Para verlo por internet: http://www.ntn24.com/senal.html
Para verlo por SKY-México, canal 635.
Saludos,
Manuel Espino
Para verlo por SKY-México, canal 635.
Saludos,
Manuel Espino
martes, 23 de marzo de 2010
Guerra contra el crimen y coordinación intergubernamental
Esta semana quedó claro por qué la mejor política de seguridad pública debe arrancar de la actitud movida por sentimientos auténticamente humanos, ajenos a todo partidarismo, a toda búsqueda de ganancias políticas y a todo empecinamiento personal.
Ante el clamor desesperado de los ciudadanos por seguridad pública, en Ciudad Juárez vimos dos respuestas gubernamentales profundamente distintas.
Por un lado, el gobierno mexicano mantiene una estrategia de guerra contra el crimen organizado que ha causado el mayor derramamiento de sangre sobre territorio nacional desde la Revolución.
Aunque durante este tiempo muchos se han empeñado en hacer creer que los ejecutados eran todos delincuentes y que “los criminales se están matando entre ellos”, a últimas fechas se ha evidenciado lo que los habitantes de la frontera siempre hemos sabido: que la violencia victimiza a culpables e inocentes por igual, mientras desde las más altas esferas del poder Ejecutivo se frenan los cambios que pudieran detener este dolor humano.
El académico José Antonio Crespo afirmó que “según el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EU, han entrado a México, en los últimos tres años, aproximadamente 900 mil armas. En contraparte, según autoridades mexicanas durante este gobierno se han decomisado 30 mil armas, es decir, apenas el 3% del total de armas ilegales que ha entrado en el mismo lapso.” Ello nos da una idea de la objetividad que hace falta en los gobernantes de este lado de la frontera y del manejo con tintes propagandístico que se está dando a los resultados de la guerra.
En las antípodas de esta actitud, tras el asesinato de tres ciudadanos en Ciudad Juárez, el gobierno de Barack Obama ha lanzado una triple ofensiva que avanza por caminos diplomáticos, políticos y policiales.
La Casa Blanca no necesitó miles de homicidios para voltear a ver a Ciudad Juárez. Bastaron tres para demostrar de manera firme y contundente que el embajador Carlos Pascual, Janet Napolitano, Hillary Clinton, el gabinete de seguridad estadounidense, diversas agencias policiacas y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tienen un compromiso denodado con la seguridad de su pueblo.
Aunque hay lazos históricos, culturales, familiares y económicos que trascienden la frontera para hacer de Ciudad Juárez y El Paso una sola comunidad, contrastan porque la primera es la Ciudad más violenta del mundo (por segundo año consecutiva) y la segunda se reconoce como la más segura de Estados Unidos. La respuesta a esa lacerante realidad es hoy más evidente que nunca.
Visión de Estado en el combate a la inseguridad
El negativo derrotero que ha seguido la guerra contra el crimen se ha debido, entre otros muchos factores, a que desde un principio no hubo coordinación entre los gobiernos mexicano y estadounidense.
Es evidente que el narcotráfico es un problema que requiere una respuesta internacional, pero el presidente Calderón declaró apresuradamente la guerra (en la primera quincena de su mandato) y no dejó lapso alguno para coordinarse con nuestros vecinos del norte. Hoy vemos, y padecemos, las consecuencias.
Quizá la presente situación abra un espacio para reconocer la urgencia de replantear la estrategia y coordinarse no sólo con el gobierno estadounidense, sino también con los estados y los municipios, a los que se lanzó a una guerra de consecuencias potísimas sin tender los debidos puentes de colaboración.
Es hora de que nuestro gobierno muestre visión de Estado y actúe de manera coordinada con todos quienes se ven afectados por esta guerra, defendiendo la dignidad de México ante Estados Unidos, pero también respetando la soberanía de las 32 entidades federativas y la autonomía de los municipios, cuyos espacios de libertad y autodeterminación son esenciales para guardar los equilibrios del pacto federal.
Ojalá y esta oportunidad no sea desperdiciada. Ojalá y prevalezca la humildad y el ánimo de corregir. Ojalá y se reconozca que la fuerza interior y exterior contra el desorden solamente la pueden tener los pacíficos. Porque sólo así este derramamiento de sangre podrá llegar a su fin.
Ante el clamor desesperado de los ciudadanos por seguridad pública, en Ciudad Juárez vimos dos respuestas gubernamentales profundamente distintas.
Por un lado, el gobierno mexicano mantiene una estrategia de guerra contra el crimen organizado que ha causado el mayor derramamiento de sangre sobre territorio nacional desde la Revolución.
