Ni los números ni la sangre mienten: 15 mil asesinatos en tres años. Atravesamos el peor conflicto armado que ha padecido la República en un siglo, desde la Revolución Mexicana.
Ante la inmensidad de este sacrificio humano, en las mentes de los ciudadanos la duda sustituye al aplauso, la reflexión y la preocupación han desbancado al apoyo, el miedo ha suplido a la incondicionalidad.
Lo peor es el ambiente de desinformación en el que viven todos los ciudadanos: desinformación que se traduce en zozobra, en miedo al futuro, en desesperanza, en ausencia de apoyo político para la guerra y los líderes que la encabezan.
Información, democracia y guerra
Uno de los peores errores que cometió el presidente George W. Bush fue aventurarse a una guerra sin tener objetivos claros, un diagnóstico confiable o la posibilidad de ganar.
Quizá por ello se vio en la necesidad de dividir al mundo en “buenos” y “malos”, de acuñar su infame frase de “los que no están con nosotros están con los terroristas” e iniciar una campaña de desinformación y restricción de las libertades cívicas.
A pesar de sus desastrosos resultados, estas tácticas maniqueas han tenido sus imitadores. Por ejemplo, quienes hemos expresado dudas hemos sido tachados de ingenuos: no ha habido argumentos, debate o intercambio de ideas, tan sólo una descalificación a priori. Incluso se ha repetido la falacia de que expresar dudas o hacer cuestionamientos es ponerse del lado del enemigo.
Se ha utilizado la técnica propagandística de tergiversar las palabras de aquél a quien no se quiere escuchar. Por ejemplo, mucho se dijo que quienes pedíamos revisar la estrategia estábamos solicitando que el Ejército regresara a los cuarteles y el gobierno federal se rindiera. Nada más lejos de la verdad.
La desinformación también se ha hecho presente, pues los mexicanos desconocemos qué tan alta es la apuesta que el gobierno ha hecho, qué está arriesgando México y qué beneficios se obtendrían en caso de ganar la guerra.
Quizá lo más grave es que desconocemos qué significa la victoria. No se ha establecido bajo qué condiciones podremos decir que hemos ganado. Ante los ojos de la ciudadanía, esta es una guerra sin rumbo, sin objetivos, sin una ruta definida hacia el triunfo.
A juzgar por lo que se ve, la estrategia consiste en poner retenes, patrullar las calles aleatoriamente, esperar pitazos y confiar en la suerte.
Además, pareciera que esta estrategia se basa sólo en la fuerza bruta. Los ciudadanos no hemos sabido de grandes acuerdos entre los diferentes componentes del Estado; no hemos presenciado campañas educativas a gran escala; desconocemos si hay esfuerzos para ahogar económicamente a los criminales; no nos han sido presentados programas sociales capaces de reorientar la dinámica de las comunidades carcomidas por el crimen.
Por supuesto que no es pertinente ni deseable que una estrategia se revele indiscriminadamente, pues ello alertaría a los delincuentes y pondría en riesgo a las fuerzas policiacas y militares. Sin embargo, en una democracia el gobernante tiene la obligación de dialogar, de convencer, de dar la cara y de unir con su liderazgo a los ciudadanos en un esfuerzo común.
El arte de la guerra… mediática
Lo que sí hemos visto, quizá demasiado, son spots, desplegados periodísticos e inserciones pagadas, así como un trabajo de operación política para aplastar todo cuestionamiento y buscar la unanimidad, el pensamiento único.
Hay un esfuerzo permanente de alta intensidad para convencernos de que los arrestos de narcotraficantes y los decomisos justifican que haya estados sumidos en la violencia, que tengamos economías regionales colapsadas y que millones de inocentes vivan en la indefensión ante los delincuentes que la ofensiva del gobierno federal ha exacerbado.
Sin embargo, los ciudadanos e incluso miembros prominentes del Estado están mostrando niveles de preocupación cada vez más altos. Ya va siendo hora de que se nos explique —con razones y no con publicidad, con información y no con consignas— si tanta sangre ha valido la pena, si la guerra ha traído más beneficios que perjuicios, si México puede aspirar a vivir de nuevo en paz.
lunes, 25 de enero de 2010
Las coaliciones que México merece
El tema de las coaliciones se encuentra en ebullición en las más altas esferas del poder político mexicano. Gobernantes, legisladores, posibles candidatos y dirigentes partidistas negocian en público, en privado y en secreto, cuando se procesan acuerdos sin sustento ético; también hacen ofrecimientos, empeñan su palabra y debaten apasionadamente ante la perspectiva de generar coaliciones triunfadores para las elecciones de este 2010.
Las coaliciones son una expresión más de la vitalidad de nuestra democracia, una alternativa perfectamente legítima y válida. En otros países han posibilitado transiciones pacíficas y han sentado bases para gobiernos que han redefinido el rumbo de sus países.
Ejemplo de ello es la Concertación chilena, que reunió en un frente común a todos los partidos opositores al régimen militar de Augusto Pinochet. Gracias a la generosidad y a la pluralidad de sus integrantes —que van desde los socialistas hasta los liberales, pasando por mis compañeros democristianos— se logró acabar con la dictadura pinochetista.
De igual trascendencia fueron los Pactos de la Moncloa firmados en España en 1977. Esta alianza, que incluyó a los partidos con representación legislativa, abrió paso a una época de gran estabilidad política, crecimiento económico, florecimiento cultural y libertades sociales.
En la historia mexicana brilla la Alianza por el Cambio que sacó de Los Pinos al Partido Revolucionario Institucional tras siete décadas de la llamada “dictadura perfecta”. Nueve años después podemos ver que, aunque se alcanzaron sus objetivos inmediatos, el carecer de un programa que trascendiera lo electoral limitó sus logros. Faltó visión y acción para transformar el viejo sistema político en el que se montaron los gobiernos del PAN.
Las coaliciones que México no merece
Desgraciadamente, en algunas posibles coaliciones que se están discutiendo es evidente la falta de contenido y la estrechez de miras, el poder como objetivo único y meta final.
Me sorprende especialmente que haya partidos que compiten como aliados o como contrincantes dependiendo del estado en el que se encuentran, no de su doctrina o sus propuestas. Eso demuestra que únicamente les interesa destronar gobernadores y alcaldes, más no hacer realidad un proyecto conjunto.
No se trata sólo de amontonar siglas. Cuando carecen de ideas comunes y de una agenda política que las sustenten, las coaliciones sólo son una expresión de fuerza bruta que no proyecta evolución comunitaria.
Únicamente un proyecto sólido justifica una coalición que trascienda las ideologías y los legítimos intereses de los partidos. No basta con poner título y slogans a una alianza, hay que dotarla de contenido, definir alcances, prioridades, responsables, plazos y tareas.
Una coalición hueca, por el contrario, abre caminos a la división y al enfrentamiento. Tras la jornada electoral, los antiguos aliados se encuentran inmersos en una rebatinga por puestos, posiciones y espacios de poder.
Coaliciones y dedazos
Cualquier dirigente partidista experimentado sabe que siempre habrá gobernantes que busquen hacer avanzar su agenda personal, a costa del partido, impulsando o bloqueando coaliciones. Es deber de todo dirigente con visión de Estado recordar que no siempre lo mejor para uno de sus integrantes, por destacado que sea, es lo mejor para la institución.
La decisión de forjar o no una coalición debe tomarse sólo con el interés del país, del estado o del municipio en mente. Especialmente en este tema, las cúpulas gubernamentales deben respetar los ámbitos partidistas. Una coalición impuesta garantiza el fracaso.
Asimismo, es obligado que las coaliciones se armen de manera autónoma y subsidiaria por quienes las van a protagonizar. Es totalmente antidemocrático impedir que los ámbitos municipales y estatales se comporten con autonomía en esta materia. Aquí no hay espacio para el centralismo ni para los acuerdos ocultos.
Esperemos que los gobernantes, de todos los niveles, se muestren respetuosos de las decisiones que únicamente competen a los partidos. De no ser así, seguramente la militancia se verá obligada a hacer valer sus legítimos derechos.
Esperemos también ver en los próximos meses que se concreten coaliciones con contenido, con programa y ambiciones republicanas, con generosidad política y altura de miras; coaliciones que vigoricen el espíritu cívico y doten de dinamismo democrático a este 2010. Sólo así las coaliciones serán una aportación a la consolidación de la democracia mexicana.
