionada, el equipo del presidenciable priísta hizo del lamentable deceso de la niña Paulette Farah un escaparate para exhibir su incapacidad a nivel nacional e internacional. El caso se manejó tan mal desde un principio que se volvió incorregible; por eso la salida del Procurador responsable de las investigaciones y las explicaciones brindadas de nada han servido.
Se reiteró que todos los males de la inexperiencia —especialmente la falta de mesura, la precipitación y la imprudencia— aquejan a este grupo que pretende conducir una campaña presidencial exitosa, en contra de lo más granado de la política mexicana. Aunque la responsabilidad del gobernador pueda ser limitada en este caso, la clase política y los líderes de opinión le han dedicado palabras muy duras. Poco han ayudado a su causa algunas llamadas hechas desde Xicoténcatl a las cúpulas de la clase política mexicana.
Las campañas también se han vuelto un espacio de desgaste para Peña Nieto. Buscando sumar prosélitos entre sus correligionarios y entre los ciudadanos de otras entidades, el gobernador del Estado de México ha recorrido varias ciudades apoyando a los candidatos de su partido.
En teoría el asunto sería positivo para Peña Nieto: placeo, exposición mediática, amarres políticos. En la práctica, instigados por alguna conciencia negra, se han esparcido rumores de desviación de recursos y editoriales mal intencionados.
Reacomodos priístas
La balanza de la política está cambiando su inclinación entre los priístas. Gobernadores, alcaldes de municipios importantes y legisladores de diversos rangos están cambiando sus lealtades. Por supuesto que Peña Nieto dista mucho de estar solo, pero por primera vez está probando lo que es perder aliados.
No desconozco que sigue firme en las encuestas. Apenas la semana pasada se reportó que subió dos puntos en la variación trimestral que conduce Consulta-Mitofsky.
Sin embargo, la política es mucho más que encuestas, y si no pregúntenle al recientemente derrotado candidato presidencial colombiano Antanas Mockus.
Sí, la percepción es que Peña Nieto avanza, pero ello se debe a que no tiene rivales visibles y presentes en la opinión pública.
En el PRD la semana anterior ya hubo un destape: Carlos Navarrete, un buen prospecto, de lo mejor que tiene ese partido; un competidor que viene a sumarse a Ebrard y a López Obrador.
En mi partido sigue pesando la derrota del 2009 y se percibe un ánimo pesimista hacia el 4 de julio. Sólo Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota han mostrado su juego. Los aspirantes ligados al equipo presidencial no han dicho esta boca es mía: saben que presentar una candidatura ligada al lacerante descrédito de Felipe Calderón es un suicidio político.
Seguramente para desvincular al candidato panista del estigma de Calderón, ya se ha expresado interés en que nuestro abanderado tenga el apoyo del Movimiento Volver a Empezar, lo que afirmaría su independencia y lo acercaría al único proyecto que ha demostrado capacidad de crecer políticamente y ofrecer con credibilidad un mensaje esperanzador y democrático.
Ante ese contexto nacional, Peña Nieto sigue arriba en las encuestas, pero su capital político se erosiona: como candidato único sólo en él se ceban los proyectiles, las críticas y el desgaste propio de gobernar mientras cada uno de sus movimientos es vigilado y sus errores magnificados. Mientras tanto, un Senador rememora el viejo adagio de “el que se mueve no sale en la foto”, se frota las manos y sigue trabajando en los sótanos y en las cañerías del sistema.
Como sucedió con las inundaciones a principios de año, ante las cuales su capacidad ejecutiva fue sumamente cuestionada, el equipo del presidenciable priísta hizo del lamentable deceso de la niña Paulette Farah un escaparate para exhibir su incapacidad a nivel nacional e internacional. El caso se manejó tan mal desde un principio que se volvió incorregible; por eso la salida del Procurador responsable de las investigaciones y las explicaciones brindadas de nada han servido.
Se reiteró que todos los males de la inexperiencia —especialmente la falta de mesura, la precipitación y la imprudencia— aquejan a este grupo que pretende conducir una campaña presidencial exitosa, en contra de lo más granado de la política mexicana. Aunque la responsabilidad del gobernador pueda ser limitada en este caso, la clase política y los líderes de opinión le han dedicado palabras muy duras. Poco han ayudado a su causa algunas llamadas hechas desde Xicoténcatl a las cúpulas de la clase política mexicana.
Las campañas también se han vuelto un espacio de desgaste para Peña Nieto. Buscando sumar prosélitos entre sus correligionarios y entre los ciudadanos de otras entidades, el gobernador del Estado de México ha recorrido varias ciudades apoyando a los candidatos de su partido.
En teoría el asunto sería positivo para Peña Nieto: placeo, exposición mediática, amarres políticos. En la práctica, instigados por alguna conciencia negra, se han esparcido rumores de desviación de recursos y editoriales mal intencionados.
Reacomodos priístas
La balanza de la política está cambiando su inclinación entre los priístas. Gobernadores, alcaldes de municipios importantes y legisladores de diversos rangos están cambiando sus lealtades. Por supuesto que Peña Nieto dista mucho de estar solo, pero por primera vez está probando lo que es perder aliados.
No desconozco que sigue firme en las encuestas. Apenas la semana pasada se reportó que subió dos puntos en la variación trimestral que conduce Consulta-Mitofsky.
Sin embargo, la política es mucho más que encuestas, y si no pregúntenle al recientemente derrotado candidato presidencial colombiano Antanas Mockus.
Sí, la percepción es que Peña Nieto avanza, pero ello se debe a que no tiene rivales visibles y presentes en la opinión pública.
En el PRD la semana anterior ya hubo un destape: Carlos Navarrete, un buen prospecto, de lo mejor que tiene ese partido; un competidor que viene a sumarse a Ebrard y a López Obrador.
En mi partido sigue pesando la derrota del 2009 y se percibe un ánimo pesimista hacia el 4 de julio. Sólo Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota han mostrado su juego. Los aspirantes ligados al equipo presidencial no han dicho esta boca es mía: saben que presentar una candidatura ligada al lacerante descrédito de Felipe Calderón es un suicidio político.
Seguramente para desvincular al candidato panista del estigma de Calderón, ya se ha expresado interés en que nuestro abanderado tenga el apoyo del Movimiento Volver a Empezar, lo que afirmaría su independencia y lo acercaría al único proyecto que ha demostrado capacidad de crecer políticamente y ofrecer con credibilidad un mensaje esperanzador y democrático.
Ante ese contexto nacional, Peña Nieto sigue arriba en las encuestas, pero su capital político se erosiona: como candidato único sólo en él se ceban los proyectiles, las críticas y el desgaste propio de gobernar mientras cada uno de sus movimientos es vigilado y sus errores magnificados. Mientras tanto, un Senador rememora el viejo adagio de “el que se mueve no sale en la foto”, se frota las manos y sigue trabajando en los sótanos y en las cañerías del sistema.
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