Aunque durante este tiempo muchos se han empeñado en hacer creer que los ejecutados eran todos delincuentes y que “los criminales se están matando entre ellos”, a últimas fechas se ha evidenciado lo que los habitantes de la frontera siempre hemos sabido: que la violencia victimiza a culpables e inocentes por igual, mientras desde las más altas esferas del poder Ejecutivo se frenan los cambios que pudieran detener este dolor humano.
El académico José Antonio Crespo afirmó que “según el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EU, han entrado a México, en los últimos tres años, aproximadamente 900 mil armas. En contraparte, según autoridades mexicanas durante este gobierno se han decomisado 30 mil armas, es decir, apenas el 3% del total de armas ilegales que ha entrado en el mismo lapso.” Ello nos da una idea de la objetividad que hace falta en los gobernantes de este lado de la frontera y del manejo con tintes propagandístico que se está dando a los resultados de la guerra.
En las antípodas de esta actitud, tras el asesinato de tres ciudadanos en Ciudad Juárez, el gobierno de Barack Obama ha lanzado una triple ofensiva que avanza por caminos diplomáticos, políticos y policiales.
La Casa Blanca no necesitó miles de homicidios para voltear a ver a Ciudad Juárez. Bastaron tres para demostrar de manera firme y contundente que el embajador Carlos Pascual, Janet Napolitano, Hillary Clinton, el gabinete de seguridad estadounidense, diversas agencias policiacas y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tienen un compromiso denodado con la seguridad de su pueblo.
Aunque hay lazos históricos, culturales, familiares y económicos que trascienden la frontera para hacer de Ciudad Juárez y El Paso una sola comunidad, contrastan porque la primera es la Ciudad más violenta del mundo (por segundo año consecutiva) y la segunda se reconoce como la más segura de Estados Unidos. La respuesta a esa lacerante realidad es hoy más evidente que nunca.
Visión de Estado en el combate a la inseguridad
El negativo derrotero que ha seguido la guerra contra el crimen se ha debido, entre otros muchos factores, a que desde un principio no hubo coordinación entre los gobiernos mexicano y estadounidense.
Es evidente que el narcotráfico es un problema que requiere una respuesta internacional, pero el presidente Calderón declaró apresuradamente la guerra (en la primera quincena de su mandato) y no dejó lapso alguno para coordinarse con nuestros vecinos del norte. Hoy vemos, y padecemos, las consecuencias.
Quizá la presente situación abra un espacio para reconocer la urgencia de replantear la estrategia y coordinarse no sólo con el gobierno estadounidense, sino también con los estados y los municipios, a los que se lanzó a una guerra de consecuencias potísimas sin tender los debidos puentes de colaboración.
Es hora de que nuestro gobierno muestre visión de Estado y actúe de manera coordinada con todos quienes se ven afectados por esta guerra, defendiendo la dignidad de México ante Estados Unidos, pero también respetando la soberanía de las 32 entidades federativas y la autonomía de los municipios, cuyos espacios de libertad y autodeterminación son esenciales para guardar los equilibrios del pacto federal.
Ojalá y esta oportunidad no sea desperdiciada. Ojalá y prevalezca la humildad y el ánimo de corregir. Ojalá y se reconozca que la fuerza interior y exterior contra el desorden solamente la pueden tener los pacíficos. Porque sólo así este derramamiento de sangre podrá llegar a su fin.
lunes, 22 de marzo de 2010
Invito amigos panistas de B Juárez y DF a dialogar sobre Esfuerzo Nal que llevamos a cabo Mié 24 Mar 19hs Sacramento 354 del Valle RSVP
VOLVER A EMPEZAR
Un llamado a la perseverancia desde la democracia cristiana.
Invito a mis amigos panistas de la delegación Benito Juárez y de todo el Distrito Federal a dialogar sobre el esfuerzo nacional Volver a Empezar que estamos realizando en todo el país.
Nos reuniremos en nuestra querida casa de Sacramento 354, esquina California, Colonia Insurgentes San Borja, a las 19 hrs.
Por favor confírmame tu asistencia a manuel@manuelespino.org.mx.