Las coaliciones son una expresión más de la vitalidad de nuestra democracia, una alternativa perfectamente legítima y válida. En otros países han posibilitado transiciones pacíficas y han sentado bases para gobiernos que han redefinido el rumbo de sus países.
Ejemplo de ello es la Concertación chilena, que reunió en un frente común a todos los partidos opositores al régimen militar de Augusto Pinochet. Gracias a la generosidad y a la pluralidad de sus integrantes —que van desde los socialistas hasta los liberales, pasando por mis compañeros democristianos— se logró acabar con la dictadura pinochetista.
De igual trascendencia fueron los Pactos de la Moncloa firmados en España en 1977. Esta alianza, que incluyó a los partidos con representación legislativa, abrió paso a una época de gran estabilidad política, crecimiento económico, florecimiento cultural y libertades sociales.
En la historia mexicana brilla la Alianza por el Cambio que sacó de Los Pinos al Partido Revolucionario Institucional tras siete décadas de la llamada “dictadura perfecta”. Nueve años después podemos ver que, aunque se alcanzaron sus objetivos inmediatos, el carecer de un programa que trascendiera lo electoral limitó sus logros. Faltó visión y acción para transformar el viejo sistema político en el que se montaron los gobiernos del PAN.
Las coaliciones que México no merece
Desgraciadamente, en algunas posibles coaliciones que se están discutiendo es evidente la falta de contenido y la estrechez de miras, el poder como objetivo único y meta final.
Me sorprende especialmente que haya partidos que compiten como aliados o como contrincantes dependiendo del estado en el que se encuentran, no de su doctrina o sus propuestas. Eso demuestra que únicamente les interesa destronar gobernadores y alcaldes, más no hacer realidad un proyecto conjunto.
No se trata sólo de amontonar siglas. Cuando carecen de ideas comunes y de una agenda política que las sustenten, las coaliciones sólo son una expresión de fuerza bruta que no proyecta evolución comunitaria.
Únicamente un proyecto sólido justifica una coalición que trascienda las ideologías y los legítimos intereses de los partidos. No basta con poner título y slogans a una alianza, hay que dotarla de contenido, definir alcances, prioridades, responsables, plazos y tareas.
Una coalición hueca, por el contrario, abre caminos a la división y al enfrentamiento. Tras la jornada electoral, los antiguos aliados se encuentran inmersos en una rebatinga por puestos, posiciones y espacios de poder.
Coaliciones y dedazos
Cualquier dirigente partidista experimentado sabe que siempre habrá gobernantes que busquen hacer avanzar su agenda personal, a costa del partido, impulsando o bloqueando coaliciones. Es deber de todo dirigente con visión de Estado recordar que no siempre lo mejor para uno de sus integrantes, por destacado que sea, es lo mejor para la institución.
La decisión de forjar o no una coalición debe tomarse sólo con el interés del país, del estado o del municipio en mente. Especialmente en este tema, las cúpulas gubernamentales deben respetar los ámbitos partidistas. Una coalición impuesta garantiza el fracaso.
Asimismo, es obligado que las coaliciones se armen de manera autónoma y subsidiaria por quienes las van a protagonizar. Es totalmente antidemocrático impedir que los ámbitos municipales y estatales se comporten con autonomía en esta materia. Aquí no hay espacio para el centralismo ni para los acuerdos ocultos.
Esperemos que los gobernantes, de todos los niveles, se muestren respetuosos de las decisiones que únicamente competen a los partidos. De no ser así, seguramente la militancia se verá obligada a hacer valer sus legítimos derechos.
Esperemos también ver en los próximos meses que se concreten coaliciones con contenido, con programa y ambiciones republicanas, con generosidad política y altura de miras; coaliciones que vigoricen el espíritu cívico y doten de dinamismo democrático a este 2010. Sólo así las coaliciones serán una aportación a la consolidación de la democracia mexicana.
viernes, 15 de enero de 2010
México, nación migrante
La realidad social mexicana está definida por los migrantes. Migrantes de los países hermanos del sur que son víctimas de la corrupción de nuestras autoridades y de la rapacidad de la delincuencia, mientras hacen de nuestro país un camino o un nuevo terruño, en la búsqueda de un destino mejor. Migrantes mexicanos que sin dejar el territorio nacional buscan mejores condiciones de vida, sobre todo en el centro y en el norte del país. Migrantes que lenta y pacíficamente exploran los Estados Unidos, llevando a México en sus corazones, sus costumbres y sus tradiciones, sin jamás desarraigarse.También migrantes muertos. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde 1994 “más de cinco mil mexicanos han perdido la vida en el desierto, en ríos y montañas en la frontera norte”. Durante 2007 y 2008 en la frontera han fallecido un promedio de tres mexicanos cada dos días.
La migración: arma contra la crisis
Este 12 de diciembre miles de connacionales arribaron a la Catedral de San Patricio, en Nueva York, para elevar plegarias pidiendo que las autoridades estadounidenses aprueben una reforma migratoria. Un legislador norteamericano del Partido Demócrata, Luis Gutiérrez, anunció la presentación de una iniciativa de ley de reforma migratoria. Con gran esperanza y visión, el dirigente de una organización de migrantes, Joel Magallán, apuntó: “Los inmigrantes no son un tema recién a discutir cuando la situación económica se resuelva; los inmigrantes pueden ser un factor clave para la reactivación económica. Legalizados, podrían iniciar nuevos negocios, aumentaría el consumo y la inversión en la economía”. Acertadas palabras, sin duda.Tan acertadas que, con ocasión del Día Internacional del Migrante, Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que la migración es parte de la solución a largo plazo de las crisis económicas en el mundo, a pesar de que muchos tengan percepciones exactamente contrarias.
Incierto porvenir
Desgraciadamente, parece que la situación de los migrantes empeorará durante el próximo año. La experiencia nos permite prever que las visiones xenófobas, desinformadas o políticamente interesadas podrían atajar la consolidación de una reforma migratoria en Estados Unidos, aprovechando precisamente los miedos que desata la crisis.A ello se suma la falta de actividad que en esta materia ha mostrado la diplomacia mexicana. Su labor ha estado marcada por los desencuentros con Canadá, Cuba, Francia y China y las pésimamente manejadas relaciones con Honduras, que hasta pusieron en una situación embarazosa al Presidente Felipe Calderón. Con tantas polémicas, poco tiempo ha quedado para abogar por los migrantes. A ello se suma un dato sumamente importante: la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados calcula que el total de las remesas recibidas este año será menor en nueve mil millones de dólares a las de 2008, un 30% menos.Esta drástica disminución en una de las tres principales fuentes de ingresos para el país, junto con el turismo y el petróleo, no sólo agravará la situación de los migrantes y de sus familias, también podría afectar la economía mexicana en general.
Migrantes: agentes de desarrollo
Para una persona solidaria y libre de prejuicios es evidente que las trágicas muertes relacionadas con la migración podrían ser evitadas y convertidas en oportunidades de crecimiento, de intercambio cultural y económico. Sin dejar de reconocer que todo Estado soberano tiene la obligación y el legítimo e incuestionable derecho de ordenar el paso por sus fronteras, es posible sostener que ejercer sus prerrogativas con sentido humanista puede contribuir a que la migración sea más fructífera y segura.Ojalá y mexicanos como los que se expresaron este 12 de diciembre, muy al norte de nuestro país, cuenten con más acompañamiento político y más solidaridad de nuestras autoridades. Todo migrante tiene un corazón valiente y esperanzado que lo lleva a enfrentar duros desafíos en la búsqueda de dignidad y oportunidades. Es por elemental justicia que a ellos, que tanto han sacrificado y que tanto han dado a nuestra nación, debemos otorgar ese reconocimiento y ese apoyo en sus luchas que tanto merecen.
La migración: arma contra la crisis
Este 12 de diciembre miles de connacionales arribaron a la Catedral de San Patricio, en Nueva York, para elevar plegarias pidiendo que las autoridades estadounidenses aprueben una reforma migratoria. Un legislador norteamericano del Partido Demócrata, Luis Gutiérrez, anunció la presentación de una iniciativa de ley de reforma migratoria. Con gran esperanza y visión, el dirigente de una organización de migrantes, Joel Magallán, apuntó: “Los inmigrantes no son un tema recién a discutir cuando la situación económica se resuelva; los inmigrantes pueden ser un factor clave para la reactivación económica. Legalizados, podrían iniciar nuevos negocios, aumentaría el consumo y la inversión en la economía”. Acertadas palabras, sin duda.Tan acertadas que, con ocasión del Día Internacional del Migrante, Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que la migración es parte de la solución a largo plazo de las crisis económicas en el mundo, a pesar de que muchos tengan percepciones exactamente contrarias.
Incierto porvenir
Desgraciadamente, parece que la situación de los migrantes empeorará durante el próximo año. La experiencia nos permite prever que las visiones xenófobas, desinformadas o políticamente interesadas podrían atajar la consolidación de una reforma migratoria en Estados Unidos, aprovechando precisamente los miedos que desata la crisis.A ello se suma la falta de actividad que en esta materia ha mostrado la diplomacia mexicana. Su labor ha estado marcada por los desencuentros con Canadá, Cuba, Francia y China y las pésimamente manejadas relaciones con Honduras, que hasta pusieron en una situación embarazosa al Presidente Felipe Calderón. Con tantas polémicas, poco tiempo ha quedado para abogar por los migrantes. A ello se suma un dato sumamente importante: la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados calcula que el total de las remesas recibidas este año será menor en nueve mil millones de dólares a las de 2008, un 30% menos.Esta drástica disminución en una de las tres principales fuentes de ingresos para el país, junto con el turismo y el petróleo, no sólo agravará la situación de los migrantes y de sus familias, también podría afectar la economía mexicana en general.
Migrantes: agentes de desarrollo
Para una persona solidaria y libre de prejuicios es evidente que las trágicas muertes relacionadas con la migración podrían ser evitadas y convertidas en oportunidades de crecimiento, de intercambio cultural y económico. Sin dejar de reconocer que todo Estado soberano tiene la obligación y el legítimo e incuestionable derecho de ordenar el paso por sus fronteras, es posible sostener que ejercer sus prerrogativas con sentido humanista puede contribuir a que la migración sea más fructífera y segura.Ojalá y mexicanos como los que se expresaron este 12 de diciembre, muy al norte de nuestro país, cuenten con más acompañamiento político y más solidaridad de nuestras autoridades. Todo migrante tiene un corazón valiente y esperanzado que lo lleva a enfrentar duros desafíos en la búsqueda de dignidad y oportunidades. Es por elemental justicia que a ellos, que tanto han sacrificado y que tanto han dado a nuestra nación, debemos otorgar ese reconocimiento y ese apoyo en sus luchas que tanto merecen.
martes, 15 de diciembre de 2009
¿Por qué no escucha Felipe Calderón?
Considero importante informar sobre mis acciones públicas, dejar que se conozca mi pensar y mi sentir. Al presidente de México quise informarle de mis actividades que como presidente de una organización internacional podrían ser de su interés. También busqué la ocasión para compartirle puntos de vista sobre el acontecer nacional. Como habitante de Ciudad Juárez pretendí hacerle partícipe de cuanto ocurre en esta frontera atormentada por la violencia. Nunca tuve respuesta, en ningún sentido.
Por ello, ante la desesperación de mi comunidad que clama atención del Presidente, le envié una carta abierta en días pasados. Sin dirigirse a nadie en particular, como quien manda una carta sin destinatario, Calderón fustigó públicamente a los “ingenuos” que piden que el Estado deje de combatir al crimen organizado. Expresó que el problema no se resolverá por arte de magia y advirtió que sostendrá su estrategia.
Analistas y columnistas diversos interpretaron que el mensaje del Presidente era la respuesta a mi carta que sí tenía destinatario con nombre y apellido, el del jefe de las instituciones nacionales. Yo seguiré esperando la respuesta, a mi nombre, de Felipe Calderón Hinojosa.
Espero también que la Secretaría de Gobernación se abstenga de mandar mensajes a los directivos de los medios de comunicación para que dejen de publicar mis colaboraciones o declaraciones que incomodan al gobierno federal. Como ocurrió esta misma semana para sofocar la polémica que desató la imprudente expresión de Calderón para justificar su guerra fallida.
Con frecuencia escucho decir a quienes se acercan al Presidente, que éste no escucha, que no le gusta oír opiniones que parezcan confrontar las propias. Esas versiones parecen confirmarse con la indiferencia del primer mandatario de los mexicanos a las voces de los juarenses que piden su presencia para revisar juntos la estrategia y coordinar acciones para alcanzar la paz. Uno se pregunta ¿por qué no escucha Felipe Calderón?
Apoyo a la decisión presidencial
Desde que era presidente del PAN y ahora como presidente de la ODCA he manifestado mi apoyo a la guerra contra la delincuencia organizada declarada por el presidente Calderón. En todos los foros que he pisado, nacionales y extranjeros, ese apoyo ha sido evidente, público y publicado. Sin duda, tenemos un presidente valiente.
Sin embargo, desde hace ya año y medio comencé a advertir la necesidad de revisar la estrategia. Y en esto hay que ser muy claros: jamás he pedido que las fuerzas federales se rindan o entreguen la plaza. No solicité que el Estado se retire de esa lucha, como ha sugerido el Presidente. El esfuerzo debe seguir. Apoyo la decisión del presidente de combatir la delincuencia organizada, lo que ya no reconozco es la pertinencia y eficacia de la estrategia.
Tampoco solicité retirar el Ejército, pues reconozco y admiro su valor, su indudable capacidad y su lealtad republicana. Tengo la certeza de que los más dignos integrantes del Estado mexicano portan el uniforme castrense.
Debo señalar que me parece miope insinuar que quienes dudamos de la ofensiva gubernamental beneficiamos a los delincuentes. Todo lo contrario. Seguramente los más contentos con la actual estrategia son los criminales, porque les permite delinquir a sus anchas.
Recurrí al método de la carta abierta porque estamos ante un asunto urgente y mis reiteradas solicitudes de reunirme con el Presidente o con el Secretario de Seguridad Pública Federal no han recibido respuesta. En la ODCA hemos expresado repetidamente nuestra voluntad de colaborar y de poner a disposición del gobierno expertos de diferentes países, incluso elaboramos un documento altamente propositivo y lo enviamos de manera oficial, “101 acciones para la paz”. Es claro que nuestras iniciativas y propuestas no han caído en suelo fértil.
No es una expresión política, sino ciudadana
Mis motivos para pedirle al presidente un cambio son los mismos de millones de mexicanos. No hice esa carta como miembro de un partido: la hice como ciudadano y como padre de familia. No se trata de un acto político, sino una necesidad de vida o muerte.
Mi carta no expresa sólo una visión personal, sino el dolor humano y la indignación de grandes sectores de la población. Como bien dijo el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, mi carta expresa el sentir de muchos juarenses.
No repito el rosario de calamidades que hemos atestiguado y padecido, sólo les pido que hablen con sus conocidos de Ciudad Juárez y de todas las comunidades agobiadas por la violencia para que ellos personalmente les digan lo que realmente está pasando, el tributo de sangre y miedo que estamos pagando por el empecinamiento de sostener una estrategia fallida que, por la pertinacia presidencial puede tornarse suicida. Más allá de los spots de optimismo, más allá de las declaraciones políticas vehementes de Calderón, hay una tragedia cotidiana que está desgarrando el rostro de varios estados de la República.
¿Sabe la verdad el presidente?
Temo que le estén ocultando información al Presidente. Pareciera no conocer la gravedad que han alcanzado no sólo las ejecuciones, sino también la violencia generalizada y cotidiana. Algunos creen que el Presidente es insensible al dolor de los ciudadanos honestos que son víctimas colaterales de la guerra que él inició; yo espero que no sea así. Espero, por el contrario, que la información no esté fluyendo a causa de sus subordinados.
Estoy seguro de que si Felipe Calderón realmente conociera el trágico saldo humano de la guerra contra el crimen ordenaría cambiar la estrategia ipso facto. Por ello, tengo razones para desconfiar de algunos funcionarios que tienen el deber de informarlo.