Manuel Espino
http://www.manuelespino.org.mx
viernes, 19 de marzo de 2010
En media hora los espero con sus preguntas en el chat de El Universal http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/detalles/14815.html
En punto de las 14:30 voy a estar en el chat de El Universal http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/detalles/14815.html
Gran éxito de ODCA en Caracas con el Foro Alternativas económicas del humanismo político frente al fracaso del populismo
Los días de ayer y hoy, con la asistencia de un centenar de participantes, frente a ponentes de una decena de países de América y Europa, la ODCA, junto a la Fundación Konrad Adenauer y a la COPEI, Partido Popular de Venezuela, organizó el Foro internacional "Alternativas económicas del humanismo político frente al fracaso del populismo" en el Hotel Lido de El Rosal en la ciudad de Caracas, Venezuela, presentando el camino alterno del humanismo político en el corazón de nuestro país hermano.
jueves, 18 de marzo de 2010
Menciona Houston Chronicle a Manuel Espino
Mención (crestomatía):
But critics, among them some senior members of his own political party, say Calderon's reluctance to shift strategies reflects a stubborn streak that has negatively affected other aspects of his presidency.
“When someone has an opinion different from his, he tends to see it as aggression against him,” claims Manuel Espino, a former national leader of Calderon's conservative National Action Party, who has become a vocal critic. “He tends to distrust even people on his own team.
“Maybe it's a fear of seeming weak,” said Espino, a Juarez native, who is publishing a book this month condemning the anti-crime strategy in that city.
Artículo:
http://www.chron.com/disp/story.mpl/metropolitan/6918103.html
Chatea con Manuel Espino mañana en El Universal a las 14:30 hrs http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/detalles/14815.html
| Conversa con | |
| Manuel Espino 19 de marzo 2010 14:30 | |
| El testimonio de múltiples voces que reclaman el fin de la violencia en Ciudad Juárez es presentado ante la demanda ciudadana para que vuelvan la seguridad, la tranquilidad y la libertad. Manuel Espino, escritor y político, nos hablará de su libro La guerra injusta de Ciudad Juárez, donde reflexiona y realiza propuestas ciudadanas.
Participa con nosotros. Envía tus preguntas y comentarios.
El Universal
http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/detalles/14815.html |
Mensaje al Foro de Caracas
Mensaje de Manuel Espino enviado hoy 18 de Marzo de 2010 desde la Ciudad de México al Foro Internacional "Alternativas económicas del humanismo político frente al fracaso del populismo" en Caracas, organizado por la ODCA, la Fundación Konrad Adenauer y COPEI, el Partido Popular Venezolano.
martes, 16 de marzo de 2010
Crisis política, lastre del desarrollo
Lo peor de la crisis económica “parece haber acabado” en América Latina. Esta apreciación optimista del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, no implica sin embargo que la recuperación vaya a ser rápida y homogénea. Por el contrario, será lenta y desigual en los países de la región.
Se espera que los grandes exportadores, como Brasil y Canadá, en 2010 obtendrán resultados muy favorables por la creciente demanda de China. Muy distinto será en México y Centroamérica cuyo principal mercado, Estados Unidos, registrará una lenta recuperación frente a la crisis y, consecuentemente, disminuirá su capacidad de importación.
Gracias a la pujanza de la iniciativa privada mexicana y al hábil manejo gubernamental frente a la crisis financiera, nuestro país ganó participación en el mercado estadounidense en lo que va del año. Aunque ello no impidió que China nos desplazara al tercer lugar en transacciones mercantiles con nuestro vecino del norte. Se antoja difícil sostener el superávit comercial que México registró con Estados Unidos al inicio del 2010, el mejor de los últimos ocho años.
La crisis financiera internacional impone la necesidad de que los gobiernos mejoren su situación fiscal y concentren esfuerzos en resolver las cada vez mayores necesidades sociales. México destaca como uno de los países con más urgencia de eficacia en el combate a la pobreza. Nuestro país aporta más de la cuarta parte de los 200 millones de personas afectadas en América Latina por este lacerante fenómeno regional, ahora agravado por la crisis de inseguridad.
Sistema de partidos atrofiado
Nuestro viciado sistema de partidos, hoy convertido en vergonzante escaramuza, ha paralizado la de por sí deficiente productividad legislativa. Ha hecho de la ambición electoral el propósito primordial por encima del interés nacional. Por razones políticas se ha frenado la adecuación legal orientada a potenciar la competitividad y productividad del país.
No obstante la urgencia de reformas estructurales –principalmente en los ámbitos tributario y laboral– que faciliten el desarrollo y el crecimiento de nuestra economía, prevalece la obstrucción de la oposición en el Congreso federal a las iniciativas que atinadamente ha promovido el presidente Calderón. Tras la negativa de cooperación responsable del PRI y PRD principalmente, se esconde el interés electorero y la ambición partidaria de acceso al poder. Es evidente.