Mi deber como ciudadano, como panista y como hombre, es hablarle al presidente con la verdad. Quizá otros ya le agarraron gusto a la mordaza, por conservar sus cargos o por conveniencia política. Ese no es mi talante. Mis principios políticos y personales me obligan a informarle a nuestro presidente qué es lo que está sucediendo.
No queremos que al “haiga sido como haiga sido” se sume un “cueste lo que cueste”, porque esta guerra ha costado demasiada sangre, demasiados muertos, demasiado dolor. Y no hablo sólo de los criminales, sino de las víctimas de las balas perdidas, de los inocentes atrapados en el fuego cruzado, de quienes ven esfumarse su patrimonio y su tranquilidad por el secuestro y la extorsión.
Por ello, ante la desesperación de mi comunidad que clama atención del Presidente, le envié una carta abierta en días pasados. Sin dirigirse a nadie en particular, como quien manda una carta sin destinatario, Calderón fustigó públicamente a los “ingenuos” que piden que el Estado deje de combatir al crimen organizado. Expresó que el problema no se resolverá por arte de magia y advirtió que sostendrá su estrategia.
Analistas y columnistas diversos interpretaron que el mensaje del Presidente era la respuesta a mi carta que sí tenía destinatario con nombre y apellido, el del jefe de las instituciones nacionales. Yo seguiré esperando la respuesta, a mi nombre, de Felipe Calderón Hinojosa.
Espero también que la Secretaría de Gobernación se abstenga de mandar mensajes a los directivos de los medios de comunicación para que dejen de publicar mis colaboraciones o declaraciones que incomodan al gobierno federal. Como ocurrió esta misma semana para sofocar la polémica que desató la imprudente expresión de Calderón para justificar su guerra fallida.
Con frecuencia escucho decir a quienes se acercan al Presidente, que éste no escucha, que no le gusta oír opiniones que parezcan confrontar las propias. Esas versiones parecen confirmarse con la indiferencia del primer mandatario de los mexicanos a las voces de los juarenses que piden su presencia para revisar juntos la estrategia y coordinar acciones para alcanzar la paz. Uno se pregunta ¿por qué no escucha Felipe Calderón?
Apoyo a la decisión presidencial
Desde que era presidente del PAN y ahora como presidente de la ODCA he manifestado mi apoyo a la guerra contra la delincuencia organizada declarada por el presidente Calderón. En todos los foros que he pisado, nacionales y extranjeros, ese apoyo ha sido evidente, público y publicado. Sin duda, tenemos un presidente valiente.
Sin embargo, desde hace ya año y medio comencé a advertir la necesidad de revisar la estrategia. Y en esto hay que ser muy claros: jamás he pedido que las fuerzas federales se rindan o entreguen la plaza. No solicité que el Estado se retire de esa lucha, como ha sugerido el Presidente. El esfuerzo debe seguir. Apoyo la decisión del presidente de combatir la delincuencia organizada, lo que ya no reconozco es la pertinencia y eficacia de la estrategia.
Tampoco solicité retirar el Ejército, pues reconozco y admiro su valor, su indudable capacidad y su lealtad republicana. Tengo la certeza de que los más dignos integrantes del Estado mexicano portan el uniforme castrense.
Debo señalar que me parece miope insinuar que quienes dudamos de la ofensiva gubernamental beneficiamos a los delincuentes. Todo lo contrario. Seguramente los más contentos con la actual estrategia son los criminales, porque les permite delinquir a sus anchas.
Recurrí al método de la carta abierta porque estamos ante un asunto urgente y mis reiteradas solicitudes de reunirme con el Presidente o con el Secretario de Seguridad Pública Federal no han recibido respuesta. En la ODCA hemos expresado repetidamente nuestra voluntad de colaborar y de poner a disposición del gobierno expertos de diferentes países, incluso elaboramos un documento altamente propositivo y lo enviamos de manera oficial, “101 acciones para la paz”. Es claro que nuestras iniciativas y propuestas no han caído en suelo fértil.
No es una expresión política, sino ciudadana
Mis motivos para pedirle al presidente un cambio son los mismos de millones de mexicanos. No hice esa carta como miembro de un partido: la hice como ciudadano y como padre de familia. No se trata de un acto político, sino una necesidad de vida o muerte.
Mi carta no expresa sólo una visión personal, sino el dolor humano y la indignación de grandes sectores de la población. Como bien dijo el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, mi carta expresa el sentir de muchos juarenses.
No repito el rosario de calamidades que hemos atestiguado y padecido, sólo les pido que hablen con sus conocidos de Ciudad Juárez y de todas las comunidades agobiadas por la violencia para que ellos personalmente les digan lo que realmente está pasando, el tributo de sangre y miedo que estamos pagando por el empecinamiento de sostener una estrategia fallida que, por la pertinacia presidencial puede tornarse suicida. Más allá de los spots de optimismo, más allá de las declaraciones políticas vehementes de Calderón, hay una tragedia cotidiana que está desgarrando el rostro de varios estados de la República.
¿Sabe la verdad el presidente?
Temo que le estén ocultando información al Presidente. Pareciera no conocer la gravedad que han alcanzado no sólo las ejecuciones, sino también la violencia generalizada y cotidiana. Algunos creen que el Presidente es insensible al dolor de los ciudadanos honestos que son víctimas colaterales de la guerra que él inició; yo espero que no sea así. Espero, por el contrario, que la información no esté fluyendo a causa de sus subordinados.
Estoy seguro de que si Felipe Calderón realmente conociera el trágico saldo humano de la guerra contra el crimen ordenaría cambiar la estrategia ipso facto. Por ello, tengo razones para desconfiar de algunos funcionarios que tienen el deber de informarlo.
Mi deber como ciudadano, como panista y como hombre, es hablarle al presidente con la verdad. Quizá otros ya le agarraron gusto a la mordaza, por conservar sus cargos o por conveniencia política. Ese no es mi talante. Mis principios políticos y personales me obligan a informarle a nuestro presidente qué es lo que está sucediendo.
No queremos que al “haiga sido como haiga sido” se sume un “cueste lo que cueste”, porque esta guerra ha costado demasiada sangre, demasiados muertos, demasiado dolor. Y no hablo sólo de los criminales, sino de las víctimas de las balas perdidas, de los inocentes atrapados en el fuego cruzado, de quienes ven esfumarse su patrimonio y su tranquilidad por el secuestro y la extorsión.
lunes, 7 de diciembre de 2009
Ciudad Juárez: violencia que no se desea a México
El 8 de diciembre de 1659 un puñado de hombres vaticinó para estas tierras septentrionales un futuro promisorio y, en un acto de esperanza, fundó el cimiento histórico, espiritual y político de Ciudad Juárez: la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso del Río del Norte. Pudo más su fe en los primeros habitantes de la frontera que lo agreste del paisaje y la crudeza del invierno.
350 inviernos después, Ciudad Juárez se ha convertido en una tragedia que simboliza y aúna todas las tragedias que padece nuestra República, en un emblema nacional e internacional de los yerros de la estrategia contra el crimen organizado y de las amenazas a la viabilidad del Estado mexicano y al futuro de la patria.
La frontera fuerte
Ciudad Juárez es una comunidad con una vocación laboral reconocida internacionalmente. En las últimas décadas, su nivel de desempleo siempre ha sido de los menores —y muchas veces el menor— de todo México. Esta bonanza ha hecho de la ciudad una tierra de promesas casi siempre cumplidas para migrantes de todo el país y también del extranjero, catapultando a Chihuahua a los primeros sitios de productividad entre los estados de la República.
Al tener afianzadas raíces culturales en varios países y en miles de comunidades mexicanas, los juarenses hicieron de la hospitalidad y el respeto a la diversidad sus valores esenciales. Por ello, forjaron una sociedad que se distingue por su pluralidad y su tolerancia ante las variadas expresiones religiosas, sexuales y políticas del ser humano.
El éxodo del miedo
Considerando estos brillantes antecedentes, ¿cómo se explica que 3 mil familias hayan abandonado Ciudad Juárez durante este año para irse a vivir a El Paso, Texas? Repito la cifra por su peso y su dureza: 3 mil familias han emprendido un éxodo de miedo y desesperanza.
La primera parte de la respuesta está en otro dato, igualmente desgarrador: Ciudad Juárez es la comunidad más violenta de todo el mundo.
En un estudio conducido por el Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública, bajo el reconocido indicador internacional de “homicidios por cada 100 mil habitantes”, en 2008 Ciudad Juárez ocupó el primer lugar, con 130, seguida por Caracas, con 96, y Nueva Orleans, con 95.
La segunda parte de la respuesta se encuentra en un acto de gobierno: la declaración de guerra al crimen organizado hecha por el presidente Felipe Calderón.
Aunque Ciudad Juárez ha sido desde hace décadas el campo de batalla en el que diversos grupos del crimen organizado dirimen sus diferencias, la violencia que ejercían era mucho menor a la actual. Antes de la guerra el promedio de ejecuciones era alto y evidenciaba una crisis: 6 diarias. Sin embargo, la gran mayoría de la población no padecía sus consecuencias.
Ese promedio no sólo se ha disparado (durante el presente año aproximadamente 13 personas han sido ejecutadas diariamente), también lo han hecho los delitos que verdaderamente agravian al grueso de los ciudadanos.
El delito del secuestro no se ha duplicado o multiplicado en un 100 o un 200 por ciento. No, según datos extra oficiales, desde que el presidente Calderón inició su campaña bélica el secuestro en Ciudad Juárez se ha multiplicado en un 5 mil por ciento. No sólo las personas ricas temen al secuestro, miles de personas de clase media y clase baja han sido arrebatadas a sus familiares. Es por ello que las calles se encuentran desiertas a partir de las siete de la tarde y aun durante el día muchas personas optan por no salir de sus hogares.
En las cifras de extorsión no hay comparativo alguno: este delito era prácticamente inexistente y hoy son pocos los juarenses que no lo han sufrido. Las víctimas no son únicamente empresarios o dueños de negocios altamente lucrativos, no: personas de todos los estratos sociales lo padecen. Incluso hay padres de familia en zonas populares que han sido obligados a pagar para que las escuelas hijos no sean ametralladas.
Por ello, en este aniversario de la fundación de la ciudad los juarenses enfrentamos un futuro de incertidumbre y riesgos sin precedentes.
En el horizonte acechan una serie de riesgos inconmensurables. El riesgo del colapso económico, injustificable en una comunidad que siempre se distingue por capacidad productiva de clase mundial. El riesgo del colapso político y de la arquitectura del Estado, que se agravará en caso de que se celebren las elecciones locales programadas para el próximo año. Y —lo más grave de todo— el riesgo de colapso social, alimentado por la escasa convivencia que hay en la ciudad.
Esta agenda de riesgos no es privativa de Juárez. En menor grado, todo México los enfrenta.
El cambio urgente
Hace año y medio declaré que el gobierno federal debería revisar la estrategia de combate al crimen organizado. De manera respetuosa, sugerí considerar la posibilidad de cambiar el rumbo y atacar al crimen organizado con un método más efectivo y menos costoso en términos humanos.
Hoy ese señalamiento ya no es sólo una sugerencia, es una demanda de todos los habitantes de la frontera, una exigencia que nace de los evidentes resultados de esa guerra. Me preocupa que el presidente Calderón no vea lo que para todos está a la vista: estamos ante una guerra fallida, ante un estéril y vano derramamiento de sangre.
No cambiar la estrategia y persistir en el enfrentamiento me parece una necedad, una acción que no se justifica por sus resultados sino tan sólo por empecinamiento y orgullo. Y para mantener intacto ese orgullo los ciudadanos pagan con sangre, rinden un tributo de muerte y desesperanza.
Reitero que me parece loable la decisión presidencial de iniciar esta guerra, pero no así su estrategia; como ciudadano, como padre de familia de un hogar asentado en Ciudad Juárez, los resultados no los agradezco, los deploro.
También me pareció acertado, y hasta patriota, anunciar que estábamos ante una guerra que iba a costar vidas. No sabía que serían tantas. Hoy pregunto, ¿cuántos muertos más, señor Presidente? ¿Cuántas familias más tienen que exiliarse? ¿Otra tres mil? ¿Cuántos niños y jóvenes más tienen que seguir viviendo presas del terror?
Mis hijos ya no pueden salir a divertirse como los muchachos de cualquier ciudad. Ya hemos sido víctimas de asaltos. Hemos escuchado varias balaceras. Amigos míos han sido secuestrados y conocemos personas que fueron ejecutadas. Incluso mi hogar fue invadido por soldados. Y hoy estamos amenazados de secuestro si no pagamos “la cuota”. Esos son los resultados de la guerra contra el crimen que padecemos, el ambiente en el que conmemoraremos este aniversario de la fundación de nuestra ciudad.
Raíces de orgullo y fortaleza
Desde un principio, Ciudad Juárez ha sido, en todos sentidos, una misión.
No es casualidad que esta comunidad haya persistido y prosperado en uno de los ambientes desérticos más agrestes del país. Tampoco que haya prevalecido —solitaria, alejada de los poderes centrales y rodeada de un mar de arena— tras el acoso de los fieros guerreros apaches, el Porfiriato y la Revolución.
Tampoco es casualidad que grandes héroes de la historia patria se hayan nutrido en territorio juarense durante momentos clave de sus luchas. Juárez, Madero, Villa, encontraron en la frontera un lugar para volver a empezar.
No es casualidad porque el carácter nunca es casualidad, porque la fortaleza bárbara de la frontera era, es y seguirá siendo indomable. Seguramente cuando revisemos el actual momento de nuestra historia escribiremos que prevalecimos en una guerra más, esta vez contra la delincuencia organizada. Juárez escribirá otro libro y no será una visión de los vencidos.
Pero la frontera necesita apoyo. Necesita la sensibilidad humana y el respaldo del hombre que desató esta guerra, nuestro Presidente. Necesita un cambio de estrategia que abra camino a la paz y nos permita volver a empezar.
lunes, 30 de noviembre de 2009
Ejército Mexicano, un digno pilar del Estado
Nuestros soldados forman parte de la garantía que la ley otorga a los ciudadanos. Con voluntad indómita y espíritu de servicio defienden la independencia, la integridad y la soberanía de la nación; garantizan su seguridad interior y auxilian a la población en casos de emergencia y con acciones cívicas y sociales que facilitan el progreso del país.
Lealtad y disciplina, valentía y unidad, son notas que la historia registra como características de nuestro Ejército. Por su fidelidad a su papel constitucional, por la falta de ambiciones políticas y el respeto al poder civil, podemos afirmar con profunda convicción que las fuerzas armadas son un pétreo pilar de nuestro Estado.
Como presidente de una institución continental he recorrido Latinoamérica y acudido a países europeos en labores oficiales. Así he atestiguado qué tan diferente y qué tan positiva es para nuestra nación la figura del militar, comparada con la gran mayoría de los países del mundo occidental.
Durante los últimos 75 años todos los ejércitos de América Latina han perpetrado golpes de Estado, menos el mexicano. Pinochet, Castelo Branco, Stroessner, Somoza, Videla, Trujillo, Chávez, son tan sólo algunos de las decenas de dictadores militares latinoamericanos. Para orgullo y beneficio de nuestro pueblo, en esa lista de vergüenza no figura ningún miembro del respetabilísimo Ejército Mexicano.
Especialmente significativo y loable es que el Ejército, conciente de su papel en el Estado, mostrara una respetuosa distancia durante el tortuoso, largo y lento proceso de transición a la democracia. Su desempeño fue siempre respetuoso de las instituciones y apegado a sus propias leyes. Como prevé nuestra Carta Magna.
Contra lo que los agoreros del autoritarismo vaticinaban, los fusiles y las tanquetas permanecieron en los cuarteles cuando la primera gubernatura fue conquistada por el PAN hace ya veinte años. También cuando el PRI fue obligado a salir de Los Pinos por la vía de los votos. Muy por el contrario, la entereza y gallardía de las fuerzas armadas contribuyeron a preservar los equilibrios y la fortaleza de un Estado cuando los procesos dinámicos de ajuste social y del viejo sistema político avanzaban con paso vacilante hacia el ideal democrático.
Conociendo la eficiencia y profesionalismo castrenses, y sabiendo que su participación sería un testimonio de lealtad a México, como presidente del PAN propicié que varios miembros activos de las fuerzas armadas fueran, por primera vez desde Acción Nacional, diputados federales. Antes, en mi cargo de presidente de la Comisión de Defensa Nacional de San Lázaro tuve muy presente la gratitud que los mexicanos debemos a nuestros militares y apoyé las reformas legales solicitadas por ellos por conducto del Ejecutivo Federal.