Mientras la crisis aprieta, el PAN –mi partido– convertido en instrumento de gobierno, ha nulificado su capacidad de negociación y diálogo. La oposición, con pretextos pueriles, busca que la sociedad se decepcione del gobierno de la república para potenciar sus posibilidades de ganar espacios de poder hacia la sucesión presidencial. Para lograrlo, está decidida a sembrarle fracasos al gobierno, en espera de cosechar triunfos en las urnas.
Excesiva burocracia en el gobierno
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inversión fija bruta se desplomó 10.1% en términos reales y a tasa anual, lo que representa su mayor retroceso desde 1995. Ello justifica, de manera urgente, eliminar y compactar dependencias, así como cancelar plazas y disminuir los sueldos de altos funcionarios para reconducir ese gasto hacia infraestructura que facilite la recuperación en productividad y empleo perdidos.
Sin el respaldo eficaz de su partido de origen, distraído en sus propios yerros, para sortear las piedras que la oposición le pone en el camino, el gobierno federal ha puesto en marcha el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público. Se pretende ahorrar 160 mil millones de pesos en los próximos tres años. Los del cierre del sexenio calderonista. Con este esfuerzo se busca disminuir entre 7 y 8% el gasto corriente y reducir la burocracia de la administración pública federal.
Electorerismo y parálisis política
Parece que la mediocridad campea en el poder legislativo federal, pues no obstante el paupérrimo crecimiento económico que promedia 2.5% en los últimos 27 años, ahí prevalece el interés de los partidos por encima del interés nacional. El criterio de rentabilidad electoral destaca como fundamento de las decisiones de los grupos parlamentarios que no han logrado sintonizar su desempeño con su deber. Saben los legisladores que por encima de los legítimos afanes partidistas, su deber es atender las demandas de la sociedad y las exigencias de la nación. Les gana el afán de poder y no parece haber algún caso de excepción. Los pobres resultados así lo demuestran.
Aunque el escenario de recuperación económica es positivo en general para la región, esta actitud partidarista que prevalece en el Congreso mexicano, y de la que no está exento el gobierno de Felipe Calderón, impide una perspectiva de recuperación a corto plazo para México. La visión electorera atrofia la visión de Estado que se espera de nuestros poderes legislativo y ejecutivo para generar ventajas competitivas. Sus pleitos estériles nos condenan a seguir rezagados mientras otros países avanzan, aun los que tienen menos capacidad de desarrollo que el nuestro, pero que tienen mejor ubicadas sus prioridades.
Mientras no resolvamos la crisis política de México, difícilmente podremos salir de la crisis económica.
Se espera que los grandes exportadores, como Brasil y Canadá, en 2010 obtendrán resultados muy favorables por la creciente demanda de China. Muy distinto será en México y Centroamérica cuyo principal mercado, Estados Unidos, registrará una lenta recuperación frente a la crisis y, consecuentemente, disminuirá su capacidad de importación.
Gracias a la pujanza de la iniciativa privada mexicana y al hábil manejo gubernamental frente a la crisis financiera, nuestro país ganó participación en el mercado estadounidense en lo que va del año. Aunque ello no impidió que China nos desplazara al tercer lugar en transacciones mercantiles con nuestro vecino del norte. Se antoja difícil sostener el superávit comercial que México registró con Estados Unidos al inicio del 2010, el mejor de los últimos ocho años.
La crisis financiera internacional impone la necesidad de que los gobiernos mejoren su situación fiscal y concentren esfuerzos en resolver las cada vez mayores necesidades sociales. México destaca como uno de los países con más urgencia de eficacia en el combate a la pobreza. Nuestro país aporta más de la cuarta parte de los 200 millones de personas afectadas en América Latina por este lacerante fenómeno regional, ahora agravado por la crisis de inseguridad.
Sistema de partidos atrofiado
Nuestro viciado sistema de partidos, hoy convertido en vergonzante escaramuza, ha paralizado la de por sí deficiente productividad legislativa. Ha hecho de la ambición electoral el propósito primordial por encima del interés nacional. Por razones políticas se ha frenado la adecuación legal orientada a potenciar la competitividad y productividad del país.
No obstante la urgencia de reformas estructurales –principalmente en los ámbitos tributario y laboral– que faciliten el desarrollo y el crecimiento de nuestra economía, prevalece la obstrucción de la oposición en el Congreso federal a las iniciativas que atinadamente ha promovido el presidente Calderón. Tras la negativa de cooperación responsable del PRI y PRD principalmente, se esconde el interés electorero y la ambición partidaria de acceso al poder. Es evidente.