Un genuino ejército del pueblo
Al igual que el ejército napoléonico, el mexicano tiene un origen revolucionario y una base popular. Mientras en otros países latinoamericanos los militares constituyen castas cerradas y ajenas a la realidad de la población, el nuestro es una casa de puertas abiertas: cualquier ciudadano, sin importar su sexo, su origen étnico, su condición social o su estatus económico, tiene la posibilidad de formar parte de las fuerzas armadas. Bien podría decirse que en ellas hay una auténtica representación popular con devoción republicana.
Seguramente por ello, nuestro Ejército se distingue por servir solidariamente a la población. De sus tres planes estratégicos primordiales, el más frecuentemente implementado es el DN-III-E: asistencia a las comunidades que sufren inundaciones, terremotos y demás desastres naturales. Bajo este esquema incluso se han hecho incursiones militares solidarias en otros países de América Latina, en Asia y en Estados Unidos.
Ruptura histórica
Sin embargo, algo ha fallado en los últimos años. Se ha ordenado a los uniformados ejercer funciones que no les son propias y para las que no tienen la preparación adecuada, con un número de efectivos sin precedente y con una estrategia que, juzgándola por sus frutos, ha sido concebida erróneamente. Ha fallado no por la ineficacia de sus ejecutores, sino por lo erróneo de su diseño a cargo del poder político: El del Ejecutivo Federal, que unilateralmente y sin siquiera pedir opinión a los gobernadores de las Entidades Federativas, emprendió una lucha valiente y loable, pero fuera de foco, de tiempo y de lugar.
Esta inédita situación ha colocado a miles de soldados mexicanos en condiciones impropias para el canon castrense, el que les impele a pensar primero que nada en México. Incluso han incurrido en excesos involuntarios y atropellos que demeritan gravemente su insigne trayectoria. Casos de violaciones —presuntas y comprobadas— a los derechos humanos de civiles por parte de militares son hoy una constante en el debate nacional.
Nunca se había visto en nuestra historia reciente un abucheo a miembros del Ejército, como ha llegado a ocurrir, atentando contra su fortaleza moral. En los peores frentes de la guerra contra el narcotráfico, la admiración al verde olivo ha sido sustituida a menudo por el miedo. Al saldo de dolor y sangre que esta guerra injustificada nos ha dejado a los mexicanos, se suma el saldo de humillación al que inmerecidamente se ha expuesto a nuestro glorioso Ejército, destacado por su amplia conciencia social.
Ante este grave escenario es justo recordar que la lealtad es un camino de dos vías: así como el militar ha sido leal con el político, el político debe serlo con el militar. El poder civil también está obligado a respetar al poder castrense, aunque sea su subordinado.
Este es un tema que merece una profunda reflexión en las más altas esferas gubernamentales, sobre todo considerando el severo desgaste al que ha sido sometido el prestigio marcial por obedecer en la guerra contra el crimen organizado —como es su deber— las órdenes del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Parafraseando y reinterpretando a un clásico de la estrategia militar, Von Clausewitz: ¿Estamos ante una guerra que es la continuación de la política por otros medios? ¿Al combatir el narcotráfico se persiguen también objetivos políticos? Sería muy grave que resultara cierta esa tesis tan frecuentemente esgrimida y que cada día cobra mayor sentido.
Apostar el honor del soldado mexicano, su orgullo de origen y su espíritu de colaboración en una aventura política, así como ir a contrapelo de sus mejores tradiciones, no sólo desgasta a las instituciones militares, también mina su arquitectura estatal e institucional. De cara al 2010, en el que ya muchas voces advierten la amenaza de brotes subversivos, es imperativo contar con fuerzas armadas respaldadas por la confianza y la aprobación de la ciudadanía. Sólo así los hombres de armas podrán cumplir cabalmente con su papel constitucional primordial.
Si el Ejército no militariza la política, el gobernante no debe politizar a los militares. No se pueden usar las armas como herramienta política o como prótesis emocional. El riesgo es máximo. Es prudente, urgente e imperativo dar a las fuerzas armadas su lugar en el recto orden del Estado, para que puedan seguir contribuyendo a crear un México más seguro, con respeto a la dignidad de las personas y justicia para todos.
Muy lejos de los resultados esperados, la Presidencia de la República decidió al fin, según se dio a conocer en la reunión de la Operación Conjunta Chihuahua el pasado 27 de noviembre, retirar al Ejército de Ciudad Juárez. Sin su generosa presencia patrullando las calles, los habitantes de esa frontera tendrán que volver a empezar a rescatar sus espacios comunes desde una estrategia que no esté contaminada de intereses políticos. Ojalá cuenten con el apoyo inteligente y previsor, sin precipitaciones fallidas, de los tres órdenes de gobierno en lo que parece una sensata reconsideración del Presidente Felipe Calderón. Ya era hora y esperemos que el ajuste estratégico abarque todo el territorio nacional.
Lealtad y disciplina, valentía y unidad, son notas que la historia registra como características de nuestro Ejército. Por su fidelidad a su papel constitucional, por la falta de ambiciones políticas y el respeto al poder civil, podemos afirmar con profunda convicción que las fuerzas armadas son un pétreo pilar de nuestro Estado.
Como presidente de una institución continental he recorrido Latinoamérica y acudido a países europeos en labores oficiales. Así he atestiguado qué tan diferente y qué tan positiva es para nuestra nación la figura del militar, comparada con la gran mayoría de los países del mundo occidental.
Durante los últimos 75 años todos los ejércitos de América Latina han perpetrado golpes de Estado, menos el mexicano. Pinochet, Castelo Branco, Stroessner, Somoza, Videla, Trujillo, Chávez, son tan sólo algunos de las decenas de dictadores militares latinoamericanos. Para orgullo y beneficio de nuestro pueblo, en esa lista de vergüenza no figura ningún miembro del respetabilísimo Ejército Mexicano.
Especialmente significativo y loable es que el Ejército, conciente de su papel en el Estado, mostrara una respetuosa distancia durante el tortuoso, largo y lento proceso de transición a la democracia. Su desempeño fue siempre respetuoso de las instituciones y apegado a sus propias leyes. Como prevé nuestra Carta Magna.
Contra lo que los agoreros del autoritarismo vaticinaban, los fusiles y las tanquetas permanecieron en los cuarteles cuando la primera gubernatura fue conquistada por el PAN hace ya veinte años. También cuando el PRI fue obligado a salir de Los Pinos por la vía de los votos. Muy por el contrario, la entereza y gallardía de las fuerzas armadas contribuyeron a preservar los equilibrios y la fortaleza de un Estado cuando los procesos dinámicos de ajuste social y del viejo sistema político avanzaban con paso vacilante hacia el ideal democrático.
Conociendo la eficiencia y profesionalismo castrenses, y sabiendo que su participación sería un testimonio de lealtad a México, como presidente del PAN propicié que varios miembros activos de las fuerzas armadas fueran, por primera vez desde Acción Nacional, diputados federales. Antes, en mi cargo de presidente de la Comisión de Defensa Nacional de San Lázaro tuve muy presente la gratitud que los mexicanos debemos a nuestros militares y apoyé las reformas legales solicitadas por ellos por conducto del Ejecutivo Federal.
Un genuino ejército del pueblo
Al igual que el ejército napoléonico, el mexicano tiene un origen revolucionario y una base popular. Mientras en otros países latinoamericanos los militares constituyen castas cerradas y ajenas a la realidad de la población, el nuestro es una casa de puertas abiertas: cualquier ciudadano, sin importar su sexo, su origen étnico, su condición social o su estatus económico, tiene la posibilidad de formar parte de las fuerzas armadas. Bien podría decirse que en ellas hay una auténtica representación popular con devoción republicana.
Seguramente por ello, nuestro Ejército se distingue por servir solidariamente a la población. De sus tres planes estratégicos primordiales, el más frecuentemente implementado es el DN-III-E: asistencia a las comunidades que sufren inundaciones, terremotos y demás desastres naturales. Bajo este esquema incluso se han hecho incursiones militares solidarias en otros países de América Latina, en Asia y en Estados Unidos.
Ruptura histórica
Sin embargo, algo ha fallado en los últimos años. Se ha ordenado a los uniformados ejercer funciones que no les son propias y para las que no tienen la preparación adecuada, con un número de efectivos sin precedente y con una estrategia que, juzgándola por sus frutos, ha sido concebida erróneamente. Ha fallado no por la ineficacia de sus ejecutores, sino por lo erróneo de su diseño a cargo del poder político: El del Ejecutivo Federal, que unilateralmente y sin siquiera pedir opinión a los gobernadores de las Entidades Federativas, emprendió una lucha valiente y loable, pero fuera de foco, de tiempo y de lugar.
Esta inédita situación ha colocado a miles de soldados mexicanos en condiciones impropias para el canon castrense, el que les impele a pensar primero que nada en México. Incluso han incurrido en excesos involuntarios y atropellos que demeritan gravemente su insigne trayectoria. Casos de violaciones —presuntas y comprobadas— a los derechos humanos de civiles por parte de militares son hoy una constante en el debate nacional.
Nunca se había visto en nuestra historia reciente un abucheo a miembros del Ejército, como ha llegado a ocurrir, atentando contra su fortaleza moral. En los peores frentes de la guerra contra el narcotráfico, la admiración al verde olivo ha sido sustituida a menudo por el miedo. Al saldo de dolor y sangre que esta guerra injustificada nos ha dejado a los mexicanos, se suma el saldo de humillación al que inmerecidamente se ha expuesto a nuestro glorioso Ejército, destacado por su amplia conciencia social.
Ante este grave escenario es justo recordar que la lealtad es un camino de dos vías: así como el militar ha sido leal con el político, el político debe serlo con el militar. El poder civil también está obligado a respetar al poder castrense, aunque sea su subordinado.
Este es un tema que merece una profunda reflexión en las más altas esferas gubernamentales, sobre todo considerando el severo desgaste al que ha sido sometido el prestigio marcial por obedecer en la guerra contra el crimen organizado —como es su deber— las órdenes del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Parafraseando y reinterpretando a un clásico de la estrategia militar, Von Clausewitz: ¿Estamos ante una guerra que es la continuación de la política por otros medios? ¿Al combatir el narcotráfico se persiguen también objetivos políticos? Sería muy grave que resultara cierta esa tesis tan frecuentemente esgrimida y que cada día cobra mayor sentido.
Apostar el honor del soldado mexicano, su orgullo de origen y su espíritu de colaboración en una aventura política, así como ir a contrapelo de sus mejores tradiciones, no sólo desgasta a las instituciones militares, también mina su arquitectura estatal e institucional. De cara al 2010, en el que ya muchas voces advierten la amenaza de brotes subversivos, es imperativo contar con fuerzas armadas respaldadas por la confianza y la aprobación de la ciudadanía. Sólo así los hombres de armas podrán cumplir cabalmente con su papel constitucional primordial.
Si el Ejército no militariza la política, el gobernante no debe politizar a los militares. No se pueden usar las armas como herramienta política o como prótesis emocional. El riesgo es máximo. Es prudente, urgente e imperativo dar a las fuerzas armadas su lugar en el recto orden del Estado, para que puedan seguir contribuyendo a crear un México más seguro, con respeto a la dignidad de las personas y justicia para todos.
Muy lejos de los resultados esperados, la Presidencia de la República decidió al fin, según se dio a conocer en la reunión de la Operación Conjunta Chihuahua el pasado 27 de noviembre, retirar al Ejército de Ciudad Juárez. Sin su generosa presencia patrullando las calles, los habitantes de esa frontera tendrán que volver a empezar a rescatar sus espacios comunes desde una estrategia que no esté contaminada de intereses políticos. Ojalá cuenten con el apoyo inteligente y previsor, sin precipitaciones fallidas, de los tres órdenes de gobierno en lo que parece una sensata reconsideración del Presidente Felipe Calderón. Ya era hora y esperemos que el ajuste estratégico abarque todo el territorio nacional.
lunes, 23 de noviembre de 2009
El costo humano de la guerra contra el crimen
“La guerra es siempre una derrota de la humanidad”
Juan Pablo II
Juan Pablo II
La decisión unipersonal más trascendente para México en la última década ha sido declarar la guerra a la delincuencia organizada. Haciendo gala de valentía, el presidente Felipe Calderón ejerció las facultades que le otorga nuestra Constitución, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y ordenó lanzar una embestida bélica dirigida primordialmente contra los narcotraficantes.
De manera pública y publicada, he enaltecido reiteradamente el arrojo de nuestro Presidente y su voluntad de enfrentar al crimen organizado. La Organización Demócrata Cristiana de América, que me honro en presidir, ha celebrado diversos eventos sobre el tema, principalmente los foros internacionales “Inseguridad, dolor evitable” en México y en Colombia. En ellos y en otros foros realizados en diversas partes del mundo, invariablemente he reconocido a nuestro Presidente, ofreciéndole apoyo y acompañamiento. Ahí hemos generado propuestas de qué hacer para resolver la crisis de inseguridad. En otros países hemos podido aportar un consejo útil a sus gobiernos que, cuando lo han considerado pertinente, sin falsos orgullos han atendido recomendaciones y agradecido los resultados. En el nuestro no ha sido posible.
Apoyar y estar de acuerdo en lo fundamental con el presidente Calderón no nos impide ver que algo está fallando. Es evidente que la estrategia de combate al crimen es inadecuada. Está fuera de foco, dirigida hacia las consecuencias y no hacia las causas. Día a día vemos sus resultados y su desgarrador costo en sangre.
Combatir al narco, ¿decisión política?
Conforme crece la numeralia de la violencia, más eco tiene la tesis de que esta guerra persigue objetivos políticos y más se cuestionan las razones para librarla, exhibidas por las voces del gobierno federal. Aunque damos un voto de confianza a nuestro presidente, no podemos sino señalar que sería muy grave que tales cuestionamientos fueran acertados.
Por ese camino de suspicacia avanza el segundo libro de Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda, “El narco: la guerra fallida”. Estos reconocidos políticos y académicos desmontan los principales argumentos que el Ejecutivo Federal ha esgrimido para justificar la guerra.
Es especialmente ilustrativo que el supuesto aumento en el consumo y en la disponibilidad de drogas no haya tenido un salto que justifique la guerra. Los autores afirman que “los datos ponen de manifiesto que en México el consumo de drogas ilícitas no ha subido de manera significativa en los últimos diez años”; tampoco existe una mayor disponibilidad en las escuelas; no hay elementos para fundar esta guerra “en el consumo y la venta que se hace a los niños o a los jóvenes. Según los datos del propio gobierno, esto no ocurre”.
También se refuta que la violencia haya hecho necesario desencadenar esta guerra. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Población indican que los homicidios per cápita han decrecido casi 20% en los últimos 9 años. México es el país con menos homicidios dolosos de toda América Latina. En palabras de Aguilar y Castañeda, “nuevamente, los números del gobierno refutan su propia tesis”.
Los autores contradicen de manera contundente los argumentos de que la pérdida de control territorial y la corrupción del aparato del Estado tornaron indispensable librar la guerra. Estoy de acuerdo con ellos. Conviene recordarle a Felipe Calderón que la guerra es siempre el peor camino para alcanzar la paz.
Tampoco es cierto que combatir al narcotráfico fuera una prioridad social. Cuando ello ocurrió había otras prioridades, como la atención a la crisis económica. Existía en la gente una preocupación por la violencia y la criminalidad, pero no por la que proviene de los cárteles sino por la que estaba vinculada al secuestro, el robo y los asaltos, delitos a los que estamos expuestos todos los ciudadanos.
Valdría la pena que el gobierno hiciera una réplica contundente a este texto, para fortalecer la confianza en que esta lucha se libra por razones justificadas, válidas y comprobables. O bien, reconocer que no se está en el camino correcto y corregir el rumbo de esta dolorosa marcha de sangre.
Dolor evitable
Como un habitante más de Ciudad Juárez, vivo en uno de los frentes de la guerra iniciada por el presidente Calderón. He sido testigo de que hasta los más pequeños negocios sufren extorsiones: tiendas de abarrotes, gasolineras, fondas... Médicos, abogados, dentistas, tienen que pagar “protección”; también trabajadores de las maquiladoras.