Mientras la crisis aprieta, el PAN –mi partido– convertido en instrumento de gobierno, ha nulificado su capacidad de negociación y diálogo. La oposición, con pretextos pueriles, busca que la sociedad se decepcione del gobierno de la república para potenciar sus posibilidades de ganar espacios de poder hacia la sucesión presidencial. Para lograrlo, está decidida a sembrarle fracasos al gobierno, en espera de cosechar triunfos en las urnas.
Excesiva burocracia en el gobierno
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inversión fija bruta se desplomó 10.1% en términos reales y a tasa anual, lo que representa su mayor retroceso desde 1995. Ello justifica, de manera urgente, eliminar y compactar dependencias, así como cancelar plazas y disminuir los sueldos de altos funcionarios para reconducir ese gasto hacia infraestructura que facilite la recuperación en productividad y empleo perdidos.
Sin el respaldo eficaz de su partido de origen, distraído en sus propios yerros, para sortear las piedras que la oposición le pone en el camino, el gobierno federal ha puesto en marcha el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público. Se pretende ahorrar 160 mil millones de pesos en los próximos tres años. Los del cierre del sexenio calderonista. Con este esfuerzo se busca disminuir entre 7 y 8% el gasto corriente y reducir la burocracia de la administración pública federal.
Electorerismo y parálisis política
Parece que la mediocridad campea en el poder legislativo federal, pues no obstante el paupérrimo crecimiento económico que promedia 2.5% en los últimos 27 años, ahí prevalece el interés de los partidos por encima del interés nacional. El criterio de rentabilidad electoral destaca como fundamento de las decisiones de los grupos parlamentarios que no han logrado sintonizar su desempeño con su deber. Saben los legisladores que por encima de los legítimos afanes partidistas, su deber es atender las demandas de la sociedad y las exigencias de la nación. Les gana el afán de poder y no parece haber algún caso de excepción. Los pobres resultados así lo demuestran.
Aunque el escenario de recuperación económica es positivo en general para la región, esta actitud partidarista que prevalece en el Congreso mexicano, y de la que no está exento el gobierno de Felipe Calderón, impide una perspectiva de recuperación a corto plazo para México. La visión electorera atrofia la visión de Estado que se espera de nuestros poderes legislativo y ejecutivo para generar ventajas competitivas. Sus pleitos estériles nos condenan a seguir rezagados mientras otros países avanzan, aun los que tienen menos capacidad de desarrollo que el nuestro, pero que tienen mejor ubicadas sus prioridades.
Mientras no resolvamos la crisis política de México, difícilmente podremos salir de la crisis económica.
lunes, 8 de marzo de 2010
Por más mujeres en la política
Históricamente, la clase política ha claudicado de sus obligaciones con las mujeres. Ya sea por machismo o por formar parte de una cultura patriarcal, el género femenino ha avanzado en soledad —y la mayoría de las veces contra fuertes resistencias del poder establecido— en su búsqueda por alcanzar no privilegios, sino tan sólo elementales condiciones de equidad.
Como consecuencia, aunque las mujeres integran el 52% de la militancia de los partidos latinoamericanos, únicamente presiden el 15.8% y conforman sólo un 23% de los ministros de Estado.
En nuestras campañas electorales el panorama es entristecedor: las mujeres son nada más un 24% de los candidatos a senadurías o diputaciones. En los parlamentos de América Latina el promedio de mujeres es de 20%.
Los dos países de la región con más mujeres ocupando ministerios son Bolivia y Chile, con 50 y 45%, respectivamente. El contraste son Brasil o Paraguay, con 5 y 10%.
En nuestro país la situación política de la mujer tiene un largo trecho por avanzar. Baste con recordar el lamentable episodio de las diputadas “juanitas” a principios de la actual legislatura federal.
Esta situación es por demás vergonzosa. Por ello, quienes nos preciamos de haber sido formados dentro del humanismo político tenemos obligaciones irrenunciables hacia el género femenino.
Las cuotas: condición mínima para avanzar
Como presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América he pugnado porque los 35 partidos que la integran asuman sin cortapisas su compromiso con la mujer, comenzando por asegurarnos que se garantice que ocupen cargos directivos y sean candidatas a puestos de elección popular.
Mientras no esté establecida una plena normalidad democrática en términos de equidad de género, los políticos debemos aceptar que las cuotas mínimas de participación son una medida afirmativa, si bien transitoria, para atacar la subrepresentación de la mujer en la vida pública.
Nuestro primer reto es acabar con todo rasgo patriarcal en las organizaciones políticas, comenzando por aquellas de las que somos parte, desmontando las barreras sociales y culturales que se han erigido durante siglos, generando desigualdades e impidiendo a las mujeres desempeñar su papel de impulsoras de los procesos de evolución del mundo.