Incluso hay padres de familia que se han visto obligados a desembolsar cuotas para que las escuelas de sus hijos no sean blanco de los infames “cuernos de chivo”. Y este dinero exigido por los delincuentes se ha dado en medio de la peor crisis económica en la historia de la frontera: son innumerables los empleos perdidos y las empresas quebradas.
Es especialmente preocupante que los juarenses no tengan ya espacios para convivir. Son pocos los restaurantes, locales para fiestas o bares que se mantienen abiertos, pero ninguno puede considerarse seguro. Y aunque este hecho podría parecer frívolo, es necesario recordar que en esos espacios se entreteje la convivencia que da vida a una comunidad. ¿Qué futuro nos espera cuando ni siquiera podemos celebrar una boda, una primera comunión, una graduación o un cumpleaños sin miedo a ser asesinados? ¿Qué esperanza queda a nuestros jóvenes cuando ni en sus escuelas están seguros y sólo pueden convivir tranquilamente dentro de sus casas? Y en ocasiones ni eso, les consta a mis hijos.
Todos los que vivimos en Ciudad Juárez hemos sido heridos por esta guerra. Han muerto muchos narcotraficantes, sí, pero también han muerto inocentes y ha muerto nuestra tranquilidad, nuestra paz y el equilibrio emocional de muchos niños y adultos.
Extorsionado, atemorizado, sin fe en su gobierno, el pueblo juarense se aferra a su dignidad, a esa inquebrantable fuerza que lo ha hecho escribir luminosas páginas en la historia patria.
Felicito a este mi pueblo adoptivo por su fortaleza y valentía. Sin embargo, nuestra fuerza es vasta, más no infinita. Urge un cambio de rumbo, un giro radical en la estrategia del gobierno federal. Hay que enfrentar al narcotráfico no como un problema de seguridad, sino como un problema de salud; concebir al adicto no como un delincuente, sino como un enfermo que merece nuestra ayuda.
Necesitamos más programas de prevención y menos armas; necesitamos más clínicas y menos retenes; necesitamos un enfoque más humano y menos bélico. Necesitamos no una guerra de fuego y sangre, sino una paz construida con paciencia a través de la educación, el enriquecimiento de los valores familiares y los lazos sociales. Necesitamos volver a empezar.
De manera pública y publicada, he enaltecido reiteradamente el arrojo de nuestro Presidente y su voluntad de enfrentar al crimen organizado. La Organización Demócrata Cristiana de América, que me honro en presidir, ha celebrado diversos eventos sobre el tema, principalmente los foros internacionales “Inseguridad, dolor evitable” en México y en Colombia. En ellos y en otros foros realizados en diversas partes del mundo, invariablemente he reconocido a nuestro Presidente, ofreciéndole apoyo y acompañamiento. Ahí hemos generado propuestas de qué hacer para resolver la crisis de inseguridad. En otros países hemos podido aportar un consejo útil a sus gobiernos que, cuando lo han considerado pertinente, sin falsos orgullos han atendido recomendaciones y agradecido los resultados. En el nuestro no ha sido posible.
Apoyar y estar de acuerdo en lo fundamental con el presidente Calderón no nos impide ver que algo está fallando. Es evidente que la estrategia de combate al crimen es inadecuada. Está fuera de foco, dirigida hacia las consecuencias y no hacia las causas. Día a día vemos sus resultados y su desgarrador costo en sangre.
Combatir al narco, ¿decisión política?
Conforme crece la numeralia de la violencia, más eco tiene la tesis de que esta guerra persigue objetivos políticos y más se cuestionan las razones para librarla, exhibidas por las voces del gobierno federal. Aunque damos un voto de confianza a nuestro presidente, no podemos sino señalar que sería muy grave que tales cuestionamientos fueran acertados.
Por ese camino de suspicacia avanza el segundo libro de Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda, “El narco: la guerra fallida”. Estos reconocidos políticos y académicos desmontan los principales argumentos que el Ejecutivo Federal ha esgrimido para justificar la guerra.
Es especialmente ilustrativo que el supuesto aumento en el consumo y en la disponibilidad de drogas no haya tenido un salto que justifique la guerra. Los autores afirman que “los datos ponen de manifiesto que en México el consumo de drogas ilícitas no ha subido de manera significativa en los últimos diez años”; tampoco existe una mayor disponibilidad en las escuelas; no hay elementos para fundar esta guerra “en el consumo y la venta que se hace a los niños o a los jóvenes. Según los datos del propio gobierno, esto no ocurre”.
También se refuta que la violencia haya hecho necesario desencadenar esta guerra. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Población indican que los homicidios per cápita han decrecido casi 20% en los últimos 9 años. México es el país con menos homicidios dolosos de toda América Latina. En palabras de Aguilar y Castañeda, “nuevamente, los números del gobierno refutan su propia tesis”.
Los autores contradicen de manera contundente los argumentos de que la pérdida de control territorial y la corrupción del aparato del Estado tornaron indispensable librar la guerra. Estoy de acuerdo con ellos. Conviene recordarle a Felipe Calderón que la guerra es siempre el peor camino para alcanzar la paz.
Tampoco es cierto que combatir al narcotráfico fuera una prioridad social. Cuando ello ocurrió había otras prioridades, como la atención a la crisis económica. Existía en la gente una preocupación por la violencia y la criminalidad, pero no por la que proviene de los cárteles sino por la que estaba vinculada al secuestro, el robo y los asaltos, delitos a los que estamos expuestos todos los ciudadanos.
Valdría la pena que el gobierno hiciera una réplica contundente a este texto, para fortalecer la confianza en que esta lucha se libra por razones justificadas, válidas y comprobables. O bien, reconocer que no se está en el camino correcto y corregir el rumbo de esta dolorosa marcha de sangre.
Dolor evitable
Como un habitante más de Ciudad Juárez, vivo en uno de los frentes de la guerra iniciada por el presidente Calderón. He sido testigo de que hasta los más pequeños negocios sufren extorsiones: tiendas de abarrotes, gasolineras, fondas... Médicos, abogados, dentistas, tienen que pagar “protección”; también trabajadores de las maquiladoras.
Incluso hay padres de familia que se han visto obligados a desembolsar cuotas para que las escuelas de sus hijos no sean blanco de los infames “cuernos de chivo”. Y este dinero exigido por los delincuentes se ha dado en medio de la peor crisis económica en la historia de la frontera: son innumerables los empleos perdidos y las empresas quebradas.
Es especialmente preocupante que los juarenses no tengan ya espacios para convivir. Son pocos los restaurantes, locales para fiestas o bares que se mantienen abiertos, pero ninguno puede considerarse seguro. Y aunque este hecho podría parecer frívolo, es necesario recordar que en esos espacios se entreteje la convivencia que da vida a una comunidad. ¿Qué futuro nos espera cuando ni siquiera podemos celebrar una boda, una primera comunión, una graduación o un cumpleaños sin miedo a ser asesinados? ¿Qué esperanza queda a nuestros jóvenes cuando ni en sus escuelas están seguros y sólo pueden convivir tranquilamente dentro de sus casas? Y en ocasiones ni eso, les consta a mis hijos.
Todos los que vivimos en Ciudad Juárez hemos sido heridos por esta guerra. Han muerto muchos narcotraficantes, sí, pero también han muerto inocentes y ha muerto nuestra tranquilidad, nuestra paz y el equilibrio emocional de muchos niños y adultos.
Extorsionado, atemorizado, sin fe en su gobierno, el pueblo juarense se aferra a su dignidad, a esa inquebrantable fuerza que lo ha hecho escribir luminosas páginas en la historia patria.
Felicito a este mi pueblo adoptivo por su fortaleza y valentía. Sin embargo, nuestra fuerza es vasta, más no infinita. Urge un cambio de rumbo, un giro radical en la estrategia del gobierno federal. Hay que enfrentar al narcotráfico no como un problema de seguridad, sino como un problema de salud; concebir al adicto no como un delincuente, sino como un enfermo que merece nuestra ayuda.
Necesitamos más programas de prevención y menos armas; necesitamos más clínicas y menos retenes; necesitamos un enfoque más humano y menos bélico. Necesitamos no una guerra de fuego y sangre, sino una paz construida con paciencia a través de la educación, el enriquecimiento de los valores familiares y los lazos sociales. Necesitamos volver a empezar.
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