Más mujeres decidiendo
Aunque cada vez hay más esfuerzos orientados a alcanzar la equidad de género, la discriminación sigue siendo un fardo social que pesa más sobre las mujeres que sobre los hombres. Ello se manifiesta de manera más evidente en la brecha salarial y en las condiciones laborales dispares entre hombres y mujeres.
Sin embargo, a medida que crece el número de mujeres involucradas activamente en sus comunidades es fácil ver que su presencia es altamente fructífera y benéfica. A todos nos conviene que cada vez más mujeres atraviesen las puertas de su hogar para aportar a la vida social.
Por ello, el papel del político consiste en animar a la sociedad para que acepte a la mujer en todos los ámbitos de la nación en igualdad de condiciones, en esforzarse para derribar las barreras que coartan su libertad y eliminar todas las formas de discriminación, práctica o psicológica, que limitan su desarrollo.
Pues sólo cuando el género femenino tenga participación activa en cada uno de los espacios de la vida nacional, y hayamos logrado integrar completamente a la mujer en el mundo público y al hombre en el privado, nuestra República podrá vivir con plena justicia y con democracia plena.
Como consecuencia, aunque las mujeres integran el 52% de la militancia de los partidos latinoamericanos, únicamente presiden el 15.8% y conforman sólo un 23% de los ministros de Estado.
En nuestras campañas electorales el panorama es entristecedor: las mujeres son nada más un 24% de los candidatos a senadurías o diputaciones. En los parlamentos de América Latina el promedio de mujeres es de 20%.
Los dos países de la región con más mujeres ocupando ministerios son Bolivia y Chile, con 50 y 45%, respectivamente. El contraste son Brasil o Paraguay, con 5 y 10%.
En nuestro país la situación política de la mujer tiene un largo trecho por avanzar. Baste con recordar el lamentable episodio de las diputadas “juanitas” a principios de la actual legislatura federal.
Esta situación es por demás vergonzosa. Por ello, quienes nos preciamos de haber sido formados dentro del humanismo político tenemos obligaciones irrenunciables hacia el género femenino.
Las cuotas: condición mínima para avanzar
Como presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América he pugnado porque los 35 partidos que la integran asuman sin cortapisas su compromiso con la mujer, comenzando por asegurarnos que se garantice que ocupen cargos directivos y sean candidatas a puestos de elección popular.
Mientras no esté establecida una plena normalidad democrática en términos de equidad de género, los políticos debemos aceptar que las cuotas mínimas de participación son una medida afirmativa, si bien transitoria, para atacar la subrepresentación de la mujer en la vida pública.
Nuestro primer reto es acabar con todo rasgo patriarcal en las organizaciones políticas, comenzando por aquellas de las que somos parte, desmontando las barreras sociales y culturales que se han erigido durante siglos, generando desigualdades e impidiendo a las mujeres desempeñar su papel de impulsoras de los procesos de evolución del mundo.
Más mujeres decidiendo
Aunque cada vez hay más esfuerzos orientados a alcanzar la equidad de género, la discriminación sigue siendo un fardo social que pesa más sobre las mujeres que sobre los hombres. Ello se manifiesta de manera más evidente en la brecha salarial y en las condiciones laborales dispares entre hombres y mujeres.
Sin embargo, a medida que crece el número de mujeres involucradas activamente en sus comunidades es fácil ver que su presencia es altamente fructífera y benéfica. A todos nos conviene que cada vez más mujeres atraviesen las puertas de su hogar para aportar a la vida social.
Por ello, el papel del político consiste en animar a la sociedad para que acepte a la mujer en todos los ámbitos de la nación en igualdad de condiciones, en esforzarse para derribar las barreras que coartan su libertad y eliminar todas las formas de discriminación, práctica o psicológica, que limitan su desarrollo.
Pues sólo cuando el género femenino tenga participación activa en cada uno de los espacios de la vida nacional, y hayamos logrado integrar completamente a la mujer en el mundo público y al hombre en el privado, nuestra República podrá vivir con plena justicia y con democracia plena.
Ganar el gobierno y perder los principios
En las decisiones que afectan el devenir de los mexicanos debe haber apertura, debate y transparencia. Consolidar nuestra incipiente democracia pasa, necesariamente, por cambiar nuestra obsoleta incultura política. Exige que todos los actores políticos dejemos atrás el secretismo, los acuerdos soterrados y los tratos en los sótanos.
Por ello, cuando el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido se disponía a aprobar la candidatura de Miguel Ángel Yunes al gobierno de Veracruz intenté generar un sano debate, pero tal derecho me fue negado. Pero tal derecho me fue negado con un desplante inusual de intolerancia. Por ello, hago públicas algunas consideraciones con la intención de contribuir a hacer la vida política eminentemente pública.
Calderón versus Yunes
Al CEN de mi partido y a la comisión que por igual calificó como excelentes a los aspirantes a la candidatura a gobernador —comisión integrada por María Elena Álvarez, Jordy Herrera y Marco Adame— les quise preguntar si sabían, y qué opinión les merecía, que en 2006 Miguel Ángel Yunes no fue candidato al Senado de la República debido al veto de Felipe Calderón Hinojosa.
Como candidato a la presidencia, Calderón argumentó que cuando Yunes fue secretario de Gobierno, con Patricio Chirinos, se distinguió por su desempeño corrupto, por golpear, perseguir y difamar panistas.
Siendo presidente nacional del PAN, Felipe Calderón me advirtió que si Yunes llegaba a ser candidato lo iba a rechazar públicamente y no aceptaría su compañía en la campaña. Calderón me exigió evitar que el expriísta fuera candidato por Acción Nacional. Consciente de no poder “bajar” a un precandidato, porque hubiera sido un atropello violatorio de los derechos ciudadanos, opté por intentar que Yunes permaneciera en el gobierno, lo que en efecto ocurrió.
De vetado a funcionario
Para mi sorpresa y a pesar de esta iracunda animadversión, cuando el presidente formó su equipo de gobierno incorporó a Miguel Ángel. Quien meses atrás había vetado a Yunes con severas acusaciones, ahora lo hacía titular de una importante dependencia: el ISSSTE.
Después se especuló que dicho nombramiento —como otros— era el pago de algún favor político a Elba Esther Gordillo. Versión que me confirmó el propio Yunes justo antes de ser designado precandidato único por el CEN, al decirme que en 2006 había apoyado a Felipe Calderón desde la contienda interna del PAN porque así se había negociado con “la maestra”.
Me quedó claro que Calderón sólo había recurrido a mí para que yo pagara el costo de no hacer candidato a Yunes, como le hizo saber a “la maestra”. Durante aquella campaña ella me reclamó que no estaba concediéndole las candidaturas acordadas con “el candidato”, refiriéndose a Felipe Calderón.
Efectivamente: pese a la negociación Calderón-Gordillo, que yo desconocía, me negué a dar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) las quince candidaturas plurinominales que encabezan las circunscripciones y cuya designación recae en el CEN; tampoco cedí algunas candidaturas al Senado de la República. Me pareció innecesario y de alto riesgo político conceder esas posiciones a alguien que no nos garantizaba un respaldo seguro para ganar la presidencia. Era como traicionar al PAN. También me rehusé, ante la insistencia de Calderón, a formular a los miembros del Comité Nacional, como iniciativa propia, la propuesta de ceder tales espacios.
Más debate público y menos línea
En la última sesión del CEN quise hablar sobre el tema y proponer que se acordara, antes de designar candidato, preguntar al presidente Calderón por qué cambió su posición frente a Yunes, cómo pasó de ser un adversario a un destacado funcionario en su gobierno. Que se le preguntara si la “línea” y presión ejercida a algunos miembros del CEN para que se votara por Yunes obedecía a otro compromiso con “la maestra”, hecho a espaldas de los veracruzanos y los panistas.
Sin embargo, cuando solicité el uso de la palabra y expresé mi preocupación porque Yunes fuera designado sin hacer antes algunas aclaraciones, en forma inusual y “por mayoría de votos” me fue negado el derecho a hablar ante el pleno del Comité Nacional. Asumí que la línea era designar a Miguel Ángel, lo que pude corroborar con algunos miembros del CEN.
Por un PAN independiente
No acepto que el gobierno siga tomando las decisiones que corresponden al Partido Acción Nacional. Tampoco que la dirigencia del PAN sustituya a los militantes para elegir candidatos y dirigentes. Ambas actitudes atentan contra nuestra trayectoria democrática y contra nuestras convicciones. Por todo ello, me deslindo de la decisión tomada por el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido.
Creo que es hora de que todos los ciudadanos tomemos conciencia de que no podemos permitir una regresión hacia el esquema del partido de Estado, pues ello no sólo hace mal al gobierno y al PAN, sino al sistema político en general y a la vida republicana. Especialmente para los panistas, es la hora de volver a empezar, pues no se trata de ganar el gobierno y perder los principios.
Por ello, cuando el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido se disponía a aprobar la candidatura de Miguel Ángel Yunes al gobierno de Veracruz intenté generar un sano debate, pero tal derecho me fue negado. Pero tal derecho me fue negado con un desplante inusual de intolerancia. Por ello, hago públicas algunas consideraciones con la intención de contribuir a hacer la vida política eminentemente pública.
Calderón versus Yunes
Al CEN de mi partido y a la comisión que por igual calificó como excelentes a los aspirantes a la candidatura a gobernador —comisión integrada por María Elena Álvarez, Jordy Herrera y Marco Adame— les quise preguntar si sabían, y qué opinión les merecía, que en 2006 Miguel Ángel Yunes no fue candidato al Senado de la República debido al veto de Felipe Calderón Hinojosa.
Como candidato a la presidencia, Calderón argumentó que cuando Yunes fue secretario de Gobierno, con Patricio Chirinos, se distinguió por su desempeño corrupto, por golpear, perseguir y difamar panistas.
Siendo presidente nacional del PAN, Felipe Calderón me advirtió que si Yunes llegaba a ser candidato lo iba a rechazar públicamente y no aceptaría su compañía en la campaña. Calderón me exigió evitar que el expriísta fuera candidato por Acción Nacional. Consciente de no poder “bajar” a un precandidato, porque hubiera sido un atropello violatorio de los derechos ciudadanos, opté por intentar que Yunes permaneciera en el gobierno, lo que en efecto ocurrió.
De vetado a funcionario
Para mi sorpresa y a pesar de esta iracunda animadversión, cuando el presidente formó su equipo de gobierno incorporó a Miguel Ángel. Quien meses atrás había vetado a Yunes con severas acusaciones, ahora lo hacía titular de una importante dependencia: el ISSSTE.
Después se especuló que dicho nombramiento —como otros— era el pago de algún favor político a Elba Esther Gordillo. Versión que me confirmó el propio Yunes justo antes de ser designado precandidato único por el CEN, al decirme que en 2006 había apoyado a Felipe Calderón desde la contienda interna del PAN porque así se había negociado con “la maestra”.
Me quedó claro que Calderón sólo había recurrido a mí para que yo pagara el costo de no hacer candidato a Yunes, como le hizo saber a “la maestra”. Durante aquella campaña ella me reclamó que no estaba concediéndole las candidaturas acordadas con “el candidato”, refiriéndose a Felipe Calderón.
Efectivamente: pese a la negociación Calderón-Gordillo, que yo desconocía, me negué a dar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) las quince candidaturas plurinominales que encabezan las circunscripciones y cuya designación recae en el CEN; tampoco cedí algunas candidaturas al Senado de la República. Me pareció innecesario y de alto riesgo político conceder esas posiciones a alguien que no nos garantizaba un respaldo seguro para ganar la presidencia. Era como traicionar al PAN. También me rehusé, ante la insistencia de Calderón, a formular a los miembros del Comité Nacional, como iniciativa propia, la propuesta de ceder tales espacios.
Más debate público y menos línea
En la última sesión del CEN quise hablar sobre el tema y proponer que se acordara, antes de designar candidato, preguntar al presidente Calderón por qué cambió su posición frente a Yunes, cómo pasó de ser un adversario a un destacado funcionario en su gobierno. Que se le preguntara si la “línea” y presión ejercida a algunos miembros del CEN para que se votara por Yunes obedecía a otro compromiso con “la maestra”, hecho a espaldas de los veracruzanos y los panistas.
Sin embargo, cuando solicité el uso de la palabra y expresé mi preocupación porque Yunes fuera designado sin hacer antes algunas aclaraciones, en forma inusual y “por mayoría de votos” me fue negado el derecho a hablar ante el pleno del Comité Nacional. Asumí que la línea era designar a Miguel Ángel, lo que pude corroborar con algunos miembros del CEN.
Por un PAN independiente
No acepto que el gobierno siga tomando las decisiones que corresponden al Partido Acción Nacional. Tampoco que la dirigencia del PAN sustituya a los militantes para elegir candidatos y dirigentes. Ambas actitudes atentan contra nuestra trayectoria democrática y contra nuestras convicciones. Por todo ello, me deslindo de la decisión tomada por el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido.
Creo que es hora de que todos los ciudadanos tomemos conciencia de que no podemos permitir una regresión hacia el esquema del partido de Estado, pues ello no sólo hace mal al gobierno y al PAN, sino al sistema político en general y a la vida republicana. Especialmente para los panistas, es la hora de volver a empezar, pues no se trata de ganar el gobierno y perder los principios.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)